El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este martes que el Gobierno nacional elabora nuevamente el proyecto de ley de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, que con anterioridad tenía el código 1386 y la abrogaron en octubre de 2021, tras el rechazo de varios sectores sociales que consideraban el riesgo para los derechos de las personas.
“Recuerdan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas (…), ahora lo hemos repuesto el proyecto en Udape (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) y Conape (Consejo Nacional de Política Económica), y pronto va a haber el trabajo con la Asamblea Legislativa para cumplir con este mandato”, afirmó el ministro Lima, durante la firma de convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno nacional, para instalar la mesa de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La ley 1386 fue rechazada por gremiales minoristas, profesionales, comités cívicos y hasta choferes. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó, el día que anunció la abrogación, que la decisión fue asumida para evitar una convulsión social, ya que las marchas y protestas se masificaron en Bolivia.
Según Lima, el nuevo proyecto de ley se encuentra en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y pasará al Consejo de Política Económica y Social; luego será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Agregó que la normativa responderá a una de las recomendaciones de la GIEI.
Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana, Oscar Balderas, afirmó que el Movimiento al Socialismo deberá concertar con la oposición el contenido del cuerpo legal, al igual que se hizo con el reglamento para la elección del Defensor del Pueblo.
“Tiene que ser en el marco de la concertación de legalidad, de respeto a los derechos procesales y de todo ese conjunto de normas que se han pasado por encima en la estrategia, el Gobierno trabajó de manera unilateral (para la anterior ley), sin consenso, esto no va poder permitir una legitimidad de aplicabilidad de la norma”, sostuvo el legislador opositor.
Luego de dejar sin efecto la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas se conoció la denuncia de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz y el oficialismo dijo que la normativa anulada era para evitar ese tipo de actos de corrupción.
