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La institución presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, manipulación informática y conducta antieconómica

Según testigos, una discusión, presuntamente motivada por celos, escaló en una pelea, tras lo cual la mujer cayó a la acera del edificio

La bancarización llega luego de la denuncia de corrupción en DDRR de la ciudad de Santa Cruz, donde aún se investiga el desvío de recursos recaudados por los trámites que se realizan en esa dependencia.

Rafael Alcón estuvo detenido preventivamente casi tres años en el penal de San Pedro de La Paz, recinto que abandonó en diciembre de 2024.

La tramitación de los procesos judiciales o administrativos se desarrollen revestidos de las garantías del debido proceso; y dentro de ello, que el amplio e irrestricto derecho a la defensa no se constituya en un enunciado lirico y meramente formal sino que tenga plena eficacia material en la sustanciación de los procesos, finalidad que no se cumple si las resoluciones judiciales no llegan a su destinatario y el medio idóneo es precisamente las comunicaciones judiciales, pues el objeto de estas comunicaciones es precisamente que las partes y en su caso terceros, tengan conocimiento del actuado procesal en cuestión

La audiencia se extendió por ocho horas en Santa Cruz. El juez del caso determinó dejar en libertad solo a una de las cuatro personas investigadas

Aparicio, quien fue el accionante en esa causa, manifestó que además de Daniel Ortega, “el otro afectado es Evo Morales, quien no podrá presentarse a las elecciones de este año por impedimentos jurídicos nacionales e internacionales”.

La artista paceña Cristina Wayar decidió romper el silencio y denunció que fue víctima de estupro por parte Manuel Monroy, conocido como El Papirri, en el Conservatorio de Música de La Paz.

El exmandatario y dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, #EvoMorales, fue denunciado 51 veces ante el Ministerio Público, entre los años 2007 hasta el 2024, de los cuales 50 denuncias fueron rechazadas, desestimadas y cerradas.

Las autoridades del Tribunal Constitucional son acusadas en la Asamblea Legislativa por varios delitos, entre ellos resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones