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CASO RUANO TORRES Y OTROS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2015

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO RUANO TORRES Y OTROS VS. EL SALVADOR

SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2015

(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Ruano Torres y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente;
Roberto F. Caldas, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez;
Alberto Pérez Pérez, Juez;
Eduardo Vio Grossi, Juez, y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

1. El caso sometido a la Corte. – El 13 de febrero de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó  un escrito (en adelante “escrito de sometimiento”) por el cual sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “José Agapito Ruano Torres y Familia” contra la República de El Salvador (en adelante “el Estado” o “El Salvador”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a:

a) la detención del señor Ruano Torres llevada a cabo el 17 de octubre de 2000 en horas de la madrugada en su casa, quien supuestamente habría sido maltratado frente a su familia; para la Comisión, los maltratos físicos y verbales habrían constituido tortura;
b) la supuesta violación de las garantías mínimas de debido proceso en razón de que el señor Ruano Torres habría sido procesado y condenado penalmente por el delito de secuestro con serias dudas sobre si él era efectivamente la persona apodada El Chopo, respecto de la cual se alegaba que había participado en la comisión del delito, y sin que se adoptaran medidas mínimas para verificar su identidad;
c) la alegada violación del derecho a la presunción de inocencia, toda vez que las únicas dos pruebas en que se habría basado la condena habrían sido practicadas con una serie de irregularidades;
d) la alegada deficiente actuación de la Defensoría Pública Penal;
e) la alegada privación de libertad arbitraria en cumplimiento de una condena emitida en supuesta violación a las garantías de debido proceso, y
f) la supuesta falta de recursos efectivos para investigar las alegadas torturas y para proteger a la presunta víctima frente a las alegadas violaciones al debido proceso, así como para revisar su privación de libertad.

2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a) Petición. – El 12 de diciembre de 2003 el señor Pedro Torres Hércules (en adelante “el peticionario”), primo del señor José Agapito Ruano Torres (en adelante “la presunta víctima”), presentó la petición inicial ante la Comisión.
b) Informe de Admisibilidad. – El 17 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 77/08 en el que concluyó que la petición 1094-03 era admisible.
c) Informe de Fondo. – El 4 de noviembre de 2013 la Comisión aprobó el informe de fondo No. 82/13, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también “el informe de fondo” o “el informe No. 82/13”), en el cual llegó a una serie de conclusiones, y formuló varias recomendaciones al Estado:

a. Conclusiones. – La Comisión concluyó que el Estado de El Salvador era responsable por la violación de los siguientes derechos:

i. a las garantías judiciales y protección judicial, a la libertad personal y a la integridad  personal en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres, y
ii. a la integridad psíquica y moral en perjuicio de su cónyuge María Maribel Guevara de Ruano, su hijo Oscar Manuel Ruano Guevara, su hija Keil[y] Lisbet[h] Ruano Guevara, y su primo Pedro Torres Hércules.

b. Recomendaciones. – En consecuencia, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones:

i. [a]doptar a la brevedad posible las medidas necesarias para anular los efectos de la condena del señor [José Agapito] Ruano Torres, incluyendo las medidas sustitutivas a la privación de libertad que aún se encuentran en vigencia[;]
ii. [t]eniendo en cuenta el tiempo que el señor [José Agapito] Ruano Torres ha permanecido privado de libertad en cumplimiento de la condena impuesta [y] en caso de que la víctima así lo desee, […] revis[ar] la condena a fin de que la misma se ajuste a los estándares en materia de presunción de inocencia y derechos de defensa en los términos descritos en el  […] informe[;]
iii. [r]eparar integralmente a las víctimas del presente caso de forma que se incluya el  aspecto tanto material como inmaterial[;]
iv. [l]levar a cabo una investigación seria, diligente y efectiva, en un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tortura descritos por el señor [José Agapito] Ruano Torres, individualizar a los responsables e imponer las sanciones que correspondan[;]
v. [d]isponer las medidas administrativas, disciplinarias y penales correspondientes por las acciones u omisiones de los funcionarios estatales (agentes policiales, fiscales, defensa pública y [j]ueces de las diversas instancias) que contribuyeron con su actuación a la violación de los derechos en perjuicio de José Agapito Ruano Torres[, y]
vi. [a]doptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana. Específicamente, desarrollar programas de formación para los funcionarios estatales que tengan en cuenta las normas internacionales establecidas en los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Protocolo de Estambul.

c. Notificación al Estado. – El informe de fondo fue notificado al Estado el 13 de noviembre de 2013, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

d) Informe sobre las recomendaciones de la Comisión. – El 22 de enero de 2014 el Estado presentó información sobre la implementación de las recomendaciones emitidas por la Comisión en su informe No. 82/13 y solicitó la concesión de una prórroga. Sin embargo, la Comisión notó que el Estado se abstuvo de renunciar expresamente a interponer excepciones preliminares con base en el plazo establecido en el artículo 51 de la Convención Americana, razón por la cual no era posible otorgar la prórroga solicitada.  Asimismo, el 14 de febrero de 2014 el Estado remitió información adicional.
e) Sometimiento a la Corte. – El 13 de febrero de 2014 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo “por la necesidad de obtención de justicia para la [presunta] víctima y su familia” y “ante la imposibilidad de otorgar una prórroga al Estado de El Salvador y la ausencia de información sobre avances concretos y sustantivos sobre el cumplimiento de las reparaciones”. La Comisión designó como sus delegados ante la Corte a la Comisionada Rosa María Ortiz y al Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L., y designó como asesores legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, así como al señor Erick Acuña Pereda.

3. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su informe de fondo (supra párr. 2.c.a). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo VIII de la presente Sentencia.

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

4. Designación de Defensores Públicos Interamericanos. – En el escrito de presentación del caso, la Comisión indicó que actuaron como peticionarios a lo largo del trámite el señor  Pedro Torres Hércules y la asociación “Comisión de Derechos Humanos de El Salvador”. Luego de una comunicación remitida por la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte durante el examen preliminar del sometimiento del caso, el 24 de abril de 2014 el señor Pedro Torres Hércules solicitó la designación de un Defensor Interamericano y el 30 de abril de 2014 la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador informó que no continuaría actuando en la representación del caso. Luego de las respectivas comunicaciones con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), el 14 de mayo de 2014 la Coordinadora General de la dicha Asociación comunicó a la Corte que los señores Ruddy Orlando Arreola Higueros (Guatemala) y Alberto Hassim González Herrera (Panamá) habían sido designados como defensores públicos interamericanos para ejercer la representación legal de las presuntas víctimas en este caso (en adelante “los representantes”).

5. Notificación a los representantes y al Estado. – El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado a los defensores públicos interamericanos que actúan en representación de las presuntas víctimas el 6 de junio de 2014 y al Estado el 30 de junio de 2014.

6. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 7 de agosto de 2014 los representantes de las presuntas víctimas presentaron ante la Corte el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos de la Convención Americana alegados por la Comisión y, adicionalmente, por la violación de los artículos 7.1, 7.2, 8.1 y 8.2.e) de la Convención Americana. A su vez, añadieron alegatos respecto de los artículos correspondientes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”), esto es, los artículos I, XVIII, XXV y XXVI. Asimismo, en su escrito, los representantes relacionaron la alegada violación de cada derecho sustantivo con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Finalmente, los defensores interamericanos hicieron solicitudes respecto a la utilización del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante el “Fondo de Asistencia de la Corte” o el “Fondo”) “tanto para el ejercicio de la defensa en el proceso interamericano como en relación [con] todos los gastos que demande cualquier actividad vinculada a ello”.

7. Escrito de contestación. – El 18 de noviembre de 2014 el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación a la presentación del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, en el cual realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado designó como Agentes a la señora Tania Camila Rosa, Directora General de Derechos Humanos de la Cancillería, y al señor Sebastián Vaquerano López, Embajador de El Salvador en la República de Costa Rica.

8. Observaciones sobre el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. – El 5 de enero de 2015 los representantes y la Comisión presentaron sus respectivas observaciones sobre el reconocimiento de responsabilidad del Estado.

9. Audiencia pública. – Mediante Resolución de 11 de marzo de 2015, el Presidente convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso, respectivamente. Asimismo, el Presidente declaró procedente la aplicación del Fondo de Asistencia de la Corte para cubrir los gastos que ocasione la representación de las presuntas víctimas por parte de los defensores interamericanos. La audiencia fue celebrada el 23 de abril de 2015, durante el 52º Período Extraordinario de Sesiones, el cual tuvo lugar en Cartagena, Colombia. Durante dicha audiencia, se recibió la declaración de la presunta víctima José Agapito Ruano Torres. Adicionalmente, se recibieron las declaraciones solicitadas por affidávit mediante la referida Resolución.

10. Alegatos y observaciones finales escritas. – El 21 y 22 de mayo de 2015 los representantes y el Estado remitieron, respectivamente, sus alegatos finales escritos y el 24 de mayo de 2015 la Comisión presentó sus observaciones finales escritas.

11. Observaciones de las partes y la Comisión. – El Presidente otorgó un plazo a las partes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a los anexos remitidos por el Estado junto con sus alegatos finales escritos. El 22 de junio de 2015 los representantes y la Comisión remitieron las observaciones solicitadas.

12. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia. – El 8 de junio de 2015 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes.   El Estado no presentó observaciones en el plazo otorgado a tal efecto.

13. Deliberación del presente caso. – La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 30 de septiembre de 2015.

COMPETENCIA

14. La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso en los términos
del artículo 62.3 de la Convención, dado que El Salvador es Estado Parte de la Convención
Americana desde el 23 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995.

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

Reconocimiento de responsabilidad del Estado y observaciones de la Comisión y de los
representantes

15. El Estado declaró ante la Corte Interamericana que, de conformidad con los artículos 41.1.a) y 62 del Reglamento de la Corte, “reconoc[ía] y acepta[ba] los hechos alegados en la presentación del caso por la Comisión […] en el informe de fondo No. 82/13”, en particular los hechos relacionados en “el romano IV, que la Comisión considera probados y que incluyen las circunstancias en las que se realizó la identificación y la detención del señor José Agapito Ruano Torres, así como el proceso penal que fue seguido en su contra por la acusación del delito de secuestro”. Sobre los hechos descritos en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, el Estado consideró que se encontraban “dentro del marco fáctico fijado en la presentación del caso por la Comisión […] y contenido en el romano IV del informe de fondo”.

Durante la audiencia pública, el Estado reconoció y aceptó los hechos alegados, y confirmó  el reconocimiento de su responsabilidad por aquellos que han sido descritos y tenidos por probados por la Comisión en su informe de fondo y precisó que este reconocimiento incluía las circunstancias en las que se realizó la identificación y la detención del señor José Agapito Ruano Torres en la madrugada del 17 de octubre del año 2000, como consecuencia de las cuales se |produjeron afectaciones a la integridad personal del señor Ruano Torres. El Estado reconoció, además, las irregularidades observadas durante el proceso penal seguido en contra del señor José Agapito Ruano Torres por el delito de secuestro y que se relacionaban especialmente con el ejercicio deficiente de la defensa pública en este caso. El Estado reconoció que no se observaron las garantías del debido proceso en perjuicio del señor Ruano Torres, incluyendo su derecho a una protección judicial. El Estado mencionó que estas circunstancias, aunadas a la privación de libertad de la presunta víctima durante 13 años, tuvieron un impacto sobre su esposa y sus hijos, quienes vivieron la ausencia del señor Ruano Torres. Asimismo, el Estado se refirió al testimonio del peticionario, el señor Pedro Torres Hércules primo de la presunta víctima, quien, según los representantes del Estado, “personifica lo que en esencia es un defensor de los derechos humanos”. El Estado recordó que el señor Pedro Torres Hércules presentó y planteó cada uno de los argumentos del caso, que primero conoció la Comisión y luego la Corte, antes de que éste fuera asumido por defensores públicos interamericanos. En sus alegatos finales, el Estado además de confirmar su reconocimiento y aceptación de los hechos alegados por la Comisión en relación con el presente caso, al presentar observaciones sobre las declaraciones y peritajes presentados por affidávit, expuso la comprensión del desarrollo de algunos hechos según la posición sostenida por la Fiscalía General de la República (infra párr. 23).

16. En lo que respecta a las alegadas violaciones de derechos contenidas en el informe de la Comisión y el escrito de los representantes, el Estado no se pronunció explícitamente en su contestación. No obstante, en la audiencia pública manifestó que reconocía su responsabilidad por las “violaciones de derechos humanos” descritas y probadas por la Comisión en su informe de fondo. En sus alegatos finales, el Estado especificó que reconocía “las conclusiones contenidas en el informe [de] fondo, emitido por [la] Comisión, en lo que respecta a las violaciones establecidas en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres y su familia”.

17. Respecto a las reparaciones, el Estado se pronunció sobre las acciones ejecutadas en atención al informe de fondo de la Comisión. El Estado precisó que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador había realizado una audiencia especial de revisión de sentencia firme el 2 de septiembre de 2014 y resolvió confirmar la sentencia definitiva condenatoria. El Estado señaló que entendía que la reparación encontraba su valor en la medida que se lograba un avance en el conjunto de recomendaciones realizadas, pero sostuvo que, dada la complejidad derivada de la observancia de normas y procesos legales que están establecidos en el derecho interno de El Salvador, la presentación de avances en la implementación del conjunto de recomendaciones estaban sujetas a ese desarrollo. El Estado reiteró su disposición de buscar los medios necesarios para el cumplimiento de las reparaciones que sean dictadas en este caso. El Estado no se pronunció explícitamente sobre las medidas de reparación solicitadas en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes. No obstante, en la audiencia pública, el Estado preguntó al señor Ruano Torres de qué manera el Estado podría ayudar a reconstruir el tejido familiar que se vio separado a lo largo de los 13 años durante los cuales se encontró privado de libertad. El Estado reconoció que el daño a la víctima era irreparable y afirmó que podía apoyar a aliviar el dolor, por lo que propuso que formara parte de algún programa de ayuda psicosocial. Asimismo, se refirió a medidas específicas que el Estado podría implementar.

En sus alegatos finales escritos, el Estado confirmó su “sólida voluntad para impulsar [las]
medidas de reparación que ha[bían] sido solicitadas por los representantes” y reconoció su obligación de pagar por las costas y gastos una vez establecida y declarada su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.

18. La Comisión valoró el reconocimiento de responsabilidad formulado por el Estado, indicando que constituye una contribución positiva al proceso, así como a la vigencia de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. En cuanto al alcance del reconocimiento de responsabilidad relativo a los hechos, la Comisión notó que, según surge  el tenor literal de su escrito, el Estado reconoció y aceptó los hechos alegados por la Comisión en su informe de fondo. La Comisión entendió que ante la falta de indicación en contrario, así como de la decisión de no presentar pruebas, resultó que el Estado también estaba reconociendo las consecuencias jurídicas de los hechos en los términos del informe de fondo de la Comisión, así como las reparaciones. En sus observaciones finales escritas, la Comisión solicitó a la Corte que aceptara el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado y estableciera que el mismo incorpora la totalidad de hechos y violaciones cometidas en el presente caso, e incorporados en el informe de fondo No. 82/13. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que efectuara una determinación pormenorizada de los hechos, el derecho aplicable y de las reparaciones correspondientes.

19. En particular, en lo que se refiere a las reparaciones, la Comisión notó que la decisión de 19 de septiembre de 2014 del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, no tomó en consideración las cuestiones sustantivas y procesales analizadas en el informe de fondo, sino solamente las causales taxativamente señaladas en la normativa procesal penal salvadoreña, para concluir que en el caso dichas causales no resultaron aplicables. En este sentido, la Comisión consideró que la sentencia pareciera no satisfacer la reparación principal relativa a la revisión de la condena a la luz de los estándares interamericanos de debido proceso, especialmente respecto del principio de presunción de inocencia y derecho de defensa. La Comisión advirtió que la decisión podría resultar contradictoria con el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. La Comisión valoró la disposición del Estado de publicar la sentencia con el fin de darle visibilidad y de utilizarla como forma de orientar la actuación de diversas autoridades judiciales policiales y también de la fiscalía en el país. No obstante, la Comisión reiteró la necesidad de quitarle efecto a la sentencia condenatoria y, consecuentemente, que el Estado anulara los antecedentes judiciales o de otro tipo que existieran en contra de José Agapito Ruano Torres en relación con los hechos del presente caso.

20. Los representantes señalaron que el Estado, al inicio de su contestación, se remitió a su argumentación durante el trámite ante la Comisión, la cual contrastaba con la postura que asumió al final de su contestación, que era el reconocimiento de su responsabilidad internacional en el presente caso. Respecto a las reparaciones, los representantes advirtieron que se trataba de un reconocimiento formal antes que material, en el sentido de que las acciones emprendidas respecto a las recomendaciones formuladas por la Comisión no habían producido un efecto sustancial o de fondo. En opinión de los representantes, la resolución adoptada por el tribunal luego de la audiencia especial de revisión había sido infructuosa para los fines de la nulidad de la condena que recomendó la Comisión. Además, los representantes exigieron la revisión de la sentencia y el respeto de los estándares internacionales en materia de presunción de inocencia y derecho de defensa, lo que no pudo ocurrir dado que la sentencia de condena fue confirmada.

Finalmente, los representantes aceptaron el ofrecimiento por parte del Estado de rescatar el tejido familiar haciéndose cargo del tratamiento psicosocial de José Agapito Ruano Torres y sus familiares.

Consideraciones de la Corte

21. De conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento y en ejercicio de sus poderes
de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, incumbe al Tribunal velar porque los actos de allanamientoresulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes, de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido.

En tal sentido, el reconocimiento no puede tener por consecuencia limitar, directa o indirectamente, el ejercicio de las facultades de la Corte de conocer el caso que le ha sido sometido y decidir si, al respecto, hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención. Para estos efectos, el Tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto.

22. En lo que se refiere a los hechos del presente caso, la Corte constata que el Estado expresó de forma reiterada su reconocimiento y aceptación de los hechos presentados por la Comisión Interamericana como hechos probados en el romano IV de su informe de fondo No. 82/13 y que se desarrollan en los acápites titulados “A. Identificación y detención de José Agapito Ruano Torres” y “B. Proceso penal seguido contra José Agapito Ruano Torres”. Por consiguiente, la Corte considera que el reconocimiento del Estado abarca los hechos ocurridos a partir del 22 de agosto del año 2000 y contenidos en el informe de fondo en los términos en que el caso fue sometido ante esta Corte. Por lo tanto, la Corte estima que cesó la controversia sobre todos los hechos que constituyen la base fáctica de este proceso. Respecto a los hechos presentados en el escrito de solitudes y argumentos de los representantes, la Corte toma nota de lo expresado por el Estado en cuanto a que se circunscriben al marco fáctico presentado por la Comisión.

23. La Corte advierte, no obstante, que podrían existir discrepancias entre la aceptación de los hechos por parte del Estado y el desarrollo del propio entendimiento de ciertos hechos según la Fiscalía General de la República, lo cual fue expuesto en sus alegatos finales (supra párr. 15).

En efecto, el Estado sostuvo que, según la Fiscalía General de la República: i) constarían en el proceso la práctica de diligencias tendientes a la identificación del señor Ruano Torres, tales como el reconocimiento en rueda de personas, que ha sido controvertida ante ese tribunal interamericano, pero que se habría practicado con autorización y control judicial; ii) no habría sido planteada ante la Fiscalía General de la República una petición por parte de los familiares o de la misma defensa pública para entrevistar a testigos a fin de establecer que no correspondía al señor Ruano Torres el apodo de El Chopo; y iii) resultaría cuestionable la credibilidad de Rodolfo Ruano Torres y su interés de colaboración con el esclarecimiento de la imputaciónrealizada a José Agapito Ruano Torres, añadiendo que el señor Rodolfo Ruano Torres no habría comparecido a la audiencia de revisión de sentencia. El Estado solicitó a la Corte que considerara los argumentos expuestos, así como su actitud consecuente con el reconocimiento de su responsabilidad internacional.

24. La Corte estima que estos alegatos del Estado se encuentran en el marco del principio de estoppel, según el cual y de acuerdo a la práctica internacional y conforme con su jurisprudencia, cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en deterioro propio o en beneficio de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera15. En este caso, el Estado reconoció desde su escrito de contestación la aceptación de los hechos descritos en el informe de fondo de la Comisión sin objeciones. En tal sentido, los alegatos finales escritos no son el momento procesal oportuno para contradecir o limitar el efecto de su reconocimiento de responsabilidad, en particular en lo que se refiere al alcance de la descripción fáctica de los hechos. Por lo anterior, la Corte no dará efectos jurídicos a la posición de la Fiscalía General de la República respecto de algunos de los hechos descritos en el informe de fondo de la Comisión.

25. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las conclusiones de la Comisión contenidas en su informe de fondo (supra párr. 2.c.a). Esta Corte considera que este reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones de derecho de la Comisión respecto a la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, a la libertad personal y a la integridad personal en perjuicio del señor Ruano Torres, así como por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de su cónyuge María Maribel Guevara de Ruano, su hijo Oscar Manuel Ruano Guevara, su hija Keily Lisbeth Ruano Guevara, y su primo Pedro Torres Hércules.

26. Los representantes argumentaron alegadas violaciones adicionales en su escrito de solicitudes y argumentos en cuanto a los artículos 7.1, 7.2, 8.1 y 8.2.e) de la Convención (supra párr. 6). Al respecto, la Corte recuerda que éstos pueden presentar autónomamente sus pretensiones de derecho con base en el marco fáctico. Por lo tanto, considerando que el Estadono se pronunció sobre dichas alegaciones de derecho efectuadas por los representantes, la Corte concluye que no forman parte del reconocimiento estatal.

27. Adicionalmente, la Corte nota que en su escrito de solicitudes y argumentos los representantes relacionaron cada derecho sustantivo con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Dado que los representantes no especificaron los hechos o desarrollaron los argumentos jurídicos en los que se basaría la violación del artículo 2 de la Convención, relativo al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la Corte no emitirá un pronunciamiento al respecto.

28. Además, la Corte advierte que en su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes alegaron violaciones a los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana, en conjunto con las violaciones de los artículos correspondientes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado no se pronunció al respecto en su contestación.

29. Sobre el particular, la Corte nota, en primer lugar, que los hechos que constituyen la base de las alegadas violaciones de derechos humanos en este caso sucedieron con posterioridad a la fecha de ratificación de la Convención Americana por parte de El Salvador (supra párr. 14). Por consiguiente, si bien corresponde a la Corte considerar las disposiciones de la Declaración Americana al ejercer su competencia contenciosa de interpretar y aplicar la Convención Americana, de acuerdo a lo que dispone el artículo 29.d) de la misma, lo cierto es que “[p]ara los Estados Partes en la Convención la fuente concreta de sus obligaciones, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos es, en principio, la propia Convención”. Como lo ha indicado previamente este Tribunal, ello no implica que los Estados Partes de la Convención se liberen de las obligaciones que derivan para ellos de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA.

Sin embargo, en el presente caso la fuente concreta y primaria de las obligaciones internacionales del Estado es la Convención Americana. Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que, si bien los representantes incluyeron la presunta violación de diversos artículos de la Declaración Americana, no formularon tales alegatos en virtud del artículo 29.d) de la Convención, sino que fueron invocados “en correspondencia” con los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana. Es decir, que no argumentaron que las disposiciones de la Convención que se alegan violadas en este caso conlleven “excluir o limitar el efecto que pued[a] producir la Declaración Americana”. Con base en lo anterior, la Corte considera que en el presente caso no corresponde pronunciarse sobre los artículos de la Declaración Americana que fueron invocados.

30. En lo que se refiere a las medidas de reparación, la Corte constata que el Estado, al haber aceptado las conclusiones del informe No. 82/13 y algunas de las reparaciones propuestas, reconoció el deber que tiene de reparar las violaciones causadas a las víctimas. El desacuerdo radica en el tipo y alcance de las medidas así como en el monto de las reparaciones.

31. A criterio de la Corte, lo manifestado por el Estado en las distintas etapas procesales ante esta Corte constituye un reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos y las violaciones indicadas por la Comisión Interamericana en su informe de fondo No. 82/13. Por ende, el reconocimiento efectuado por el Estado constituye una aceptación total de los hechos y un reconocimiento parcial de las violaciones alegadas en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres y sus familiares: María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules, el cual produce plenos efectos jurídicos de acuerdo con los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte.

32. El reconocimiento de responsabilidad estatal, así como el compromiso manifestado por el Estado relativo a impulsar medidas de reparación necesarias en permanente diálogo con los representantes y bajo los criterios que establezca la Corte, constituyen una contribución positiva al desarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y, en parte, a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

33. En el caso sub judice, la Comisión solicitó al Tribunal que dictase una sentencia efectuando una determinación pormenorizada de los hechos, el derecho aplicable y las reparaciones correspondientes “tomando en cuenta la necesidad de verdad y justicia para la víctima y su familia, así como los puntos novedosos que este caso plantea para el desarrollo de la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de defensa y presunción de inocencia”.

34. En virtud de las atribuciones que incumben a este Tribunal como órgano internacional de protección de los derechos humanos y en atención a las particularidades de los hechos sucedidos en el presente caso y de las violaciones reconocidas por el Estado, la Corte, además de considerar que, conforme lo mandatan los artículos 62.3, 63.1 y 66 de la Convención, es su obligación dictar sentencia en los casos que le son sometidos, estima necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a la reparación del señor Ruano Torres y sus familiares, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos.

35. En lo que se refiere a las violaciones a la Convención Americana que fueron alegadas, en las circunstancias particulares de este caso el Tribunal no considera necesario, en esta oportunidad, abrir la discusión sobre todos los puntos que fueron objeto de litigio, toda vez que algunas pretensiones de derecho alegadas en este caso, tales como la relativa a los derechos a la integridad personal y la prohibición de la tortura, la libertad personal, la presunción de inocencia y la protección judicial con respecto a José Agapito Ruano Torres, ya han sido establecidas ampliamente por la Corte Interamericana en otros casos. No obstante, en aras de asegurar una mejor comprensión de la responsabilidad internacional estatal en el presente caso y del nexo causal entre las violaciones establecidas y las reparaciones que se ordenarán, la Corte estima pertinente precisar las violaciones a los derechos humanos que se encuentran abarcadas por el reconocimiento de responsabilidad del Estado, así como la procedencia y alcance de las violaciones invocadas por los representantes en forma autónoma sobre las que subsiste la controversia.

36. Asimismo, en virtud de las exigencias de justicia que giran en torno a este caso, la Corte estima necesario entrar a analizar los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por la actuación de la defensa pública en materia penal, planteamiento que no ha sido abordado previamente en la jurisprudencia de este Tribunal. Estos desarrollos contribuirán a fijar criterios jurisprudenciales para guiar la actuación de los Estados y a la correspondiente tutela de derechos humanos de las víctimas de este caso.

37. Finalmente, el Tribunal resolverá la controversia subsistente en torno a las reparaciones
solicitadas por la Comisión y los representantes.

PRUEBA

38. Con base en lo establecido en los artículos 46 a 51, 57 y 58 del Reglamento, la Corte examinará la admisibilidad de los elementos probatorios documentales remitidos por las partes, así como las declaraciones y dictámenes periciales rendidos mediante declaración ante fedatario público (affidávit) y en la audiencia pública.

A. Prueba documental, testimonial y pericial

39. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado junto a sus escritos principales. Además, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por María Maribel Guevara de Ruano y Pedro Torres Hércules. De igual forma, recibió los dictámenes rendidos ante fedatario público (affidávit) por los peritos Diana Lourdes Miranda Guerrero y Alberto Martín Binder. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte recibió la declaración de José Agapito Ruano Torres.

B. Admisión de la prueba

B.1 Admisión de la prueba documental

40. En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite aquellos documentos presentados en la debida oportunidad procesal26 por las partes y la Comisión, los cuales no fueron controvertidos ni objetados.

41. En cuanto a las notas de prensa presentadas por los representantes, este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciadas cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso. En consecuencia, la Corte decide admitir aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación.

42. La Comisión presentó como anexo 2 a su informe de fondo varios discos compactos que contienen el audio de la vista pública realizada en el proceso penal llevado a cabo a nivel nacional.
La Corte admite los audios presentados por la Comisión ya que no fueron controvertidos ni objetados.

43. Ahora bien, la Corte recuerda que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidasoportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.

44. La Secretaría dejó constancia que el anexo II al escrito de solicitudes y argumentos,
identificado como “Decretos Ejecutivos 103, 104, 105 y 106 emitidos por el Consejo Nacional del Salario Mínimo de El Salvador”, no había sido recibido y tampoco se había proporcionado un enlace electrónico directo al documento. En sus alegatos finales escritos, los representantes suministraron el siguiente enlace <http://www.educaconta.com/2013/07/salario-minimo-en-elsalvador-2013-2015.html> para el cálculo del lucro cesante. Respecto a los documentos señalados por medio de enlaces electrónicos, la Corte ha establecido que, si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal porque es inmediatamente localizable por la Corte y por las otras partes. La Corte nota que el enlace proporcionado por los representantes no permite el acceso a los referidos Decretos Ejecutivos.

Además, dichos documentos se refieren a los trabajadores que laboran en sectores diferentes al que laboraba el señor Ruano Torres. Siendo que, además, dicho enlace fue proporcionado en forma extemporánea, no corresponde admitirlo como prueba.

45. El Estado presentó determinada documentación junto con sus alegatos finales escritos. A este respecto, los representantes objetaron la documentación aportada por el Estado en esta oportunidad procesal por considerar que la misma fue “presentada en forma extemporánea”.

Tanto la Comisión como los representantes hicieron notar que dichos documentos se refieren a las actividades remuneradas que habría realizado el señor Ruano Torres durante las fases de confianza y semi-libertad, así como respecto a las reglas de conducta que le fueran impuestas, todo en relación con el cumplimiento de la pena privativa de libertad. La Corte constata que dicha documentación fue presentada por el Estado sin ofrecer justificación alguna con respecto a su remisión posterior a su escrito de contestación. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 57.2 del Reglamento, la Corte estima que estos documentos son inadmisibles por extemporáneos, pues el Estado pudo tener conocimiento de los mismos antes de presentar la contestación, por lo que no serán considerados por el Tribunal en su decisión.

B.2 Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales

46. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos en audiencia pública y mediante declaraciones ante fedatario público, en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirlos y al objeto del presente caso.

C. Valoración de la prueba

47. Con base en su jurisprudencia constante respecto de la prueba y su apreciación33, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes y la Comisión que fueron incorporados por este Tribunal, así como las declaraciones y dictámenes periciales, al establecer los hechos del caso y pronunciarse sobre el fondo. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa.

48. Finalmente, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la Corte recuerda que las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias.

VI HECHOS

49. Como una forma de reparación a las víctimas, en este capítulo la Corte dará por establecidos los hechos del presente caso con base en el sometimiento del caso presentado  por la Comisión Interamericana, el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y el acervo probatorio.

A. Antecedentes del caso

50. El 22 de agosto de 2000, aproximadamente a las 19:15 horas, en circunstancias en que el señor Jaime Ernesto Rodríguez Marroquín se encontraba conduciendo un autobús de transporte colectivo desde la ciudad de San Salvador a la ciudad de Tonacatepeque, tres personas que iban a bordo del mismo apuntaron con arma de fuego al cobrador de dicha unidad, le ordenaron al conductor detener el vehículo y lo obligaron a bajar del mismo36. Posteriormente, el señor Rodríguez Marroquín fue introducido en una camioneta y luego llevado a pie a una zona rural descampada.

51. El señor Mauricio Antonio Torres Mejía, quien se desempeñaba como cobrador en el mencionado autobús, se presentó en la casa del hermano del señor Rodríguez Marroquín y le contó lo sucedido. Debido a ello, formuló al día siguiente una denuncia por el secuestro del señor Rodríguez Marroquín ante la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.  Asimismo, el 23 de agosto de 2000 los secuestradores llamaron a la familia del señor Rodríguez Marroquín para exigir dinero a cambio de su liberación.

52. El 26 de agosto de 2000 el señor Rodríguez Marroquín fue dejado en libertad por los secuestradores. En días siguientes, debido a amenazas recibidas telefónicamente, les hizo entrega de la suma de cincuenta mil colones.

B. Vinculación de José Agapito Ruano Torres a la investigación penal

53. El 9 de octubre de 2000 la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil entrevistó a Francisco Javier Amaya Villalta, quien se encontraba privado de la libertad por  la comisión del delito de extorsión en contra de un cooperativista y manifestó tener información sobre el secuestro de Jaime Ernesto Rodríguez Marroquín puesto que también habría participado en el mismo. En el transcurso de su declaración en la sede de la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía General de la República, mencionó a las personas que habrían participado en el secuestro individualizándolas por su nombre y apellido. Asimismo, se refirió a un individuo a quien “únicamente conoc[ía] como `Chopo´”. El señor Amaya Villalta describió a El Chopo como un individuo de 24 años de edad y de 1.55 metros de estatura, quien residía en el Cantón Colón de Guazapa.

54. El 10 de octubre de 2000 el investigador encargado del caso y su colaborador, ambos de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, se apersonaron en el departamento de Registro e Historial Policial a fin de obtener fotocopia certificada del expediente personal de dos agentes policiales indicados como posibles autores del delito y se dirigieron a las alcaldías municipales de las ciudades de Guazapa, Tonacatepeque y San José Guayabal a fin de recabar los documentos de identidad de las demás personas individualizadas como presuntos partícipes del secuestro del señor Rodríguez Marroquín.

55. El 12 de octubre de 2000, habiendo verificado la información aportada por el señor Amaya Villalta, la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado de Paz de Tonacatepeque que se aplicara el criterio de oportunidad de la acción pública a su favor con el fin de prescindir de la acción penal en su contra debido a su intención de colaborar en el esclarecimiento del secuestro del señor Rodríguez Marroquín, poniendo como condición para la extinción de la acción penal que realizara un retrato hablado de la persona mencionada con el sobrenombre de El Chopo a fin de identificarlo. No se registra en el expediente judicial que se haya realizado dicho retrato hablado.

56. Ese mismo día el investigador encargado del caso y su colaborador de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil se trasladaron a diversos sitios a fin de verificar los lugares de residencia de las personas sindicadas como partícipes de los hechos. Al encontrarse en el caserío Colón de la ciudad de Guazapa “trata[ron] de obtener información sobre la identidad del individuo que únicamente se menciona como CHOPO, donde obtuvi[eron] la información que este responde al nombre de AGAPITO RUANO y que al parecer reside en [el] Caserío Nance Verde[,] Barrio San José”.

57. El 13 de octubre de 2000 el Jefe de la Unidad Antisecuestros de la División de Investigación Criminal remitió oficio a la Alcaldía Municipal de Guazapa solicitando copia del asiento de la cédula de identidad personal de “Agapito Ruano”.  De conformidad con su cédula de identidad personal, en el año 2000 José Agapito Ruano Torres tenía 24 años de edad y medía 1.72 metros. En dicha época se desempeñaba como albañil u obrero50 y vivía en la Lotificación Monte Cristo de la jurisdicción de Guazapa.

58. El 16 de octubre de 2000 el Juzgado de Paz de Tonacatepeque concedió a Francisco Javier Amaya Villalta el criterio de oportunidad de la acción pública por el término de dos meses, a fin de que proporcionara toda la información necesaria y eficaz con relación al secuestro del señor Rodríguez Marroquín. En la declaración brindada ese mismo día en sede judicial, el señor Amaya Villalta señaló nuevamente los nombres de las personas supuestamente involucradas en el secuestro, especificando respecto a la persona conocida con el sobrenombre de El Chopo que su “nombre verdadero es José Agapito Ruano Torres, de veinticuatro años de edad, aproximadamente, de un metro cincuenta y cinco de estatura m[á]s o menos, residente en [la] Lotificación Monte Cristo”. Con relación a esta declaración judicial, el agente policial a cargo de la investigación del secuestro manifestó que Amaya Villalta “entró en negociación con el fiscal” puesto que él era el que “hacía las conexiones”.

C. Detención de José Agapito Ruano Torres

59. Después de la declaración de Francisco Javier Amaya Villalta, ese mismo 16 de octubre de 2000, la Fiscalía General de la República decretó la detención administrativa de los presuntos implicados en el secuestro del señor Rodríguez Marroquín, entre ellos José Agapito Ruano Torres. Adicionalmente, el Juzgado de Paz de Guazapa autorizó proceder al registro y allanamiento del domicilio de este último con el objeto de verificar si se encontraban “celulares, dinero, armas y objetos personales de las víctimas relacionadas con la comisión del delito de secuestro”.

60. En la madrugada del 17 de octubre de 2000 la Policía Nacional Civil realizó el llamado “Operativo Guaza”, en el que se procedió al arresto de los supuestos partícipes en el secuestro del señor Rodríguez Marroquín. El señor Ruano Torres fue detenido mientras se encontraba en su inmueble de habitación junto con su cónyuge María Maribel Guevara de Ruano y su hijo de dos años de edad, Oscar Manuel Ruano Guevara.

61. De acuerdo con el acta confeccionada por la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, alrededor de ocho agentes policiales junto con el fiscal de la Unidad de Delitos Especiales, acudieron al domicilio del señor Ruano Torres y abrieron la puerta por la fuerza “por tenerse conocimiento por parte de los encargados del caso que dicho sujeto presenta peligrosidad”. Según consta en la referida acta, el señor Ruano Torres habría opuesto resistencia a la detención por lo que los agentes policiales utilizaron “la fuerza necesaria”. Seguidamente, se le habría mostrado la orden de detención administrativa y hecho saber los derechos que tenía; se verificó su identidad a través de su cédula de identificación; y se le preguntó si nombraría defensor particular a lo que habría respondido que “no”. Asimismo, los agentes policiales indicaron que “no se encontró nada de lo que se buscaba”. No obstante, se procedió a decomisar “un sombrero camuflado, cuatro cartuchos [… y] dos fotografías del imputado a color donde aparece con un fusil M dieciséis”.

62. Sobre estos hechos, el señor Ruano Torres manifestó que él se encontraba durmiendo
cuando los agentes policiales rompieron la puerta de su domicilio y procedieron a propinarle un golpe hacia el cuello, lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo arrastraron hacia afuera de su casa, acusándolo de ser El Chopo. Una vez afuera, uno de los funcionarios “con el tacón de la bota [le] pegó en el pie destroncándo[le] todo el dedo gordo del pie”, y lo amenazó que lo iban a matar si no decía la verdad sobre cómo se llamaba. Luego, “[lo] empezó a maltratar, cargó el fusil dijo que [lo] iba a matar, [le] puso la bota sobre el cuello, [le] restregaba un estiércol de perro […] con la bota y [le] dijo que le dijera […] quienes son [s]us compañeros […], [l]e dobló los brazos […] esposados, [se] los pasó hasta adelante […] y [l]e golpeaba lo que era el cuello, […] después de eso [lo] sacaron a la calle [… y] en el carro patrulla [un funcionario le] puso un lazo […] al cuello, […] lo socó en un momento […, otro funcionario] le dijo `lo estas ahorcando, quítale el lazo´, [luego le] pega un golpe […] en lo que es la garganta, ese si [le] desmayó”63. Asimismo, sostuvo que fue amenazado de muerte para que, al aparecer frente a las cámaras de televisión, dijera que lo llevaban por secuestrador y que confesara ser un tal Chopo. En dicho lugar se encontraba también su cónyuge María Maribel Guevara de Ruano y su hijo de dos años de edad, Oscar Manuel Ruano Guevara, quienes fueron testigos de lo sucedido.

63. Su cónyuge también declaró en el mismo sentido y agregó que: i) los agentes policiales le preguntaban si el señor Ruano Torres era El Chopo, a lo que ella respondió que no; ii) el señor Ruano Torres les dijo que a su hermano le dicen El Chopo y que los podía llevar con él; iii) cuando ella les entregó la cédula de identidad de Ruano Torres, arrancaron su foto y la pegaron en una hoja en blanco; iv) destruyeron muebles y demás objetos de su domicilio, y v) nunca vio una orden judicial ni le leyeron nada66. Asimismo, indicó que Rodolfo Ruano Torres se había mudado de dicho domicilio un año antes de ocurridos los hechos. Años después, el hijo del señor Ruano Torres manifestó que el día de la detención de su padre “sólo veía que le estaban pegando a [su] papá y un hombre [l]e decía que no viera”.

64. Luego de la detención, el señor Ruano Torres fue trasladado a la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la ciudad de Guazapa. Se le realizó un chequeo médico, en el cual se dejó constancia que presentaba laceraciones en el cuello, tórax y hombros y cicatrices en la nariz y en los muslos. Posteriormente, fue trasladado a la Penitenciaría Central “La Esperanza” del Cantón San Luis Mariona de Ayutuxtepeque.

65. Respecto a la violencia ejercida al momento de la detención, los elementos de convicción que surgen del acervo probatorio del presente caso resultan suficientes para arribar a la conclusión de que el señor Ruano Torres fue sometido a los siguientes actos al momento en que los agentes policiales efectuaron su detención: i) lo golpearon; ii) lo arrastraron; iii) lo golpearon con el tacón de la bota hasta desangrarle el pulgar del pie derecho; iv) lo amenazaron de muerte; v) le colocaron una soga al cuello al punto de la asfixia, y vi) le restregaron la cara cerca de un montículo de estiércol.

66. Asimismo, se cursó oficio a la Defensoría Pública a fin de que se nombrara un defensor
para que asistiera al señor Ruano Torres. Se designó como defensor público a Alonso Bonilla Evenor.

67. El 18 de octubre de 2000 los Agentes Auxiliares del Fiscal General de la República solicitaron la detención provisoria restrictiva de libertad personal en contra de los imputados en el secuestro del señor Rodríguez Marroquín, incluyendo al señor Ruano Torres, con fundamento en los artículos 292 y 293, inciso segundo, del Código Procesal Penal. Como fundamento de este requerimiento expusieron las siguientes consideraciones: i) existen elementos de juicio suficientes para sustentar razonablemente que los imputados presentes son probables partícipes de la comisión del delito de secuestro en perjuicio de Jaime Ernesto Rodríguez Marroquín; ii) tomando en cuenta la gravedad del delito y la pena prevista que excede de tres años de prisión, debe aplicarse como medida excepcional la detención provisional, ya que existiría un inminente peligro de fuga, su intervención podría obstaculizar actos concretos de la investigación y así frustrar la instrucción del juicio, y iii) en cuanto a la excepcionalidad, sería contrario a la buena marcha del proceso que se impusiera otra medida distinta a la detención, considerando además que el artículo 294 del Código Procesal Penal prohíbe expresamente sustituir la medida cautelar de detención provisional en casos de secuestro como éste.

68. Ese mismo día el Juzgado de Paz de Tonacatepeque decretó que los imputados continuarían en detención por el término legal de inquirir y convocó a una audiencia inicial.

D. Proceso penal seguido contra José Agapito Ruano Torres

69. El 20 de octubre de 2000 se llevó a cabo la audiencia inicial ante el Juzgado de Paz de Tonacatepeque. Los defensores públicos Mario René Chávez Corvera y Soraya Melany Contreras fueron designados para asistir y representar en la defensa técnica a José Agapito Ruano Torres y otros cuatro imputados. La defensa solicitó el sobreseimiento definitivo de todos sus representados al considerar que no habían sido individualizados cada uno de los imputados y que no existía certeza respecto de su participación en el hecho. Conforme al acta de dicha audiencia, se les preguntó a los imputados si querían rendir su declaración sobre los hechos, a lo que ellos manifestaron, incluido José Agapito Ruano Torres, que se abstendrían de declarar.

70. El Juzgado de Paz de Tonacatepeque desestimó la solicitud de la defensa, ordenó la instrucción formal de la causa y decidió mantener en detención provisional a todos los imputadospara garantizar su presencia en la audiencia preliminar.

71. Al fundamentar dicha decisión, el Juzgado de Paz de Tonacatepeque sostuvo que:

En el entendido que la Detención Provisional[] […] no debe ser la regla general para su aplicabilidad, sino, una medida de carácter excepcional […] es de hacer notar que en esta oportunidad, es dable adoptar la medida en referencia, contra los implicados detenidos, por que de alguna manera se han configurado los presupuestos procesales, previstos en los Arts. 292 y 293 N° 1 y 2 C. Pr. Pn.; ante la posibilidad que los mismos quisieran sustraerse a la acción de la justicia; por la frecuencia con que se están cometiendo esta clase de delitos, causando alarma social; pero sobre todo, que quieran entorpecer actos concretos de investigación, ya sea, intimidando o amenazando a la víctima y testigos […].

72. El 27 de octubre de 2000 el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque dictó auto deinstrucción formal en contra de los imputados.

73. El 30 de octubre de 2000 Pedro Torres Hércules91, primo de José Agapito Ruano Torres, denunció ante la Unidad de Investigación Disciplinaria de la Policía Nacional Civil que la detención de éste había sido realizada mediante “abuso de autoridad, maltratos físicos, morales y psicológicos”.

74. El 27 de noviembre de 2000 Pedro Torres Hércules se dirigió al Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque a fin de presentar un escrito solicitando audiencia especial, en el que reseñaba declaraciones de testigos que indicaban que José Agapito Ruano Torres habría estado trabajando en la reconstrucción de una escuela durante el secuestro del señor Rodríguez Marroquín. No obstante, consta en dicho escrito que el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque se negó a recibirlo al alegar que “es un tribunal de sentencia el que va a valorar las pruebas” y le recomendó dirigirse a la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscalía. Según fue reconocido por el Estado, el 29 de noviembre de 2000 Pedro Torres Hércules intentó presentar ante la Fiscalía los medios probatorios indicados pero éstos habrían sido rechazados.

75. El 1 de diciembre de 2000 el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque ordenó la realización de un reconocimiento en rueda de personas por parte del señor Rodríguez Marroquín, quien describió durante el interrogatorio previo a la realización de la diligencia a  ocho de las personas que habían participado en su secuestro sin proporcionar sus nombres.  El 11 de enero de 2001 se llevó a cabo el reconocimiento en rueda de personas, en el cual el señor Rodríguez Marroquín se expresó en sentido positivo por la persona que llevaba el número 2, quien manifestó llamarse José Agapito Ruano Torres.

76. El 7 de diciembre de 2000 José Agapito Ruano Torres presentó una acción de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (infra párrs. 106 a 111).

77. El 12 de marzo de 2001 Pedro Torres Hércules presentó un escrito al Procurador General de la Nación a fin de solicitar el cambio de la defensa pública del señor Ruano Torres argumentando que ésta se había negado en reiteradas ocasiones a colaborar con él, incluyendo las irregularidades que habrían acontecido durante la diligencia de reconocimiento en rueda de personas. El peticionario indicó que, ante algunos pedidos previos de cambio de defensa pública, la procuradora regional siempre habría negado esta solicitud.

78. Luego de una petición de cambio del defensor público presentada por el señor Ruano Torres el 19 de marzo de 2001, se tuvo como su defensora pública a Emilia Martinne Castillo del Castillo junto con los otros previamente designados.  No obstante, el señor Ruano Torres manifestó en un escrito dirigido al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que la nueva defensora pública se negó a cuestionar el reconocimiento en rueda de personas puesto que “perjudicaría a su compañero Corvera y […] ya no se podía hacer nada y que eso se debió reclamar en el acto”.

79. El 18 de abril de 2001 el fiscal asignado presentó una solicitud al Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque en relación con la denuncia presentada ante la Unidad de  Investigación Disciplinaria de la Policía Nacional Civil (supra párr. 73) a fin de investigar los presuntos maltratos al señor Ruano Torres al momento de su detención. En dicho escrito solicitó que se autorizara el traslado de José Agapito Ruano Torres al Instituto de Medicina Legal de San Salvador el día 20 de abril de 2001 con el objetivo de que se le practicara una evaluación psicológica. Al día siguiente, el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque consideró improcedente la solicitud previniendo al fiscal “que en lo sucesivo cualquier diligencia de la misma naturaleza la solicite con por lo menos seis días de anticipación para poder efectuar […] las gestiones correspondientes”. No se consigna en el expediente judicial que se haya realizado la diligencia solicitada.

80. El 19 de abril de 2001 la Fiscalía General de la República formuló la acusación formal contra los diversos imputados en el secuestro del señor Rodríguez Marroquín, entre los que se incluyó al señor Ruano Torres.

81. El 25 de abril de 2001 la defensora pública Emilia Martinne Castillo del Castillo presentó un escrito al Juzgado de Instrucción de Tonacatepeque a fin de ofrecer testigos y prueba documental para la audiencia preliminar a llevarse a cabo ante el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque. En dicho documento se manifestó que los testigos permitirían corroborar que José Agapito Ruano Torres no era El Chopo y que el día de los hechos se encontraba en un lugar distinto. La defensora adjuntó una serie de documentos y solicitó prueba para mejor proveer a fin de demostrar que Ruano Torres se encontraba trabajando en la construcción de la escuela de Guazapa durante la fecha y hora del secuestro del señor Rodríguez Marroquín.

82. El 26 de abril de 2001, durante la audiencia preliminar, la jueza decretó la inadmisibilidad de dicha prueba, al sostener “que no es ninguna prueba imprescindible”.  En entrevista realizada por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la jueza expresó que las pruebas presentadas en la audiencia preliminar no fueron aceptadas “por estar fuera de tiempo”.  En la referida audiencia, el señor Ruano Torres manifestó que se abstenía de rendir su declaración indagatoria, pero cuando le fueron concedidas las últimas palabras expresó que él no era El Chopo y que “los señores policías […] lo amenazaron de muerte, lo arrastraron y fue así como lo involucraron en el hecho”. La defensa pública solicitó la nulidad del anticipo de prueba, lo que fue declarado improcedente por el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque.

83. El Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque ordenó el auto de apertura a juicio respecto de los procesados, con excepción de los imputados ausentes, y declaró sin lugar la solicitud de la defensa de José Agapito Ruano Torres de sobreseimiento definitivo “ya que dichos procesados ha[bían] sido individualizados [y] est[aban] vinculados directamente al proceso”.

84. El 18 de junio de 2001 José Agapito Ruano Torres presentó un escrito ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador donde solicitó una audiencia especial de revisión de medida y que se decretara “la nulidad del acto de identificación y localización”. Al respecto, señaló que los agentes policiales que lo identificaron como El Chopo se basaron únicamente en el dato proporcionado por una sola persona. Por ello, requirió el envío de investigadores a la zona de su residencia para verificar que no era apodado El Chopo, e indicó que incluso podían consultar al Alcalde Municipal sobre ese aspecto. Manifestó que existían documentos que probarían que él se encontraba trabajando en una escuela cuando ocurrió el secuestro. Dichos planteamientos fueron rechazados por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador debido a que la etapa investigativa había precluido por lo que ello debió haber sido solicitado oportunamente por su defensor. Asimismo, resolvió no hacer lugar a la nulidad solicitada.

85. El 6 de septiembre de 2001 el señor Ruano Torres volvió a presentar un escrito ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, alegando que su defensa pública lo había perjudicado con cada una de sus intervenciones. Asimismo, solicitó que se incorporara como declarante en su favor a Pedro Torres Hércules, quien fuera testigo de las irregularidades durante el reconocimiento en rueda de personas y tendría la información necesaria para probar que él no era El Chopo. El 17 de septiembre de 2001 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador resolvió que en cuanto a “la prueba testimonial ofrecida […] este Tribunal considera que será en el momento procesal oportuno que se resolverá sobre la admisión de dicha prueba”. No consta en el expediente judicial que posteriormente dicho órgano haya hecho referencia a estas solicitudes.

86. El 24 de septiembre de 2001 Pedro Torres Hércules presentó un escrito al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, en el cual el Alcalde Municipal de Guazapa destacaba la honradez de José Agapito Ruano Torres y señalaba que el sobrenombre de El Chopo correspondía a su hermano “que se llama Rodolfo Ruano Torres; y es la persona que fue a buscar la [Policía Nacional Civil] y por una confusión fue detenido el joven [José] Agapito”. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador se limitó a indicar “agréguese a sus antecedentes”.

87. El 27 de septiembre de 2001 Roberto Ruano Torres, hermano de José Agapito, y otras dos personas, en calidad de testigos, presentaron ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador un escrito indicando que la persona conocida como El Chopo es Rodolfo Ruano Torres y no José Agapito. En consecuencia, señalaron que “de ser cierto lo que dice el proceso, el que debe saber algo será el hermano que es quien responde a tal ALIAS”.

88. En esa misma fecha, José Agapito Ruano Torres designó defensor particular, quien solicitó la suspensión de la vista pública “a efecto de estudiar mejor la causa” para ejercer el derecho de defensa.  No consta en el expediente lo resuelto por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador respecto a la solicitud del defensor particular. No obstante, se realizó la vista pública en la fecha prevista y los defensores públicos actuaron en representación del señor Ruano Torres.

89. El 1 de octubre de 2001 se inició la vista pública ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Al comienzo de la misma se preguntó a los procesados, incluyendo a José Agapito Ruano Torres, si deseaban presentar su declaración indagatoria. Consta en el audio de la vista pública que el señor Ruano Torres indicó “me sostengo a declarar”. Sin embargo, luego de su respuesta le preguntaron a otro de los procesados si deseaba declarar, por lo que no fue escuchado. Adicionalmente, diversos testigos manifestaron que, el día del secuestro del señor Rodríguez Marroquín, el señor Ruano Torres se encontraba trabajando con su hermano Roberto en la reconstrucción de una escuela hasta altas horas de la noche, y que el sobrenombre El Chopo corresponde a otro hermano de José Agapito, Rodolfo Ruano Torres. Durante el interrogatorio al señor Rodríguez Marroquín, nombró y señaló como responsables de su secuestro a todos los procesados que se encontraban en la audiencia, incluyendo a José Agapito Ruano Torres.

90. El 5 de octubre de 2001 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dictó sentencia condenatoria en contra de José Agapito Ruano Torres y otras personas como coautores del delito de secuestro del señor Rodríguez Marroquín, imponiéndole una pena de quince años de prisión, la pena accesoria de pérdida de derechos del ciudadano y el pago de cinco mil colones en concepto de responsabilidad civil.

91. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador sostuvo lo siguiente al analizar y valorar las pruebas rendidas en el proceso penal:  Que con la declaración de la víctima señor JAIME ERNESTO RODRIGUEZ MARROQUIN, así como con lo declarado por el testigo FRANCISCO JAVIER AMAYA VILLALTA como prueba anticipada, se ha podido determinar que sus dichos son unánimes y contestes en manifestar las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo ocurrieron los hechos, en cuanto a establecer lo siguiente: […] b) Que son acordes en determinar el lugar, la hora y la forma de cómo se procedió a privarle de la libertad de la víctima señor JAIME ERNESTO RODRIGUEZ MARROQUIN, así como a determinar las personas que intervinieron en el cometimiento de la realización de la privación de libertad, de las personas que colaboraron en trasladarlo a la zona de su cautiverio, tratándose de los imputados JOAQUIN RODRIGUEZ MARROQUIN, JOSE AGAPITO RUANO TORRES Y JOSE ORELLANA PEREZ, juntamente con los ausentes FRANCISCO JAVIER AMAYA VILLALTA y SAMUEL HERNANDEZ RAMIREZ alias “Oasis”[.][…]
La víctima en reconocimiento en rueda de personas, logra reconocer[, entre otros, a] José  Agapito Ruano Torres […].
[…]
[…E]n sus deposiciones […] tratan de ubicar a los imputados en un lugar diferente al lugar donde sucedieron los hechos, pero que tales circunstancias no han sido corroboradas por ningún otro medio probatorio; debiéndose tomar en cuenta además, que se trata de parientes y amigos de los imputados; y que en sus declaraciones aparecen contradicciones entre sus dichos y respecto a las deposiciones de los demás testigos[.]
[…]
[E]ste Tribunal considera que efectivamente no consta ningún auto que resuelva la petición de la representación fiscal [de recibir la declaración de Amaya como prueba anticipada. E]n dicho acto de anticipo de prueba todas las partes procesales que tenían interés en ese momento estaban presente, por lo que no se violentó ningún derecho ya que ésta se realizó de conformidad con los principio de inmediación y contradicción, no interponiendo además recurso alguno […].

92. El 17 de octubre de 2001 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos admitió una queja referente a la falta de participación de algunos testigos durante la vista pública a pesar de haber sido citados y solicitó informe a la Jueza de Primera Instancia de Tonacatepeque y al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.  En relación con la situación del señor Ruano Torres, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador señaló que ya se habían admitido en la audiencia preliminar los testimonios de Eleazar Antonio Alemán, Roberto Ruano Torres, José Alberto y Ana Marlene Orellana Barrera, Nublas Antonio y Miguel Antonio Torres, y María Maribel Guevara. Asimismo, añadió que la propia defensa de José Agapito Ruano Torres “manifestó que prescindiría de la declaración del testigo Leonel Alcides Orellana”.

93. La defensa pública de José Agapito Ruano Torres no interpuso recurso contra la sentencia condenatoria. La defensa pública, en un informe dirigido al Coordinador Nacional de la Defensoría Pública en el año 2002, sostuvo que no procedía el recurso de revisión puesto que, entre otras razones, “[n]o hubo violación directa, ni manifiesta de garantías constitucionales” y añadió que se podría intentar la interposición de este recurso sólo si Rodolfo Ruano Torres “confiesa judicialmente que es él y no su hermano […] quien participó en el secuestro”.

94. El 16 de octubre de 2002, y luego de que la Corte Suprema de Justicia declarase inadmisible los recursos de casación presentados a favor de otras de las personas condenadas, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador solicitó que se declare ejecutoriada la sentencia definitiva condenatoria en contra de José Agapito Ruano Torres y los demás imputados.

95. El 13 de mayo de 2002 el señor Ruano Torres presentó ante el Jefe del Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque y el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que participaron en el proceso penal. Alegó que el Juzgado y Tribunal citados no tomaron ninguna medida positiva a pesar de presentarles numerosos escritos aclarando que él no era El Chopo, sino su hermano Rodolfo. Indicó que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador negó, durante la audiencia de vista pública, que su hermano rindiera declaración como testigo. El 22 de octubre de 2003 la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la denuncia presentada puesto que “no se encontraron elementos que den lugar a una causa probable para que se aperture informativo disciplinario”.

96. El 11 de agosto de 2003 José Agapito Ruano Torres interpuso por sí mismo y sin patrocinio letrado, un recurso de revisión de sentencia ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. En el mismo señaló que su abogado no le permitió declarar al inicio de la audiencia de vista pública y ofreció la comparecencia de su hermano Rodolfo como medio de prueba, puesto que a él se le conocería como El Chopo. El 13 de agosto de 2003 dicho Tribunal declaró inadmisible el recurso alegando que no se vulneró ninguna garantía constitucional dado que José Agapito Ruano Torres decidió no rendir su declaración indagatoria.

97. El 24 de septiembre de 2003 José Agapito Ruano Torres volvió a interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, bajo los mismos argumentos y el 29 de septiembre de 2003 dicho Tribunal decidió no admitir este nuevo recurso por considerarlo una reproducción del anterior.

98. El 22 de septiembre de 2006 otra de las personas condenadas por el secuestro del señor Rodríguez Marroquín remitió un escrito al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador indicando que la persona que participó en el secuestro fue Rodolfo Ruano Torres, quien es conocido como El Chopo, y no José Agapito “que es inocente de los hechos por los cuales ha sido condenado”. Manifestó que, desde el inicio del proceso, el defensor público no le permitió hablar sobre este aspecto.

99. El 22 de noviembre de 2006 José Agapito presentó un nuevo recurso de revisión ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador indicando que no se le permitió rendir su declaración indagatoria a pesar de que dijo “me sostengo a declarar” y alegando que el  señor Rodríguez Marroquín habría reconocido que el señalamiento realizado en la vista pública y el reconocimiento en rueda se basó en los medios. Asimismo, sostuvo que “la defensa siempre [le] acosó a fin de que no declarara”. Solicitó también que se discutiera y analizara las pruebas presentadas –esto es, la declaración documental sobre su trabajo el día del secuestro y los testimonios de Rodolfo Ruano Torres y Toribio Chiquillo Rodríguez- a fin de que se le concedieran medidas sustitutivas de privación de la libertad.

100. El 27 de noviembre de 2006 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador resolvió dicho recurso declarándolo sin lugar. En relación con el hecho de que al señor Ruano Torres no se le permitió presentar su declaración indagatoria, el Tribunal reconoció que “en su momento que lo quería hacer no se le escuchó cuando se preguntó”. Adicionalmente, sostuvo que al final de la vista pública “manifest[ó] únicamente que era inocente”, siendo ese el momento procesal donde debió alegar que quería rendir su declaración. Manifestó que los señalamientos del señor Rodríguez Marroquín fueron “espontáneos y directos” e indicó que el propio señor Ruano Torres podía “alega[r] lo pertinente en juicio, como derecho que tiene a su defensa material”.

101. El 5 de enero de 2007 en el Centro Penal de Apanteos en Santa Ana, lugar donde se encontraba recluido José Agapito Ruano Torres, ocurrieron hechos violentos producto de un motín, que causaron la muerte de 21 reclusos. Pedro Torres Hércules informó que, luego de enterarse de dichos eventos, las autoridades del centro le informaron que el señor Ruano Torres no aparecía en la lista de personas trasladadas o fallecidas identificadas. No obstante, indicó que le recomendaron que acudiera al centro de medicina legal en tanto había personas muertas aún no identificadas. El señor Torres Hércules manifestó que no pudo ingresar a dicho centro “porque se agolpó gran cantidad de personas buscando la oportunidad de ir a reconocer a sus difuntos”. Sostuvo que, hasta el momento en que se les informó que el señor Ruano Torres todavía continuaba en el Centro Penal de Apanteos, su cónyuge y su hijo atravesaron “momentos tan duros”.

102. El 24 de septiembre de 2009 el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena resolvió concederle la libertad condicional al señor Ruano Torres. No obstante, la Fiscalía General de la República apeló dicha decisión y el 15 de octubre de 2009 la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro revocó la resolución.

103. El 9 de mayo de 2013 el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de  la Pena concedió el beneficio de libertad condicional al señor Ruano Torres, sujetándolo a un período de prueba hasta el 26 de junio de 2015. El Juzgado Primero consideró que José Agapito Ruano Torres satisfacía los requisitos establecidos por el Código Penal en tanto i) había cumplido con las dos terceras partes de la pena impuesta; ii) era “reo primario”; iii) había pagado la condena pecuniaria impuesta; iv) no registraba faltas ni sanciones disciplinarias; y v) conforme al dictamen criminológico realizado, tenía “una buena conducta”, “ha[bía] mostrado buen comportamiento” y “pose[ía] una agresividad y una peligrosidad en sus niveles bajos” por lo que “el pronóstico de reinserción social e[ra] favorable”. De acuerdo a la decisión del Juzgado Primero, el señor Ruano Torres se encontraba obligado a: i) no salir del país sin previa autorización judicial; ii) permanecer en el domicilio que exprese; iii) no acercarse al trabajo o domicilio de la víctima y sus familiares, y iv) presentarse cada cuatro meses al Departamento de Prueba y Libertad Asistida. El Juzgado Primero agregó que el incumplimiento de alguno de estos requisitos implicaría la revocatoria del beneficio concedido.

104. El 19 de septiembre de 2014 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, tras realizar una audiencia especial de revisión de sentencia firme, confirmó la sentencia condenatoria en contra de José Agapito Ruano Torres en el contexto de un recurso de revisión de decisión firme interpuesto por la defensa pública con posterioridad al informe de fondo de la Comisión, en los siguientes términos:
[…] este Tribunal ha podido concluir por unanimidad, que las aseveraciones sobre las violaciones a derechos fundamentales que se han expuesto, no han sido acreditadas en la presente audiencia, y que al revisar efectivamente los fundamentos de la sentencia de m[é]rito, se ha podido constatar que la credibilidad de la víctima en este caso, se ha mantenido, y que las probanzas las cuales se efectuaran en esta audiencia han sido insuficientes para acreditar al Tribunal dichos vicios en cuan[t]o a la violación de derechos fundamentales, razón anterior el tribunal estima conducente en mantener la sentencia de m[é]rito y declarar no ha lugar l[a] solicitud de la defensa en razón de no haberse acreditado los motivos o razones que dieran origen a solicitar la Revisión de la Sentencia; debiendo continuar firme la sentencia Definitiva Condenatoria[.]

105. El 26 de junio de 2015 el señor Ruano Torres habría cumplido con la totalidad de la
sentencia impuesta.

E. Solicitud de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional

106. El 7 de diciembre de 2000 José Agapito Ruano Torres presentó una acción de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual alegó que: i) su detención fue arbitraria; ii) fue sometido a maltrato físico, psíquico y moral; iii) al momento de su detención no lo identificaron puesto que lo llamaban por el sobrenombre de El Chopo, y iv) a partir de que un agente policial encontró su cédula de identificación, lo empezaron a llamar por su nombre.

107. El 3 de enero de 2001 el señor Ruano Torres presentó una ampliación del hábeas corpus, en la que: i) solicitó que se investigara y sancionara al fiscal y a los agentes policiales que, sin una debida diligencia, lo identificaron como El Chopo y, en consecuencia, como presunto responsable del secuestro del señor Rodríguez Marroquín; ii) reiteró las afectaciones a su integridad física y psíquica durante su detención; iii) denunció la “actitud negligente e indiferente” de su defensa pública puesto que no le habría permitido realizar numerosas diligencias y recursos a fin de demostrar que él no estuvo involucrado en el referido secuestro, e iv) indicó que solicitó un cambio de defensor y la Procuradora de Apopa le contestó que “no era necesario”.

108. El 19 de febrero de 2001 el señor Ruano Torres solicitó una nueva ampliación del hábeas corpus indicando que se encontraba detenido debido a un error judicial y policial respecto a su identidad. Por ello, solicitó que se nombrara a un investigador para que fuera a la zona de su domicilio y verificara que a él no le decían El Chopo. Adicionalmente, sostuvo que se debería verificar el expediente judicial a fin de constatar que entre los nombres que mencionó Francisco Javier Amaya Villalta no aparece el suyo. Señaló que cuando se preguntó al Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque por esta situación, habría afirmado que “[d]e todos modos aparece un sobrenombre por el que se le ha privado de su libertad y se le está procesando”.

109. El 14 de marzo de 2001 el señor Torres Hércules presentó un escrito a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia solicitando que, debido a la falta de respuesta del hábeas corpus interpuesto el 7 de diciembre de 2000 ante la Sala de lo Constitucional (supra párr. 106), se instalara una audiencia a la que comparecieran el fiscal del caso, el señor Rodríguez Marroquín, el señor Amaya Villalta y una serie de testigos, con el objetivo de demostrar que el señor Ruano Torres no era El Chopo y, en consecuencia, no participó en el secuestro. Indicó también que “la defensa tampoco ha querido hacer su trabajo y más bien ha adoptado una postura sumisa a la fiscalía”.

110. El 8 de junio de 2001 Pedro Torres Hércules presentó un nuevo escrito de ampliación de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifestando que hasta esa fecha no existía un pronunciamiento por parte de dicho órgano. Asimismo, reiteró las omisiones y errores cometidos por los agentes policiales al momento de identificar a Ruano Torres como El Chopo, los actos de tortura y maltratos que se habrían cometido durante su detención, y el alegado fraude durante el reconocimiento en rueda de personas.

111. El 7 de agosto de 2001 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de hábeas corpus presentado y decidió mantener al señor Ruano Torres en detención y la causa penal según su estado163. Indicó que, previo a su detención, se “obtuvo con la debida investigación, la identidad de los imputados […] mediante información obtenida por la población”.  Con relación a los alegatos de tortura y maltratos cometidos durante la detención del señor Ruano Torres, la Sala de lo Constitucional consideró que, si bien había existido uso de la fuerza, no se había atentado contra sus derechos fundamentales toda vez que de conformidad con el acta correspondiente había sido necesaria para controlarlo por la resistencia que habría opuesto.

F. Proceso ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

112. El 15 de octubre de 2001 José Agapito Ruano Torres presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos166. En dicha denuncia el señor Ruano Torres solicitó que se gestionara un recurso de revisión a fin de reabrir el proceso judicial. En primer lugar, señaló que se había cometido un grave error judicial al confundirlo con su hermano Rodolfo, a quien le dicen El Chopo y “está consciente de haber participado de los hechos”. En segundo lugar, indicó que no se le permitió declarar durante el inicio de la audiencia de vista pública a pesar de que él quería hacerlo. En tercer lugar, manifestó que se denegó su solicitud en la vista pública para presentar a su hermano Rodolfo, quien estaba dispuesto a prestar su declaración. En cuarto lugar, indicó que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador no valoró la prueba testimonial y documental presentada. Manifestó que las demás personas sentenciadas por el delito de secuestro reconocieron que él no participó de los hechos sino  su hermano Rodolfo, conocido como El Chopo.

113. El 9 de junio de 2003 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una resolución en la que estableció la violación del debido proceso en perjuicio de José Agapito Ruano Torres y recomendó al Departamento de Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República que, dadas las irregularidades en el proceso, convalidadas por omisión de los jueces, fiscales y defensores públicos, se promoviera una revisión de su sentencia condenatoria.  De la información aportada por las partes, no consta que el Departamento de Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República hubiera promovido una revisión de la sentencia condenatoria del señor Ruano Torres a raíz de esta decisión. En relación con la prueba anticipada de Francisco Javier Amaya Villalta, la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estableció que su nombre verdadero es Ricardo Flores Amaya, situación que nunca fue investigada, y que se violó el principio de contradicción puesto que los imputados nunca pudieron refutar lo expresado por él. En dicha resolución se señaló, además, que no constaba ninguna diligencia practicada para determinar que el sobrenombre de El Chopo corresponde a José Agapito Ruano Torres por lo que se había generado una situación de inseguridad jurídica. Respecto al reconocimiento en rueda de personas de José Agapito Ruano Torres, se indicó que se violó el principio de legalidad del proceso debido a las graves irregularidades en la obtención de dicho medio de prueba. Se sostuvo también que el hecho de que el señor Ruano Torres haya sido exhibido en los medios de comunicación social antes de realizarse esta diligencia vició el medio de prueba y vulneró el derecho a la presunción de inocencia. Con relación a los distintos actores que participaron durante el proceso seguido al señor Ruano Torres, se indicó que: i) su defensa pública lo perjudicó al no promover la investigación de su caso, avalar las irregularidades en el reconocimiento en rueda e impedirle ejercer la defensa material; ii) la actuación de los fiscales violentó los principios de promoción de oficio de la investigación, imparcialidad y objetividad al no investigar circunstancias de descargo, y iii) el Juzgado de Paz de Tonecatepeque obvió todas las irregularidades que hasta el momento de su conocimiento del caso se habían cometido y la Jueza de Primera Instancia de Tonecatepeque convalidó las irregularidades no ejerciendo de forma efectiva el control jurisdiccional de la investigación.

114. El 4 de octubre de 2004 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ratificó su resolución de 9 de junio de 2003 y reiteró las violaciones encontradas durante el proceso seguido al señor Ruano Torres, así como la responsabilidad de los tres defensores públicos, los fiscales y los jueces que participaron durante el proceso, y solicitó a los defensores públicos que gestionaran la revisión de la sentencia condenatoria del señor Ruano Torres.

VII – FONDO

115. La Corte considera fundamental reiterar, a modo introductorio, como lo ha hecho en otros casos, que no es un tribunal que analiza la responsabilidad penal de los individuos. Es por esto que en el presente caso la Corte no resolverá sobre la culpabilidad o inocencia del señor Ruano Torres o cualquiera de las otras personas que fueron juzgadas junto a él, sino sobre la conformidad del proceso penal y de los actos de determinados funcionarios públicos en el caso a la luz de la Convención Americana. En esta línea, la Corte ha establecido que “[e]l esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”.

116. Como fue señalado en esta Sentencia (supra párrs. 25 y 35), la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en relación con las determinaciones realizadas por la Comisión en su informe de fondo. Para determinar los alcances de dichas violaciones, la Corte precisará a continuación las violaciones de los derechos humanos que se desprenden de las mismas. Posteriormente, pasará a analizar los diferentes aspectos que plantea el presente caso en relación con el derecho a la defensa, ya que es necesario determinar y precisar los alcances de la responsabilidad estatal respecto de algunos planteamientos que no han sido abordados previamente en la jurisprudencia de este Tribunal. Seguidamente, la Corte realizará las precisiones correspondientes en lo que se refiere a la integridad personal de los familiares.

VII-1 – DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA, LIBERTAD PERSONAL, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PROTECCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

117. Una vez establecido el alcance del reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado (supra Capítulo IV), la Corte procede a precisar las violaciones a los derechos humanos que se encuentran abarcadas por el reconocimiento de responsabilidad del Estado, así como la procedencia y alcance de aquellas invocadas por los representantes en forma autónoma respecto a los derechos a la integridad personal y la prohibición de la tortura, la libertad personal, la presunción de inocencia y la protección judicial, con respecto a José Agapito Ruano Torres.

A. Violación del derecho a la integridad personal y prohibición de la tortura en perjuicio de José Agapito Ruano Torres

118. El artículo 5.1 de la Convención reconoce en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma.

119. En esta línea, esta Corte ha señalado que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos.

120. La Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho  Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del ius cogens internacional.

121. Ahora bien, para definir lo que a la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana debe entenderse como “tortura”, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato: a) es intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito177. Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas producen, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica.

122. En cuanto al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, esta Corte ha  señalado que el mismo debe atenerse a criterios de motivos legítimos, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Asimismo, el Tribunal ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

123. La Comisión Interamericana concluyó en su informe de fondo No. 82/13 que los actos de violencia a los que fue sometido el señor Ruano Torres181 (supra párr. 65) alcanzaron un nivel de intensidad suficiente como para satisfacer el elemento de tortura relacionado con la existencia de un daño intenso o severo, lo que se ve reforzado por la ausencia de una investigación diligente por parte del Estado. Para la Comisión el uso de la violencia en contra del señor Ruano Torres no era necesaria, sino que partía de una presunción a priori por parte de las autoridades policiales que diseñaron el operativo respecto de la supuesta peligrosidad del señor Ruano Torres. De este modo, las acciones realizadas por los agentes policiales no tenían la finalidad de neutralizar un riesgo o resistencia que se hubiera presentado al momento de los hechos. Por el contrario, según la Comisión, “el objetivo era disminuir la resistencia física y psicológica del señor Ruano Torres, e incluso obtener su confesión o auto-identificación como El Chopo”. Dichas conclusiones fueron aceptadas por el Estado en su reconocimiento de responsabilidad. En razón de lo expuesto, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad del Estado en el sentido de que los actos efectuados por las autoridades policiales al momento de la detención constituyeron en su conjunto tortura. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres.

124. La Corte ha señalado que, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este deber se sustenta en el presente caso en los hechos establecidos previamente (supra párr. 65), los cuales correspondía a los tribunales internos investigar. La Corte constata que, a pesar de que dichos actos fueron puestos en conocimiento de las autoridades (supra párrs. 73 y 106), éstas no iniciaron de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que garantizara la pronta obtención y preservación de pruebas y que permitiera establecer lo que había sucedido al señor Ruano Torres.
En esta línea, la Corte advierte que el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque no permitió la realización de una evaluación psicológica solicitada por el fiscal (supra párr. 79), luego de lo cual no se prosiguió con las investigaciones sobre los hechos de tortura.

125. Por lo tanto, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad del Estado en el sentido de que no inició de oficio y con la debida diligencia una investigación sobre los actos de tortura y malos tratos a los que ha sido sometido el señor Ruano Torres después de que se presentara una denuncia ante la Unidad de Investigación Disciplinaria de la Policía Nacional Civil por estos hechos, de modo tal que el Estado incumplió el deber de garantía del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres.

B. Violación de la presunción de inocencia en perjuicio de José Agapito Ruano Torres

126. El artículo 8.2 de la Convención dispone que “[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.  Por ello, la Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales183. La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada. En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad185, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías.

127. Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de todo el proceso penal. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado186. En este sentido, el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. A su vez, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella.

128. En este sentido, la Corte estima que la presunción de inocencia exige que el acusador deba demostrar que el ilícito penal es atribuible a la persona imputada, es decir, que ha participado culpablemente en su comisión y que las autoridades judiciales deban fallar con la certeza más allá de toda duda razonable para declarar la responsabilidad penal individual del imputado, incluyendo determinados aspectos fácticos relativos a la culpabilidad del imputado.

129. En el presente caso, las determinaciones de la Comisión en relación con la presunción de inocencia se remiten a dos ámbitos interrelacionados amparados bajo este derecho que se refieren al nivel de certeza requerido como presupuesto de la legitimidad de una condena. Por un lado, respecto a la individualización e identificación de una persona antes de vincularla a una investigación y proceso penal. La otra cuestión se relaciona con el onus probandi y la prueba con base en la cual se impuso la condena en el presente caso.

130. Sobre el primer aspecto, la Comisión determinó en su informe de fondo que existen múltiples elementos que, desde la investigación inicial y a lo largo del procedimiento, generan dudas sobre la identidad de José Agapito Ruano Torres como El Chopo. No obstante, el señor Ruano Torres fue condenado sin que las autoridades policiales, de investigación y judiciales, adoptaran medidas mínimas para responder a las dudas generadas sobre su identidad. Lo anterior fue reconocido por el Estado. La Corte resalta que, en efecto, el Estado debería haber agotado los medios necesarios para investigar y determinar en forma fehaciente la persona que correspondía al sobrenombre de El Chopo. En este sentido, la legislación salvadoreña prevé que el Ministerio Público “deberá investigar no solo los hechos y circunstancias de cargo, sino también, las que sirvan para descargo del imputado”. Sin embargo, la Fiscalía nada hizo por investigar los hechos indicados por José Agapito Ruano Torres para descartar su participación en el hecho punible endilgado o para asegurar la comparecencia de la persona que según se indicaba sería El Chopo. Por su parte, las autoridades no dieron una respuesta de fondo a lo planteado en cuanto a si se había superado el estado de duda respecto a este aspecto fáctico. En situaciones como las del presente caso en que se presentan alegatos razonables sobre la no participación de uno de los imputados en el hecho punible en cuanto a que no era la persona a quien se le aplicaba el apodo, la Corte considera que debió primar el respeto y garantía de la presunción de inocencia.

131. Respecto a la segunda cuestión, la Corte nota que la sentencia pronunciada el 5 de octubre de 2001 (supra párr. 90), el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador se basó en las “declaraciones unánimes y contestes” de Jaime Ernesto Rodríguez Marroquín y de Francisco Javier Amaya Villalta para emitir la condena. No hizo alusión a otras pruebas de corroboración. En relación con la prueba testimonial relacionada con el trabajo de José Agapito Ruano Torres en la escuela mientras ocurría el secuestro, el Tribunal afirmó que “tales circunstancias no han sido corroboradas por ningún otro medio probatorio; […] se trata de parientes y amigos”. La Corte resalta que en el presente caso las dos pruebas aludidas han determinado el resultado del proceso penal, al ser el fundamento central de la vinculación de José Agapito Ruano Torres a proceso y su posterior condena.

132. Sobre este extremo, la Corte advierte que, tal como lo determinó la Comisión, no existe una justificación en términos procesales penales dentro del expediente que indique las razones por las que la declaración de Amaya Villalta debía practicarse de manera anticipada. Durante dicha declaración se verificó la presencia de la defensa privada de sólo un imputado. Una vez que fueron individualizados por Amaya Villalta los otros presuntos partícipes en el delito, éstos no contaron con posibilidades de ejercer su derecho a la defensa, incluyendo uno de sus componentes fundamentales para asegurar el  contradictorio que es la facultad de contrainterrogar. En definitiva, la referida declaración fue rendida sin que los otros coimputados, y entre ellos el señor Ruano Torres, pudieran ejercer su derecho a la defensa en ese momento o en un momento ulterior durante el transcurso del proceso penal, de modo tal que no contaron con oportunidades para contrainterrogarlo, lo que merma su confiabilidad y violenta las mínimas garantías de las que goza todo inculpado del delito.

133. Más allá de la compatibilidad de instituciones que buscan la colaboración de ciertos implicados con la parte acusadora a cambio de determinadas contraprestaciones -como la del colaborador eficaz, el arrepentido o en este caso de prescindir de la persecución penal de uno de los partícipes cuando haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave- con la Convención Americana, lo que no fue planteado en el presente caso, lo cierto es que es posible afirmar la limitada eficacia probatoria que debe asignarse a la declaración de un coimputado, más allá de su contenido específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por si sola para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, fundar una condena sobre la base de una declaración de un coimputado sin que existan otros elementos de corroboración vulneraría la presunción de inocencia.

134. En el presente caso, el otro elemento valorado por el tribunal fue la declaración realizada por el señor Rodríguez Marroquín, víctima del delito, respecto a los imputados y la identificación positiva de José Agapito Ruano Torres como uno de los partícipes en el hecho punible durante el reconocimiento en rueda de personas y en la vista pública. El Estado reconoció que la diligencia de reconocimiento habría sido realizada de forma irregular toda vez que el fiscal habría señalado a José Agapito Ruano Torres a fin de que la víctima del secuestro lo pudiera identificar y se habrían consignado nombres falsos en el acta. Aunado a lo anterior, el Estado reconoció que el señor Rodríguez Marroquín vio a las personas que fueron detenidas en el marco del “Operativo Guaza” y vinculadas al proceso penal en diversos medios de comunicación (supra párr. 113).

135. Con base en lo expuesto y en el reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte considera que el Estado es internacionalmente responsable por la violación del artículo 8.2 de la Convención Americana que reconoce la presunción de inocencia, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres.

C. Violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de José Agapito Ruano Torres

136. El artículo 25.1192 de la Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que es preciso que los recursos tengan efectividad en los términos del mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia. Un recurso judicial efectivo es, por consiguiente, aquel capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.

137. Según se desprende del informe de fondo, la violación del artículo 25.1 de la Convención Americana se habría configurado por la falta de consideración por parte de las autoridades de las violaciones al debido proceso denunciadas en diversos escritos a lo largo del proceso penal, así como debido al rechazo de los recursos de revisión interpuestos en agosto y septiembre de 2003 y en noviembre de 2006 (supra párrs. 96, 97 y 99), de modo tal que habrían resultado inefectivos.

138. En el presente caso, la Corte estima que la violación del artículo 25.1 de la Convención no se configura por el mero desacuerdo con una decisión desfavorable sino que se relaciona con la falta de respuesta de las autoridades sobre el mérito de los alegatos pues no se realizó un análisis por parte de las autoridades judiciales a fin de establecer si había sucedido o no una violación a los derechos humanos, tales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y, en su caso, proporcionar una reparación adecuada. En suma, los recursos de revisión no constituyeron un recurso efectivo para remediar las vulneraciones de derechos humanos y, en particular, para controlar el respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa.

139. En virtud de lo expuesto y tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte concluye que el Estado es responsable por la vulneración del artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres.

D. Violación del derecho a la libertad personal en perjuicio de José Agapito Ruano Torres

140. La Corte ha señalado que el contenido esencial del artículo 7198 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o  ilegal del Estado. El numeral 1 del artículo 7 consagra en términos generales el derecho a la libertad y la seguridad personales, y los demás numerales consagran aspectos específicos de ese derecho. La violación de cualquiera de dichos numerales entrañará la violación del artículo 7.1 de la Convención, “puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona”. El artículo 7 también contiene los mandatos normativos que prohíben la detención ilegal y la arbitraria202 y establece, entre otros, la garantía de que toda persona privada de la libertad pueda recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad203. La Corte ha destacado que tal garantía “no solo debe existir formalmente en la legislación sino que debe ser efectiva, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención”.

141. La Comisión concluyó en su informe de fondo que existía violación del artículo 7.3 y 7.6 de la Convención Americana. Los representantes solicitaron que se declarase adicionalmente al Estado responsable por la violación de los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana en detrimento de José Agapito Ruano Torres. En particular, sostuvieron que “la detención de una persona aún siendo legal, es decir, si se emitió tal orden de detención conforme a los requisitos dados en ley y dentro del marco de la competencia judicial[,] ésta puede tornarse arbitraria si en la misma detención del inculpado o en las subsiguientes etapas de su juzgamiento se han atropellado garantías fundamentales o judiciales mínimas, cual es el caso del señor José Agapito Ruano Torres, de quien […] se conculcaron su derecho a la presunción de inocencia, a la integridad personal entre otros, por lo que, tal detención aún siendo legal, pero que se asienta sobre la base de sendos vicios irreparables e irreversibles, también generan como consecuencia la arbitrariedad en la detención y la misma se tornaría entonces ilegal”. Por lo tanto, indicaron que, “[s]i bien es cierto [que] la detención del señor Ruano Torres fue legal, ya que existía una orden de detención en su contra respaldada en el artículo 13 de la Constitución de [E]l Salvador […] también lo es, que la misma se tornó arbitraria”.

142. La Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad del Estado en el sentido de que la privación de libertad de José Agapito Ruano Torres devino arbitraria, en violación del artículo 7.3 de la Convención, toda vez que la sentencia se basó en un proceso penal en violación de las garantías judiciales, en los términos desarrollados en esta sentencia.

143. En lo que se refiere al inciso 6 del artículo 7, según fue establecido por la Comisión y aceptado por el Estado, la acción de hábeas corpus presentada resultó ineficaz para tutelar el derecho a la libertad personal del señor Ruano Torres, dado que el órgano judicial no realizó las diligencias mínimas a fin de determinar si la detención había sido arbitraria, de modo tal que no reconoció violación alguna de derechos constitucionales y ordenó mantener la detención (supra párr. 111), a lo que se suma que su resolución demoró nueve meses, lo que constituye un plazo irrazonable, que se agrava tomando en consideración la situación de privación de libertad del señor Ruano Torres.

144. A su vez, la Corte recuerda que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma205, tal como fue solicitado por los representantes. Por consiguiente, en este caso corresponde declarar igualmente una violación del inciso 1 del artículo 7 de la Convención.

145. Si bien los representantes también invocaron el artículo 7.2 de la Convención, reconocieron al mismo tiempo que la privación de libertad fue legal (supra párr. 141), por lo que la Corte estima que no concurren los elementos para pronunciarse al respecto.

146. En consecuencia, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7.1, 7.3 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres.

VII-2 – DERECHO A LA DEFENSA EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

147. La Comisión indicó que si bien, al igual que el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido que “el Estado no puede ser considerado responsable por todas las fallas de desempeño del abogado defensor público”, no obstante puede configurarse la responsabilidad estatal “si la defensa pública incurre en omisiones o fallas que de manera evidente permitan concluir que no brindó un patrocinio efectivo”. La Comisión argumentó que las siguientes situaciones habrían constituido actos u omisiones graves en la actuación de la defensa pública en el proceso penal seguido contra el señor Ruano Torres, lo que fue reconocido por el Estado: i) no habría presentado ni en la audiencia inicial, la audiencia preliminar o la vista pública, acciones encaminadas a plantear la defensa central del señor Jose Agapito Ruano Torres, esto es, el argumento en el sentido de que la persona que participó en el secuestro del señor Rodriguez Marroquín habría sido su hermano Rodolfo Ruano Torres, quien es conocido como El Chopo ; ii) no habría cuestionado la irregularidad de los medios probatorios utilizados en contra del señor Ruano Torres, y iii) no habría presentado recurso alguno frente a la sentencia condenatoria de primera instancia, permitiendo que la misma quedara en firme. A pesar de los intentos de cambio de defensa y de las quejas formales sobre la función de la defensa pública durante el proceso y con posterioridad, el Estado no habría otorgado respuesta oportuna a las solicitudes ni investigado disciplinariamente lo denunciado por el señor Ruano Torres. La Comisión consideró que existen “elementos suficientes para concluir que la deficiente actuación de la defensa pública jugó un papel esencial en la condena del señor Ruano Torres”. Por ello, alegó que el Estado violó el derecho a la defensa reconocido en el artículo 8.2.d) de la Convención Americana, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres.

148. Los representantes señalaron que José Agapito Ruano Torres no contó con la asesoría jurídica letrada idónea para enfrentar y confrontar de manera seria y efectiva la incriminación que se reprochó en su contra, debido a que su defensa pública técnica subestimaba el actuar del señor Ruano Torres y omitió realizar acciones fundamentales que incidieron de manera determinante en la ulterior condena. En particular, “no [habría] solicit[ado] o inst[ado] la nulidad del anticipo de prueba, en la cual se señaló de manera directa al inculpado sin estar presente este último como tampoco estuvo presente un abogado defensor particular o público, que refutara tal señalamiento, es decir, en dicha diligencia, se violentó el principio de contradictorio, y la prohibición del juicio en ausencia, tal y como acertadamente lo resolviera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en su resolución de fecha 9 de junio de 2003”.
Otro acto omitido por parte de la defensa pública habría sido instar a la nulidad de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas e insistir en la admisibilidad de la declaración de Rodolfo Ruano Torres. Por lo tanto, los representantes coincidieron con la Comisión en que el Estado violó el derecho a la defensa, en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres.

149. El Estado sostuvo que el señor Ruano Torres fue asistido desde su detención hasta la
culminación del proceso por la defensa pública, agregando que “ciertos recursos a su favor no fueron interpuestos por concluir la defensa que los mismos no eran procedentes”. Sin embargo, reconoció su responsabilidad y aceptó los hechos alegados en la presentación del caso por la Comisión en el informe de fondo.

B. Consideraciones de la Corte

150. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la defensa establecida en el artículo 8.2.d) de la Convención Americana, como fue establecido por la Comisión Interamericana en su informe de fondo. Los defensores incluyeron también en sus alegatos los artículos 8.1 y 8.2.e) de dicho tratado. Al respecto, la Corte recuerda que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre y cuando se atengan a los hechos contenidos en dicho documento, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención206. Por ende, en razón de lo expuesto anteriormente (supra párr. 36), la Corte evaluará a continuación la aplicabilidad de las disposiciones invocadas y el alcance de las violaciones alegadas.

151. La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.
El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.

152. En términos convencionales el debido proceso se traduce centralmente en las “garantías judiciales” reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar “las debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Asimismo, otras disposiciones de dicho instrumento internacional, tal como los artículos 7 y 25 de la Convención, contienen regulaciones que se corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. En el Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, que se refería a las ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales, la Corte Interamericana sostuvo que las exigencias del artículo 8 de la Convención “se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial […]”. Por lo tanto, desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. Asimismo, deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo cual implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio.

153. El derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. La Convención Americana rodea de garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo a través del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 8.2.g) o las condiciones bajo las cuales una confesión pudiera ser válida (artículo 8.3), como de la defensa técnica, en los términos que se desarrollarán a continuación.

154. Dentro de este último ámbito, que es el que interesa en el presente caso, los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro del catálogo de garantías mínimas en materia penal, que el inculpado tiene derecho de “defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección” y que si no lo hiciere tiene el “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna”.

155. Si bien la norma contempla diferentes alternativas para el diseño de los mecanismos que garanticen el derecho, cuando la persona que requiera asistencia jurídica no tenga recursos ésta deberá necesariamente ser provista por el Estado en forma gratuita. Pero en casos como el presente que se refieren a la materia penal en la cual se consagra que la defensa técnica es irrenunciable, debido a la entidad de los derechos involucrados y a la pretensión de asegurar tanto la igualdad de armas como el respeto irrestricto a la presunción de inocencia, la exigencia de contar con un abogado que ejerza la defensa técnica para afrontar adecuadamente el proceso implica que la defensa que proporcione el Estado no se limite únicamente a aquellos casos de falta de recursos.

156. En esta línea, la Corte reconoce que un rasgo distintivo de la mayoría de los Estados parte de la Convención es el desarrollo de una política pública e institucionalidad que garantiza a las personas que así lo requieran y en todas las etapas del proceso el derecho intangible a la defensa técnica en materia penal a través de las defensorías públicas218, promoviendo de este modo la garantía de acceso a la justicia para las personas más desaventajadas sobre las que generalmente actúa la selectividad del proceso penal. Así, la Asamblea General de la OEA ha afirmado “la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”. La institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios.

157. Sin embargo, la Corte ha considerado que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional.

158. En el mismo sentido, el perito Binder sostuvo que el derecho de defensa comprende un carácter de defensa eficaz, oportuna, realizada por gente capacitada, que permita fortalecer la defensa del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. En esta línea, resaltó que “[l]a relación de confianza debe ser resguardada en todo lo posible dentro de los sistemas de defensa pública [por lo que d]eben existir mecanismos ágiles para que el imputado pueda pedir que se evalúe el nivel de su defensa y [n]ingún defensor público puede subordinar los intereses de su defendido a otros intereses sociales o institucionales o a la preservación de la `justicia´”.

159. En esta línea y más allá del diseño institucional y orgánico propio de cada país, la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados a que “adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales cuenten con presupuesto adecuado y gocen de independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria y técnica”224. A criterio de la Asamblea General tales medidas son apropiadas para garantizar “un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida”.

160. En El Salvador, el mandato constitucional de asegurar a “[t]oda persona a quien se impute un delito, […] todas las garantías necesarias para su defensa”226 se hace efectivo a través de la asistencia técnica que brinda la Unidad de Defensoría Pública a solicitud de toda persona que esté privada o amenazada de su libertad individual, sin distinción de nacionalidad, sexo, religión o condición económica. Según el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, “[l]a Unidad de Defensoría Pública tiene por función ejercer la defensa técnica de la libertad individual a personas adultas y menores, a quienes se les atribuye la comisión de una infracción penal”. Por consiguiente, en el diseño institucional de El Salvador, la Unidad de Defensoría Pública se inserta dentro de la Procuraduría General de la República y puede ser asimilada a un órgano del Estado, por lo que su conducta debe ser considerada como un acto del Estado en el sentido que le otorga el proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos realizados por auxiliares de la administración de justicia.

161. La Corte nota que en el presente caso los defensores públicos ejercieron la defensa del señor José Agapito Ruano Torres durante el proceso penal No. 77-2001-2, en el cual se emitió una sentencia condenatoria en su contra. A diferencia de casos anteriores, en los cuales la violación del derecho a la defensa reconocida a todo inculpado del delito dentro del catálogo de garantías contemplado en el artículo 8.2 de la Convención, se configuró por los impedimentos de las autoridades policiales, fiscales o judiciales para que la defensa técnica participara asistiendo al imputado en actos centrales del proceso, como por ejemplo recibiendo la declaración del imputado sin la asistencia de su abogado defensor230, en el presente caso los argumentos se refieren a la alegada deficiente actuación de la defensoría pública. Esto es, que la defensa técnica provista por el Estado no habría actuado de forma eficiente.

162. Por lo tanto, el presente caso plantea a la Corte la situación de tener que determinar los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por la actuación de la defensa pública en materia penal. Ahora bien, la Comisión citó aparte de sus propios criterios231, lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos232 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos233 para definir el criterio aplicable para determinar el alcance de la responsabilidad en estos casos, en el sentido que “el Estado no puede ser considerado responsable por todas las fallas de desempeño del abogado o defensor público[, e]s así como el Estado es responsable si la defensa pública incurre en omisiones o fallas que de manera evidente permitan concluir que no brindó un patrocinio efectivo”.

163. Toda vez que la defensa pública corresponde a una función estatal o servicio público, pero aún así se considera una función que debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado, la Corte estima que el Estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor. En este sentido, la Corte considera que, como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública, es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos, desarrollar controles sobre su labor y brindarles capacitaciones periódicas.

164. En atención a lo anterior, la Corte considera que, para analizar si ha ocurrido una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendrá que evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. En esta línea, la Corte procederá a realizar un análisis de la integralidad de los procedimientos, a menos que determinada acción u omisión sea de tal gravedad como para configurar por sí sola una violación a la garantía.

165. Por ejemplo, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñigo, la Corte consideró que la actitud de la defensora pública asignada al señor Lapo, en tanto no estuvo durante el interrogatorio y sólo se hizo presente para que pudiera iniciar la declaración y al finalizar la misma, era claramente incompatible con la obligación establecida en el artículo 8.2.e) de la Convención

166. Además, es pertinente precisar que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que deberá comprobarse, como se mencionó, una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En casos resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia la anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas:
a) No desplegar una mínima actividad probatoria.
b) Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado.
c) Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal.
d) Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado.
e) Indebida fundamentación de los recursos interpuestos.
f) Abandono de la defensa.

167. En el presente caso, al evaluar de manera integral las actuaciones de la defensa pública, la Corte verifica que los defensores que representaban al señor Ruano Torres no solicitaron la nulidad de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas con base en las irregularidades que habrían sucedido según lo indicado por el propio imputado y otras personas, así como sobre la base de que la víctima del delito había visto a los detenidos en los medios de comunicación (supra párr. 113). De este modo, la identificación positiva de José Agapito Ruano Torres como uno de los partícipes en el hecho punible durante el reconocimiento en rueda de personas y en la vista pública se convirtió en uno de los fundamentos de la condena. Además, la defensa pública no presentó recurso contra la condena (supra párr. 93), que permitiera obtener el doble conforme por parte de un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica al que emitió la sentencia condenatoria. La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En este sentido, la Corte resalta que tal omisión no se ve suplida por la presentación de un recurso de revisión una vez que la sentencia se encontraba en firme, el cual tiene causales de procedencia específicas y es resuelto por el mismo tribunal que dictó la sentencia. Resulta palmario en el presente caso que tales omisiones lejos de obedecer a una estrategia de defensa a favor del imputado actuaron en detrimento de los derechos e intereses del señor Ruano Torres y lo dejaron en estado de indefensión, constituyendo una vulneración del derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor.

169. A modo ilustrativo, resulta relevante referirse, en primer lugar, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina que desde larga data ha delimitado el rol de los jueces frente a situaciones en que estuviera comprometido el derecho a la defensa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha considerado que cuando “la lectura del expediente pone al descubierto una transgresión a la garantía constitucional de la defensa en juicio de tal entidad que, más allá de cualquier imperfección en la habilitación de la competencia del Tribunal para conocer de los agravios expresados, afecta la validez misma del proceso, [dicha] circunstancia […] debe ser atendida y resuelta de modo prioritario a cualquier otra cuestión que se haya planteado. Ello es así, pues constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional de [dicha] Corte el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público”.

170. De igual forma, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha afirmado que “el derecho de defensa [es] una garantía fundamental e inmanente al proceso penal, que no está librada a los resultados obtenidos en la gestión sino a la protección permanente del procesado, en procura del mantenimiento del equilibrio de los poderes que confluyen en el juego dialéctico de cara a la pretensión punitiva radicada en el Estado, debiéndose propugnar por sostener una real equiparación entre la acusación y la defensa. Dicho de otra manera, la trascendencia de una irregularidad por ausencia o abandono en el derecho de defensa se justifica a sí misma, esto es, es trascedente por sí sola”. Por consiguiente, es al juez como director del proceso a quien corresponde velar por esta garantía, lo que no obsta para que el juez de tutela pueda eventualmente amparar este derecho. En esta línea, la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido que, bajo ciertas circunstancias, será procedente la acción de tutela en caso de vulneración al núcleo esencial del derecho a la defensa técnica. Los elementos a considerar serán: “(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados -sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental-; (4) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso”.

171. Al resolver una consulta judicial preceptiva de constitucionalidad formulada por la Sala Tercera Penal, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha señalado que sólo en casos de negligencia grave y manifiesta del abogado defensor se violenta el debido proceso, por lo que “[l]a valoración que haga el sentenciado sobre la ineficiencia o falta de diligencia de su defensor no puede considerarse como una infracción al debido proceso, salvo que se trate de un caso en que esa actuación fuera del todo negligente o se evidencie que se dio en forma contraria a los intereses del defendido”249. En otra sentencia, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José sostuvo que: “[…] el asignar un profesional en derecho, para el ejercicio del derecho de defensa del imputado no constituye un simple formalismo. Se trata de un derecho fundamental que debe ser cumplido en forma plena y eficaz. En este caso en concreto [resultaban] tan groseras las falencias en el ejercicio de la defensa técnica, que evidencia[ba]n un estado de indefensión que no puede ser pasado por alto. El imputado tiene derecho a que se le juzgue, respetando las reglas que contiene el Código Procesal Penal, la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros, dentro de las cuales se encuentra el derecho de una defensa técnica adecuada, lo que no se ha cumplido en este proceso”.

172. En suma, la responsabilidad internacional del Estado será, pues, también establecida si la negligencia inexcusable o falla manifiesta de la defensa debió haber sido evidente para las autoridades judiciales o bien fueron puestas en conocimiento de las mismas y no se adoptaron las acciones necesarias y suficientes para prevenir y/o remediar la violación al derecho a la defensa, de modo tal que la situación condujo a la violación del debido proceso, atribuible al Estado.

173. En el presente caso consta que, antes de la vista pública, el señor Ruano Torres solicitó la acreditación de un defensor particular, quien solicitó la suspensión de la audiencia a fin de “estudiar mejor la causa”, lo que no fue admitido por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador (supra párr. 88). Asimismo, existieron reiteradas quejas sobre la ineficacia de la defensa pública interpuestas ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, directamente o por intermedio de otras personas, no recibiendo una respuesta favorable durante el proceso o con posterioridad al mismo (supra párrs. 85, 96 y 99). Además, tales circunstancias fueron puestas en conocimiento de la Sala de lo  Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso de hábeas corpus interpuesto, la cual mantuvo la situación imperante (supra párrs. 107, 109 y 111). De igual forma, la denuncia disciplinaria interpuesta fue declarada inadmisible por la Corte Suprema de Justicia (supra párr. 95). En suma, las autoridades judiciales fallaron en su deber de erigirse en una garantía para la vigencia efectiva del derecho a la defensa técnica.

174. En las circunstancias descritas, la Corte considera que las fallas manifiestas en la actuación de los defensores públicos y la falta de respuesta adecuada y efectiva por parte de las autoridades judiciales colocó a José Agapito Ruano Torres en un estado de total indefensión, lo cual se vio agravado por el hecho de encontrarse privado de libertad durante toda la sustanciación de su proceso. Asimismo, en virtud de dichas circunstancias, es posible considerar que no fue oído con las debidas garantías.

175. En razón de lo expuesto y del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte concluye que el Estado es responsable por la vulneración de los artículos 8.1, 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres.

VII-3 – DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DE JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES

176. La Corte ha afirmado, en reiteradas oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Este Tribunal ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de
“familiares directos” de víctimas y de otras personas con vínculos estrechos con tales víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos, tomando en cuenta, entre otros, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar253. También se ha declarado la violación de este derecho por el sufrimiento generado a partir de los hechos perpetrados en contra de sus seres queridos.

177. En casos que suponen una violación grave de los derechos humanos, tales como masacres, desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales y, más recientemente, tortura, la Corte ha considerado que la Comisión o los representantes no necesitan probar la vulneración a la integridad personal, ya que opera una presunción iuris tantum. La presunción iuris tantum tiene como consecuencia una inversión de la carga argumentativa, en la que ya no corresponde probar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de tales “familiares directos”, sino que corresponde al Estado desvirtuar la misma. Así pues, la Corte ha considerado como “familiares directos” a las madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes de personas consideradas víctimas de una violación grave de los derechos humanos. La existencia de esta presunción iuris tantum a favor de los “familiares directos” no excluye que otras personas no incluidas en esta categoría puedan demostrar la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre ellas y las víctimas del caso que permita a la Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal.

178. En casos que “por sus circunstancias no suponen una grave violación a los derechos humanos en los términos de su jurisprudencia, la vulneración de la integridad personal de los familiares, con relación al dolor y sufrimiento ocurridos, debe ser comprobada”261. Bajo esta categoría cabrían, entre otros, violaciones a los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En tales casos, la Corte por un lado evaluará la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre los familiares y la víctima del caso que les permita establecer una afectación a su integridad personal262 y, por otro lado, analizará si de la prueba que consta en el expediente se acredita una violación del derecho a la integridad personal de la presunta víctima. Para probar las afectaciones a la integridad personal de los familiares alegadas a raíz de las violaciones a los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Corte antes ha destacado y aceptado en particular pruebas de cuatro tipos de afectaciones: las afectaciones a la vida cotidiana de los familiares; las afectaciones a la salud física y mental padecidas por los familiares; las condiciones de detención precarias de sus seres queridos padecidas por los familiares durante las visitas; y las afectaciones generadas a los hijos.

179. En el presente caso, fueron alegadas como presuntas víctimas de violación del artículo 5 de la Convención las siguientes personas: María Maribel Guevara de Ruano (esposa), Oscar Manuel Ruano Guevara (hijo), Keily Lisbeth Ruano Guevara (hija), y Pedro Torres Hércules (primo). El Estado reconoció dicha violación en perjuicio de las referidas personas.

180. Fue constatado que María Maribel Guevara de Ruano y Oscar Manuel Ruano Guevara presenciaron las torturas que sufrió el señor Ruano Torres, el hijo teniendo tan sólo dos años de edad, y que posteriormente ellos sufrieron secuelas psicológicas a raíz de esta situación. Se recuerda que el hecho de haber presenciado la detención y los maltratos de un familiar puede agravar el perjuicio emocional que sufren los familiares.

181. Consta, además, en el expediente que “durante el suceso su esposa estuvo a su lado siempre apoyándolo y asistiendo al penal hasta el último día que estuvo recluido”269, por lo que se desprende que han mantenido un estrecho vínculo familiar. Constan además pruebas de los fuertes impactos que han tenido las violaciones a los derechos del señor Ruano Torres en su vida: [C]omo consecuencia de la irregular captura y proceso penal iniciado en contra de su esposo ha padecido de los nervios, se enfermó de estómago: náuseas y diarrea. Le daba miedo ver agentes policiales en la calle por las injusticias que hicieron a su esposo. Problemas para conciliar el sueño. Tenía pesadillas que golpeaban las puertas. Se sentía muy sola al faltarle el afecto de su esposo. Sufrió de depresión seis años aproximadamente, no iba al médico por falta de dinero y compraba tranquilizantes en la farmacia.  Enfrentó un embarazo prácticamente sola. La vergüenza, incomodidad, nerviosísimo al ser revisada con prepotencia, en sus partes íntimas cuando iba de visita a ver a su esposo en los centros penitenciarios.

182. La Corte nota que la señora Guevara de Ruano se vio afectada, además, por las precarias condiciones carcelarias que vivía su esposo. Al visitarle, le encontró “deprimido, temeroso, delgado, la cara manchada, pálido” y padeciendo varias condiciones de la piel. Ella sufrió además el temor, angustia e incertidumbre generado por un motín ocurrido en la cárcel donde estuvo recluido el señor Ruano Torres en 2007 (supra párr. 101). Ella sostuvo: Después de veinticinco días de la masacre del centro penitenciario de Apanteos ocurrida el cinco de enero de dos mil siete, tuvo conocimiento que su esposo estaba vivo. Encontró a su esposo con ropa vieja y rota que no era de él, con un zapato de uno y de otro, se vistió con ropa de cadáveres pues esa ropa no era la que ella le llevaba. No le daban comida ni agua, encontrándolo hambriento, sufrieron pensando que podía haber fallecido su esposo y lo más desesperante era no tener noticias, les decían que fueran a ver a la Morgue.

183. Por todo lo anterior, se desprende que María Maribel Guevara de Ruano padeció afectaciones psíquicas y físicas a raíz de las circunstancias de la detención de su esposo y su posterior privación de libertad arbitraria, y a su vida cotidiana por tener que criar sus hijos y velar por ellos sin el apoyo de su esposo.

184. Respecto de los hijos de José Agapito Ruano Torres y María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara y Keily Lisbeth Ruano Guevara, también constan pruebas en el expediente de que la privación arbitraria de la libertad de su padre tuvo un fuerte impacto en sus vidas. Respecto de Oscar Manuel, se señaló en el expediente que en los años posteriores a la detención de José Agapito Ruano Torres, “lloraba por su papá. Al ver las fotos del papá destruía lo que tuviera en las manos. Al ir creciendo, el niño se puso rebelde, aplazó tres años en la escuela en el tercer grado. Preguntaba por qué estaba en la cárcel su papá”. Respecto de Keily Lisbeth, se constata que nació en el año 2009, y el señor Ruano Torres no recibió la libertad condicional hasta el año 2012. Por lo tanto, Keily Lisbeth pasó los primeros tres años de vida sin la presencia de su padre. La psicóloga Diana Lourdes Miranda Guerrero informó, además, que después de su salida de la cárcel en condición de libertad condicional, el señor Ruano Torres “t[enía] dificultades para retomar su papel de padre a tiempo completo”, lo cual también perjudicaría el vínculo entre los hijos y su padre.

185. De lo constatado en el expediente, se desprende que, a raíz de la privación arbitraria de libertad y violación de las garantías judiciales del señor Ruano Torres, sus hijos no contaron con la cercanía de la figura paterna y han sufrido por las consecuencias emocionales y económicas de la situación que padeció la víctima. Es decir, que han padecido afectaciones a su integridad psíquica y moral, además de a su desarrollo personal, debido a la privación de libertad arbitraria del señor Ruano Torres.

186. Además, la Corte considera ampliamente probado el compromiso de Pedro Torres Hércules en la búsqueda de justicia para su primo. Se toma nota en particular del hecho de que, una vez que se enteró de la detención del señor Ruano Torres, “[d]udando que su primo hiciera algo así, meditándolo se vino al país de El Salvador” desde Guatemala, donde se encontraba viviendo en ese entonces. Desde ese momento, se ha involucrado constantemente en la búsqueda de justicia para su primo, y fue debido su actuación que el caso llegó a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte. El Estado expresó que “su compromiso con el caso y con la justicia para su primo es indudable”.

187. El señor Torres Hércules manifestó además haber dejado su trabajo durante algún tiempo para seguir el caso, por lo que sintió efectos económicos y en su vida familiar, y sufrió junto con los familiares directos la incertidumbre y el temor por la vida de su primo durante el motín en 2007. Sostuvo que después del motín “en el que hubo muchos muertos […] fueron más de veinte días de incertidumbre pensando que entre los muertos se encontraba su primo Agapito, sin saber si le había ocurrido una desgracia, fueron días de mucho sufrimiento y desesperanza [y s]in obtener respuesta de las autoridades penitenciarias”. Por lo tanto, la Corte da por probado la relación entre Pedro Torres Hércules y José Agapito Ruano Torres, el involucramiento profundo de Pedro Torres Hércules en la búsqueda de justicia para su primo, y las afectaciones sufridas a raíz de la privación de libertad arbitraria y condiciones carcelarias padecidas por su primo.

188. Por todo lo anterior, la Corte concluye que María Maribel Guevara de Ruano y Oscar Manuel Ruano Guevara sufrieron dolor y angustia al presenciar las torturas padecidas por José Agapito Ruano Torres, y que María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules sufrieron dolor y angustia, además de sentimientos de frustración e impotencia, a raíz de las violaciones de los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y por las condiciones carcelarias precarias padecidas por José Agapito Ruano Torres. En razón de lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules.

VIII – REPARACIONES

(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)

189. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana279, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.

190. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron281. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados.

191. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho.

192. En consideración de las violaciones a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, así como los argumentos del Estado, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar284, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas.

A. Parte Lesionada

193. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la
Convención, a quienes han sido declarados víctimas de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, la Corte considera como “parte lesionada” a José Agapito Ruano Torres, María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en esta Sentencia, serán considerados beneficiarias y beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordene.

B. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables

B.1 Respecto de la tortura

Argumentos de las partes y de la Comisión

194. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado “llevar a cabo una investigación seria, diligente y efectiva, en un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tortura descritos por el señor Ruano Torres, individualizar a los responsables e imponer las sanciones que correspondan”.

195. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado “llev[ar] a cabo una
investigación seria, diligente y efectiva, en un plazo razonable, para establecer los hechos de tortura descritos y denunciados,” y que “se individuali[zara] a los responsables así como se impongan las sanciones correspondientes”.

196. El Estado manifestó que la investigación para el esclarecimiento de los hechos de tortura, individualización de los responsables e imposición de sanciones, fue instruido por parte de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y remitido a la Unidad de Asuntos Internos, responsable de conducir esta investigación.

Consideraciones de la Corte

197. La Corte declaró en la presente Sentencia, inter alia, que el señor José Agapito Ruano
Torres fue sometido a actos de tortura al momento de su detención y que existió un
incumplimiento del deber de garantía al no haber investigado los actos de tortura (supra párrs. 123 y 125).

198. Por esta razón, como lo ha dispuesto en otras oportunidades286, es necesario que dichos hechos sean efectivamente investigados en un proceso dirigido contra los presuntos responsables de las vulneraciones a la integridad personal. En consecuencia, esta Corte dispone que el Estado debe iniciar y conducir eficazmente, en un plazo razonable, la investigación y proceso penal de los actos violatorios del artículo 5.2 de la Convención cometidos en contra del señor José Agapito Ruano Torres, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. Para ello, el Estado debe emprender con seriedad todas las acciones necesarias con el fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos denunciados por el señor Ruano Torres, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. Asimismo, las autoridades competentes deberán tomar en consideración las normas internacionales de documentación e interpretación de los elementos de
prueba forense respecto de la comisión de actos de tortura y particularmente las definidas en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“el Protocolo de Estambul”).

199. La Corte nota que el Estado manifestó que algunos policías responsables de tal violación habrían fallecido o que ya no pertenecerían al cuerpo policial. No obstante, ello no obsta al inicio de las investigaciones pertinentes respecto a quienes hubieran dejado de pertenecer a la corporación policial, ya que a los fines de la verificación de los elementos del tipo penal basta con la comprobación de los hechos de acuerdo a las circunstancias al momento de la comisión del hecho punible.

B.2 En cuanto al actuar de la defensa pública

Argumentos de las partes y de la Comisión

200. La Comisión recomendó a la Corte que ordenara al Estado “disponer las medidas administrativas, disciplinarias y penales correspondientes por las acciones u omisiones de los funcionarios estatales (agentes policiales, fiscales, defensa pública y jueces de las diversas instancias) que contribuyeron con su actuación a la violación de los derechos en perjuicio de José Agapito Ruano Torres”.

201. De igual forma, los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado “sancionar a los agentes del Estado (policías, jueces, defensores públicos) responsables de la […] condena de [José] Agapito”.

202. El Estado informó que había instruido al Departamento de Investigación Judicial realizar “las auditorías pertinentes y proced[er] conforme al régimen disciplinario establecido en la Ley de la Carrera Judicial, a fin de determinar la existencia de responsabilidad en relación al caso”.
Asimismo, indicó que la Procuradora General “informó el inicio inmediato de un proceso administrativo, para analizar el rol que la defensa pública tuvo en el caso, con el fin de determinar las responsabilidades si las hubiere y aplicar las sanciones correspondientes, si procedieran”.

Consideraciones de la Corte

203. La Corte ha declarado en esta sentencia que se violaron los artículos 8.1, 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, debido al estado de indefensión en que se encontró el señor Ruano Torres durante la sustanciación del proceso penal en su contra por la deficiente actuación de la defensa pública, la cual tampoco fue garantizada por las autoridades judiciales (supra Capítulo VII-2).

204. La Corte toma nota que, a pesar de que el Estado manifestó estar realizando investigaciones respecto del actuar del Poder Judicial y la Defensa Pública, hasta la fecha no se ha entregado ninguna prueba concreta de la existencia de estas investigaciones y sus resultados.

205. Esta Corte considera que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios de la defensoría pública que contribuyeron con su actuación a la violación de los derechos en perjuicio de José Agapito Ruano Torres y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley prevea.

C. Medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición

C.1 Restitución

Argumentos de las partes y de la Comisión

206. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado “adoptar a la brevedad posible las medidas necesarias para anular los efectos de la condena del señor Ruano Torres, incluyendo las medidas sustitutivas a la privación de libertad que [en ese entonces] se encontr[aban] en vigencia”, y que, “en caso que la víctima así lo desee, revis[ar] la condena a fin de que la misma se ajuste a los estándares en materia de presunción de inocencia y derechos de defensa”.
Posteriormente, la Comisión advirtió que, una vez que el señor Ruano Torres hubiera cumplido la sentencia condenatoria, el recurso de hábeas corpus ya no sería el recurso “idóneo” para revisar la sentencia, y solicitó a la Corte que ordenara al Estado “dejar sin efecto alguno la sentencia condenatoria […] y […] anular los antecedentes judiciales o de otro tipo que existan en contra de la víctima en relación con los hechos del presente caso”.

207. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado “anular los efectos de la condena de la presunta víctima”. Posteriormente, solicitaron que se promoviera una nueva audiencia de revisión de la sentencia condenatoria para “anul[ar] la sentencia condenatoria impuesta a José Agapito Ruano Torres al igual que los efectos de las misma”. Asimismo, solicitaron a la Corte que ordenara “la eliminación del nombre de la víctima de los registros públicos en los que aparece, como consecuencia de la sentencia condenatoria […] y en los registros de antecedentes penales”.

208. El Estado expresó su voluntad de atender las recomendaciones realizadas por la Comisión, y señaló que entendía que la reparación encuentra su valor en la medida en que se logre un avance en el conjunto de recomendaciones realizadas. El Estado precisó que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador había realizado una audiencia especial de revisión de sentencia firme el 2 de septiembre de 2014 y había confirmado la sentencia condenatoria. No obstante, señaló que la anulación de la sentencia “es una posibilidad que todavía se encuentra abierta”, visto que “desde unos años para acá la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en materia de hábeas corpus ha tenido un avance importante que podría generar en este momento, pues, la posibilidad de una decisión diferente”. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha dejado sin efecto la sentencia condenatoria contra José Agapito Ruano Torres, a pesar de varios recursos de revisión interpuestos.

Consideraciones de la Corte

209. En esta Sentencia la Corte declaró al Estado de El Salvador responsable por la violación de los artículos 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.d), 8.2.e) y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres. La Corte constató la violación de la presunción de inocencia en virtud de que el proceso penal seguido contra el señor Ruano Torres no logró desterrar cualquier vestigio de duda sobre la identificación de la persona que respondía al nombre de El Chopo (supra párrs. 129 a 135). Asimismo, en el presente caso no existió un control judicial de la decisión de condena, toda vez que la defensa técnica fue ineficaz y no interpuso el recurso contra la sentencia condenatoria (supra párr. 167).
Además, los recursos de revisión no constituyeron un recurso efectivo para remediar las vulneraciones de derechos humanos y, en particular, para controlar el respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa técnica (supra párrs. 137 a 139). Por lo tanto, la privación de libertad del señor Ruano Torres en virtud de un proceso penal violatorio de las garantías judiciales devino arbitraria (supra párr. 142).

210. La Corte advierte que en este caso al momento de emisión de la presente Sentencia el señor Ruano Torres ha cumplido con la totalidad de su condena (supra párr. 105), de modo tal que no es posible la restitución del tiempo que ha pasado privado de libertad en forma arbitraria.

211. En consecuencia y atendiendo a las violaciones establecidas en el presente caso, el Tribunal determina que la sentencia de condena que fue emitida en el proceso penal No. 77-2001-2 en contra de José Agapito Ruano Torres carece de efectos jurídicos en lo que respecta a la víctima en el presente caso y, por lo tanto, dispone que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto las consecuencias que de ella se derivan así como los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales, que existan en su contra a raíz de dicho proceso. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

212. Adicionalmente, la Corte estima pertinente otorgar un monto indemnizatorio que atienda a compensar el hecho de que fue privado de libertad arbitrariamente por 12 años, 6 meses y 22 días en violación de las garantías procesales (infra párr. 250).

C.2 Rehabilitación

C.2.a Tratamiento psicológico y/o psiquiátrico

Argumentos de las partes

213. El Estado ofreció en la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos brindar al
señor José Agapito Ruano Torres y su familia “tratamiento psicológico […] a través de los
servicios públicos de salud y previa evaluación de sus necesidades individuales, para apoyar la integración de su grupo familiar”.

214. En sus alegatos finales escritos, los representantes aceptaron “el ofrecimiento de rescatar el tejido familiar haciéndose cargo del tratamiento psicosocial a José Agapito Ruano Torres y su familia en instituciones del Estado[,] o si no cuenta con este tipo de facilidades que se financie en centros de tratamiento o clínicas privadas[,] para hacerlo efectivo y no tornar ilusoria la reparación de las secuelas psicológicas”. Agregaron que “[d]icho tratamiento debe brindársele sin costo alguno con la atención adecuada además de científica de psicólogos y trabajadores sociales que apliquen un programa de tratamiento cónsono con el perfil y características que presentan José Agapito Ruano Torres y familia”. La Comisión no se pronunció al respecto.

Consideraciones de la Corte

215. Habiendo constatado las afectaciones a la integridad personal sufridas por José Agapito Ruano Torres y sus familiares María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules por los hechos del presente caso (supra Capítulo VII), la Corte estima, como lo ha hecho en otros casos288, que es pertinente disponer una medida de reparación a favor de todos ellos, que brinde una atención adecuada a los padecimientos psíquicos derivados de las violaciones establecidas en la presente Sentencia. Por consiguiente, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico si así lo solicitan, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran.  Asimismo, el tratamiento respectivo deberá prestarse, en la medida de lo posible, en el centro más cercano a sus lugares de residencia en El Salvador por el tiempo que sea necesario.

216. Al proveer el tratamiento a las víctimas se deben considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual. Las víctimas que soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.

C.2.b Formación académica o vocacional

Argumentos de las partes

217. El Estado ofreció en la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos brindar al señor José Agapito Ruano Torres y su familia “formación técnica, vocacional, o formal, de acuerdo con los intereses” del señor Ruano Torres y sus familiares.

218. En sus alegatos finales escritos, los representantes aceptaron “[l]a asignación de becas de estudio en centros educativos nacionales de nivel primario, nivel medio o superior  según sea el caso”, para el señor Ruano Torres y sus familiares, “incluido Pedro Torres Hércules […] si desean alcanzar la culminación de estudios universitarios o a nivel técnico superior, ello para poder retomar el proyecto de vida truncado”. La Comisión no se pronunció al respecto.

Consideraciones de la Corte

219. La Corte ha establecido en la presente Sentencia que los hechos del caso generaron una afectación en el señor Ruano Torres y en sus familiares que ocasionó cambios significativos tanto en sus vidas como en sus relaciones, afectando así su desarrollo personal (supra Capítulo VII-3).
En atención a lo anterior, y teniendo en consideración el ofrecimiento del Estado, como lo ha dispuesto el Tribunal en otros casos, la Corte estima oportuno ordenar, como medida de satisfacción, que el Estado otorgue becas en instituciones públicas salvadoreñas, en beneficio de José Agapito Ruano Torres y sus familiares María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules, que cubran todos los costos de su educación hasta la conclusión de sus estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios. El cumplimiento de esta obligación por parte del Estado implica que los beneficiarios lleven a cabo ciertas acciones orientadas al ejercicio de su derecho a esta medida de reparación. Por lo tanto, quienes soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, para que den a conocer al Estado sus solicitudes de becas.

C.3 Satisfacción

C.3.a Publicación de la sentencia

Argumentos de las partes

220. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la publicación, “al menos una vez en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional”. La Comisión destacó la importancia de la publicación de la sentencia.

221. El Estado ofreció “la publicación por una vez del resumen oficial que la Corte dicte en el presente caso en el Diario Oficial y en un sitio web oficial por el período de un año”.

Consideraciones de la Corte

222. La Corte dispone que el Estado publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y c) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en la página principal de un sitio web oficial de carácter nacional, de manera accesible al público.

C.3.b Placa conmemorativa

Argumentos de las partes

223. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado “colocar una placa en la sede de la defensa pública penal de El Salvador con el nombre de [José Agapito Ruano Torres] para que simbólicamente tengan presente los defensores públicos de dicha institución el deber de velar por tan sagrada profesión”. La Comisión no se pronunció al respecto.

224. El Estado ofreció colocar una placa de reconocimiento de responsabilidad en la Defensoría Pública Penal por un período de dos años.

Consideraciones de la Corte

225. Teniendo en cuenta la conformidad expresada por el Estado y los hechos del presente caso, la Corte dispone que el Estado coloque una placa en un lugar visible de la sede de la Unidad de Defensoría Pública con el propósito de despertar la conciencia institucional para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en el presente caso. La placa deberá ser instalada dentro del año siguiente a la notificación de la presente Sentencia. El contenido de dicha placa deberá ser acordado entre las víctimas o sus representantes y el Estado.

C.4 Garantías de no repetición

C.4.a Programas de formación y capacitación

Argumentos de las partes y de la Comisión

226. La Comisión subrayó la necesidad de que el Estado adoptara las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares a los del presente caso. En particular, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la implementación de “programas de formación para los funcionarios estatales que tengan en cuenta las normas internacionales establecidas en los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Protocolo de Estambul”. Estos programas deben “conform[ar] al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana”.

227. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado desarrollar “programas de formación para los funcionarios estatales que tengan en cuenta las normas internacionales establecidas en los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Protocolo de Estambul”.

228. Por su parte, el Estado manifestó que, desde el año 2009 a la fecha, ha implementado
varios programas de formación en derechos humanos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, que se encarga de la formación inicial de agentes policiales; en la Escuela de Capacitación Fiscal de la Fiscalía General de la República; en la Procuraduría General de la República; y en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. En particular, señaló que la Academia Nacional de Seguridad Pública “reforzó los programas de formación y el estudio de instrumentos como el Protocolo de Estambul, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes de Naciones Unidas y una vez que exista una decisión de esta Corte sobre el caso, ést[a] será utilizad[a …] como caso de estudio en la formación del personal docente de dicha institución”; que “la Procuraduría General de la República ha estructurado un módulo de formación en derecho internacional de los derechos humanos, y también ha ofrecido reforzar la capacitación a nivel nacional en temas como hábeas corpus”; y que la Escuela de Capacitación Judicial también “imparte cursos de instrumentos de protección internacional de los derechos humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Manifestó, asimismo, que la Fiscalía General de la República ya ha implementado una Política de Persecución Penal que requiere que en el ejercicio de sus funciones todos los fiscales deben respetar los derechos fundamentales del imputado y fiscalizar su respeto por parte de los jueces y los oficiales, agentes y auxiliares de la Policía Nacional Civil en sus actuaciones.
Además, el Estado propuso que el señor Pedro Torres Hércules compartiera su experiencia frente al sistema interamericano en los cursos de formación impartidos en la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

Consideraciones de la Corte

229. Esta Corte ha establecido que la capacitación de funcionarios públicos es una medida importante para garantizar la no repetición de los hechos que generaron las violaciones, y ha ordenado la capacitación de policías, fiscales, y jueces en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura en varios casos. En el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, esta Corte ordenó la creación de un programa o curso permanente y obligatorio sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, destinado a la Fuerza Armada de El Salvador. En el Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador ordenó la implementación de programas permanentes de derechos humanos dirigidos a policías, fiscales, jueces y militares, así como a funcionarios encargados de la atención a familiares y víctimas de desaparición forzada de personas, en los cuales se incluya el tema de los derechos humanos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado interno y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como del control de convencionalidad. Hasta la fecha, la Corte no ha ordenado ningún programa de capacitación relativo a la investigación y documentación eficaces de la tortura, dirigido a la Policía Nacional Civil y/o a los órganos relacionados con el sistema de administración de justicia en El Salvador.

230. La Corte valora positivamente la voluntad expresada por el Estado de mejorar la formación del personal de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General, la Procuraduría General y el Poder Judicial de la República en materia de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado no ha remitido a la Corte ninguna prueba concreta de la existencia y funcionamiento de los programas de formación que señaló.

231. La Corte encuentra que, a la luz de los hechos del caso, resulta importante fortalecer las capacidades institucionales del personal de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República como garantía de no repetición. Para ello, la Corte dispone que el Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios y permanentes sobre los principios y normas de la protección de los derechos humanos, en particular las normas internacionales establecidas en los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes, como parte de la formación general y continua de dichos funcionarios estatales.
En estos programas o cursos se deberá hacer referencia a la presente Sentencia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la integridad personal y la prohibición de la tortura, así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte El Salvador.

232. En sus alegatos finales escritos, los representantes solicitaron a la Corte que, además, ordenara al Estado “hacerse la [capacitación en derechos humanos] extensiva a la sociedad en general, incluirse como curso o materia obligatoria en el nivel medio de educación y mediante cápsulas en los medios de comunicación masiva”. En cuanto a dicha solicitud, la Corte observa que no fue presentada en el momento procesal oportuno, esto es, en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ante este Tribunal, por lo que es extemporánea y no será considerada.

C.4.b Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Unidad de Defensoría Pública de El Salvador

Argumentos de las partes

233. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado “revis[ar] el actuar de la defensa pública penal de El Salvador y dispon[er de] las medidas necesarias para evitar la repetición”. La Comisión y el Estado no se pronunciaron al respecto.

Consideraciones de la Corte

234. En atención a las violaciones establecidas en el presente caso y la necesidad de que los defensores públicos puedan brindar un servicio de asistencia jurídica de calidad para evitar la repetición de hechos como los del presente caso, la Corte considera pertinente disponer que el Estado debe reforzar, en un plazo razonable, los sistemas de selección de defensores públicos que aseguren la designación de personas que cumplan con los requisitos de idoneidad y capacidad técnica comprobada, así como desarrollar controles a través de protocolos para asegurar la eficacia de la gestión de la defensa pública en materia penal.

235. De igual forma, la Corte considera importante fortalecer las capacidades institucionales del Estado mediante la capacitación de los defensores públicos, a fin de evitar que hechos como los analizados en esta Sentencia se repitan. Por lo tanto, la Corte dispone que el Estado debe implementar, en un plazo razonable, si no existieran actualmente o, en su caso, fortalecer los programas de capacitación, como sistema de formación continua, dirigidos a los defensores públicos que contemplen, entre otros, cursos o módulos sobre los estándares internacionales en derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa e incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo cual deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias adecuadas.

C.4.c Otras medidas solicitadas

Argumentos de las partes

236. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado realizar “un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y desagravio a las víctimas”. Ni la Comisión ni el Estado se pronunciaron al respecto.

Consideraciones de la Corte

237. La Corte considera que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas resultan suficientes y adecuadas para compensar las violaciones sufridas por las víctimas del presente caso, por lo que no estima necesario ordenar la referida medida solicitada por los representantes.

D. Indemnizaciones compensatorias

D.1 Daño material

Argumentos de las partes y de la Comisión

238. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara el Estado “[r]eparar integralmente a las víctimas del presente caso de forma que se incluya el aspecto material como inmaterial”.

239. Los representantes solicitaron en concepto de daño emergente: a) los gastos y erogaciones ocasionadas por la privación de libertad indebida, y b) los gastos por la tramitación del juicio en el derecho interno y por el procedimiento ante la Comisión. En concepto de “gastos varios, visitas, viáticos, materia prima, pasajes y hospedaje” calcularon US$ 1.920 anuales en razón de 48 visitas por cada año, lo que hace un total de US$ 17.280 ya que se trata en este caso de nueve años. Detallaron el pago de tres colones cada domingo, obligatorio para asistir a fiestas autorizadas por la Dirección del Penal; gastos en salidas de otorgamiento de fase de confianza; gastos de visitas del padre del señor Ruano Torres; visitas mensuales de su esposa y sus hijos. En lo que se refiere al “tratamiento médico y psicológico futuro” los representantes detallaron los siguientes montos: por consultas básicas “médica terapéutica” para los integrantes de la familia la suma de US$ 23.040 por tres años para cuatro personas, y por “tratamientos extensivos” un monto global de US$ 23.000. Asimismo, presentaron el cálculo de salarios dejados de percibir por Pedro Torres Hércules durante 13 años, “durante el seguimiento y trámites ejecutados en el proceso jurídico” del señor José Agapito Ruano Torres, por un total de US$ 107.634,48. En lo que se refiere a la pérdida de ingresos detallaron un cálculo de salarios dejados de percibir entre el año 2000 y 2013 por José Agapito Ruano Torres por un total de US$ 36.615,99. Finalmente, indicaron los montos relativos a los gastos por la tramitación del juicio en el derecho interno y procedimiento ante la Comisión, en los siguientes términos: US$ 3.847 anuales; US$ 457.14 por asistencia en vista pública al abogado particular; US$ 3.500 por interposición de recurso de revisión; US$ 600 por audiencia judicial de libertad; US$ 572 en concepto de responsabilidad civil cancelado; US$ 25.000 por gastos generados en trámites.

240. El Estado indicó que el señor Ruano Torres realizó trabajos remunerados en el área de la construcción desde el año 2010 durante las fases de confianza y semi-libertad. Además, indicó que en El Salvador el salario mínimo en la industria de la construcción es normado por un contrato colectivo de trabajo e indicó los salarios de obreros calificados y auxiliares entre 2011 y 2013. Resaltó, además, que el trabajo en construcción no corresponde a un empleo de carácter permanente.

Consideraciones de la Corte

241. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los
supuestos en que corresponde indemnizarlo. La Corte ha establecido que el daño material
supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”.

242. Respecto de este concepto, la Corte toma nota de que los daños concretos señalados por los representantes fueron la pérdida de ingresos de José Agapito Ruano Torres, la pérdida de ingresos de Pedro Torres Hércules, los gastos en tratamientos médicos y psicológicos hasta la fecha, los gastos asociados con viáticos, pasajes y hospedaje para visitar al señor Ruano Torres mientras estuvo recluido y los gastos en la tramitación del proceso interno y ante la Comisión Interamericana. La Corte no cuenta, sin embargo, con elementos probatorios para determinar con precisión el daño material causado en el presente caso.

243. La Corte constata que José Agapito Ruano Torres se dedicaba con anterioridad a los hechos a actividades de albañil u obrero (supra párr. 57). La determinación de la  indemnización por pérdida de ingresos en el presente caso debe calcularse con base en el período de tiempo que la víctima permaneció sin laborar privada de libertad y de acuerdo a los montos correspondientes al salario mínimo indicados por el Estado respecto a la actividad a la que se dedicaba al momento de los hechos, así como teniendo en cuenta las observaciones presentadas, ya que en el expediente no constan suficientes elementos probatorios para calcular exactamente a cuánto ascendían sus ingresos mensuales. Por lo anterior, la Corte estima pertinente fijar en equidad la suma de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Agapito Ruano Torres, por concepto de indemnización por los ingresos que dejó de percibir por el tiempo que estuvo privado de su libertad en violación de los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana.

244. Además, esta Corte considera que las erogaciones que obedecen a los esfuerzos económicos que realizó el señor Ruano Torres, su esposa María Maribel Guevara de Ruano y su primo Pedro Hércules Torres en razón de la privación de la libertad y para reclamar justicia deben ser indemnizadas como parte del daño emergente. Por lo tanto, dentro de este rubro serán considerados los alegatos relativos a la pérdida de ingresos de Pedro Torres Hércules.

245. En vista de ello, y tomando en cuenta el tiempo transcurrido, la Corte fija en equidad las siguientes sumas por concepto de daño emergente: a) US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de José Agapito Ruano Torres; b) US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de María Maribel Guevara de Ruano, y c) US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Pedro Torres Hércules.

D.2 Daño inmaterial

Argumentos de las partes y de la Comisión

246. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara el Estado “[r]eparar integralmente a las víctimas del presente caso de forma que se incluya el aspecto material como inmaterial”.

247. Los representantes indicaron que “[c]orresponde que la Corte Interamericana valore no sólo el menoscabo a la integridad psíquica y moral a cada uno de [los beneficiarios] sino, también, el impacto que ello produjo en sus relaciones sociales, en su vida cívica y laboral y la alteración que ello ocasionó en la dinámica del grupo familiar, que nunca pudo regresar a las condiciones de vida existentes previo a los hechos”. En cuanto a la reparación correspondiente a la integridad personal calcularon US$ 100.000 por año, y ya que fueron doce años y seis meses con veintidós días de prisión los padecidos, estimaron el total en US$ 1.250.000 por este rubro.
En cuanto a la reparación moral calcularon US$ 100.000 por año constituyendo también un total de US$ 1.250.000 por este rubro. Asimismo, solicitaron un monto por daño al proyecto de vida y al derecho de esparcimiento que calcularon en US$ 20.000 por año, siendo el total por doce años, de US$ 240.000.

248. El Estado no se pronunció al respecto.

Consideraciones de la Corte

249. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede constituir per se una forma de reparación. No obstante, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”.

Considerando las circunstancias del caso sub judice, la Corte estima pertinente fijar una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños inmateriales.

250. Para evaluar las reparaciones por concepto de daño inmaterial en el presente caso, la Corte ha tomado en consideración las diversas clases de daños inmateriales a los que los representantes han hecho referencia, incluido el daño al proyecto de vida. Al fijar la compensación por daño inmaterial en el presente caso, se debe considerar que las actuaciones que se siguieron en contra del señor Ruano Torres no cumplieron con los requisitos del debido proceso, de modo tal que la falta de garantías judiciales conllevó a una privación de libertad arbitraria (supra párr. 142). El señor Ruano Torres fue condenado a una pena privativa de libertad, debiendo permanecer en prisión separado de su familia 12 años, 6 meses y 22 días.
Naturalmente, la persona sometida a detención arbitraria experimenta un profundo sufrimiento, que se agrava si se toma en cuenta que no se han investigado los hechos relacionados con los actos de tortura denunciados. Por estas razones, este Tribunal considera que se presume que las violaciones de esta naturaleza causan daños inmateriales a quien las padece. Por otro lado, la Corte constató el dolor y el sufrimiento padecido por los familiares a raíz de los hechos del caso, así como el impacto en su economía y alteración en los roles familiares (supra Capítulo VII-3).

251. De conformidad con los criterios desarrollados por la Corte sobre el concepto de daño inmaterial302 y atendiendo a las circunstancias del presente caso, el carácter y la gravedad de las violaciones cometidas, así como los sufrimientos ocasionados a las víctimas en su esfera física, moral y psicológica, la Corte fija en equidad, las siguientes sumas de dinero: a) de US$ 130.000,00 (ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) por los daños inmateriales sufridos por José Agapito Ruano Torres; b) de US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por los daños inmateriales sufridos por María Maribel Guevara de Ruano; c) de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por los daños inmateriales sufridos por Oscar Manuel Ruano Guevara; d) de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por los daños inmateriales sufridos por Keily Lisbeth Ruano Guevara, y e) de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) por los daños inmateriales sufridos por Pedro Torres Hércules.

E. Costas y gastos

Argumentos de las partes

252. Los representantes solicitaron un monto relativo a las costas procesales a nivel nacional y de la tramitación del caso ante la Comisión Interamericana. La Comisión no se pronunció al respecto.

253. El Estado reconoció su obligación de pagar las costas y gastos de la víctima “una vez […] declarada su responsabilidad internacional”, y solicitó que la Corte constatara que se encuentran “debida y suficientemente justificadas y comprobadas”.

Consideraciones de la Corte

254. La Corte no ordenará el pago de costas y gastos a favor de las víctimas pues los gastos por la tramitación del proceso a nivel interno y ante la Comisión Interamericana fueron considerados bajo el rubro de daño emergente (supra párrs. 244 y 245).

255. Como lo ha hecho en otros casos303, en la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer el reembolso por parte del Estado a las víctimas o sus representantes de gastos posteriores razonables y debidamente comprobados.

F. Fondo de asistencia de víctimas

256. En el 2008 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual fue creado con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema”. En el presente caso se otorgó con cargo a dicho Fondo la asistencia económica necesaria para cubrir los gastos de: i) el viaje realizado por el defensor interamericano a El Salvador para entrevistarse con las presuntas víctimas, en lo que corresponda y en cuanto haya sido debidamente sustentado; ii) viaje y estadía necesarios para que los dos defensores interamericanos asistan a la audiencia pública a ejercer sus labores de representación de las presuntas víctimas; iii) viaje y estadía necesarios para que José Agapito Ruano Torres compareciera en dicha audiencia a rendir su declaración; iv) formalización y envío de las declaraciones ante fedatario público de Pedro Torres Hércules y María Maribel Guevara de Ruano, así como de la perito Diana Lourdes Miranda Guerrero, y v) los demás gastos razonables y necesarios en que hayan incurrido o puedan incurrir los defensores interamericanos, para lo cual debían remitir al Tribunal tanto la justificación de tales gastos como sus comprobantes a más tardar con la presentación de los alegatos finales escritos, siendo esa la última oportunidad procesal para hacerlo, salvo que la Presidencia o la Corte otorgasen alguna otra oportunidad procesal.

257. El Estado tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones sobre las erogaciones realizadas en el presente caso, las cuales ascendieron a la suma de US$ 4.555,62 (cuatro mil quinientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y dos centavos). El Salvador no presentó observaciones en el plazo otorgado a tal efecto (supra párr. 12).

Consideraciones de la Corte

258. A continuación, corresponde a la Corte, en aplicación del artículo 5 del Reglamento del Fondo, evaluar la procedencia de ordenar al Estado demandado el reintegro al Fondo de Asistencia Legal correspondiente a la Corte Interamericana de las erogaciones en que se  hubiese incurrido.

259. En razón de las violaciones declaradas en la presente Sentencia y que se cumplió con los requisitos para acogerse al Fondo, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la cantidad de US$ 4.555,62 (cuatro mil quinientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y dos centavos) por concepto de los gastos necesarios realizados para la comparecencia de los declarantes y de los defensores interamericanos en la audiencia pública del presente caso, así como para la formalización y envío de los affidávits. Dicha cantidad deberá ser reintegrada en el plazo de noventa días, contados a partir de la notificación del presente Fallo.

G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

260. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.

261. En caso de que los beneficiarios fallezcan, antes de que les sean entregadas las indemnizaciones respectivas, éstas se efectuarán directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

262. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América.

263. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera salvadoreña solvente, en dólares de los Estados Unidos de América y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria del Estado. Si al cabo de 10 años las indemnizaciones no han sido reclamadas, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

264. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra conforme a lo establecido en este  Fallo, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

265. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República de El Salvador.

IX – PUNTOS RESOLUTIVOS

266. Por tanto,

LA CORTE DECIDE,

Por unanimidad,

1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 15 a 37 de la presente sentencia.

DECLARA, por unanimidad, que:

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura, reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, en los términos de los párrafos 118 a 123 de la presente sentencia.

3. El Estado es responsable por la falta de garantía del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2, en relación con el artículo 1.1 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, respecto de la obligación de investigar los actos de tortura, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, en los términos de los párrafos 124 a 125 de la presente sentencia.

4. El Estado es responsable por la violación de la presunción de inocencia, reconocida en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, en los términos de los párrafos 126 a 135 de la presente sentencia.

5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, en los términos de los párrafos 136 a 139 de la presente sentencia.

6. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7.1, 7.3 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, en los términos de los párrafos 140 a 146 de la presente sentencia.

7. El Estado es responsable por la violación del derecho a la defensa y a ser oído con las debidas garantías, reconocidos en los artículos 8.1, 8.2.d) y 8.2.e) de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, en los términos de los párrafos 150 a 175 de la presente sentencia.

8. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules, en los términos de los párrafos 176 a 188 de la presente sentencia.

Y DISPONE por unanimidad, que:

9. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.

10. El Estado debe iniciar y conducir eficazmente, en un plazo razonable, la investigación y proceso penal de los actos violatorios del artículo 5.2 de la Convención cometidos en contra del señor José Agapito Ruano Torres, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, en los términos de los párrafos 197 a 199 de la presente sentencia.

11. El Estado debe, dentro de un plazo razonable, determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios de la defensoría pública que contribuyeron con su actuación a la violación de los derechos en perjuicio de José Agapito Ruano Torres y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley prevea, en los términos de los párrafos 203 a 205 de la presente sentencia.

12. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectiva la declaratoria contenida en el párrafo 211 de esta sentencia y, por lo tanto, dejar sin efecto todas las consecuencias que de la sentencia de condena que fue emitida en el proceso penal No. 77-2001-2 en contra de José Agapito Ruano Torres se derivan, así como los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales, que existan en su contra a raíz de dicho proceso, en los términos de los párrafos 209 a 212 de la presente sentencia.

13. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico si así lo solicitan, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, en los términos de los párrafos 215 a 216 de la presente sentencia.

14. El Estado debe otorgar becas en instituciones públicas salvadoreñas, en beneficio de José Agapito Ruano Torres y sus familiares María Maribel Guevara de Ruano, Oscar Manuel Ruano Guevara, Keily Lisbeth Ruano Guevara y Pedro Torres Hércules, que cubran todos los costos de su educación hasta la conclusión de sus estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios, en los términos del párrafo 219 de la presente sentencia.

15. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 222 de la presente sentencia.

16. El Estado debe colocar una placa en un lugar visible de la sede de la Unidad de Defensoría Pública con el propósito de despertar la conciencia institucional para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en el presente caso, en los términos del párrafo 225 de la presente sentencia.

17. El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios y permanentes sobre los principios y normas de la protección de los derechos humanos, en particular las normas internacionales establecidas en los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes dirigidos al personal de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, en los términos de los párrafos 229 a 231 de la presente sentencia.

18. El Estado debe reforzar, en un plazo razonable, los sistemas de selección de defensores públicos que aseguren la designación de personas que cumplan con los requisitos de idoneidad y capacidad técnica comprobada, así como desarrollar controles a través de protocolos para asegurar la eficacia de la gestión de la defensa pública en materia penal, en los términos del párrafo 234 de la presente sentencia.

19. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, si no existieran actualmente o, en su caso, fortalecer los programas de capacitación, como sistema de formación continua, dirigidos a los defensores públicos, lo cual deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias adecuadas, en los términos del párrafo 235 de la presente sentencia.

20. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 243, 245 y 251 de la presente sentencia, por concepto de indemnización de los daños materiales e inmateriales, en los términos de los párrafos 260 a 265 de la misma.

21. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de lo establecido en el párrafo 259 de esta sentencia.

22. El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

23. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

El Juez Humberto Antonio Sierra Porto hizo conocer a la Corte su voto concurrente, el cual acompaña esta Sentencia. El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot se adhirió a dicho voto concurrente.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 5 de octubre de 2015.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas.

Humberto Antonio Sierra Porto – Presidente
Roberto F. Caldas Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán Alberto Pérez Pérez
Eduardo Vio Grossi Eduardo Ferrer Mac-Gregor Pisot
Pablo Saavedra Alessandri – Secretario

Comuníquese y ejecútese,
Humberto Sierra Porto – Presidente
Pablo Saavedra Alessandri – Secretario

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO RUANO TORRES Y OTROS VS. EL SALVADOR

1. Concurro con los argumentos jurídicos que sustentan la decisión de la Corte en la presente sentencia, mediante la cual se acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y se determina que el Estado es responsable por la violación, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres, del derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura, del derecho a la libertad personal, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa y a ser oído con las debidas garantías, y del derecho a la protección judicial, así como por la falta de garantía del derecho a la integridad personal respecto de la obligación de investigar los actos de tortura, reconocidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.6, 8.1, 8.2, 8.2.d), 8.2.e) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) en relación con el artículo 1.1 de la misma.

2. No obstante, me parece adecuado presentar algunas reflexiones adicionales en torno a la admisión por parte del tribunal interamericano del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de El Salvador en el presente caso. Algunas preguntas suscitan este voto: ¿Puede la Corte Interamericana no aceptar el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado sobre algunas pretensiones de derecho? ¿A pesar de que el Estado se haya allanado a una violación de determinado derecho puede la Corte Interamericana decidir que no se configuró tal violación? ¿Puede el Estado mediante un reconocimiento de responsabilidad que contraríe una decisión judicial lograr que la Corte Interamericana revoque decisiones tomadas sin ningún tipo de irregularidad evidente ni demostrada por el máximo tribunal del país? A fin de aclarar y reforzar el sentido de mi posición sobre estos cuestionamientos, presento este voto concurrente en torno al alcance, la valoración y el efecto jurídico que pudiera tener un reconocimiento de responsabilidad estatal como el realizado en el caso concreto.

3. El reconocimiento del Estado en este caso fue formulado en términos amplios y generales. En relación con los aspectos fácticos, el Estado aceptó la totalidad de los hechos incluidos en el informe de fondo de la Comisión. En cuanto a las pretensiones de derecho, el Estado especificó que reconocía las conclusiones contenidas en el informe de fondo.

4. Las normas reglamentarias que regulan el reconocimiento indican que “[s]i el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos”.

Por lo tanto, la propia redacción de la disposición indica que compete a la Corte decidir tanto sobre la procedencia de un reconocimiento de responsabilidad estatal como sobre sus efectos jurídicos, “teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos”. En estos términos, es posible afirmar que la Corte no se encuentra constreñida a aceptar un reconocimiento de responsabilidad, sino que deberá analizar los términos en que fue efectuado bajo la óptica del objeto y fin del tratado, cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos” y valorar en su justa dimensión sus alcances y efectos jurídicos.

5. En efecto, la Corte ha precisado que incumbe al Tribunal velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema  interamericano, de modo tal que:
En esta tarea no se limita únicamente a tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes, de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido.

6. De lo anterior se advierte que el fundamento de la condena al Estado cuando existe reconocimiento de responsabilidad es la veracidad de los hechos sobre los que se funda la misma, es decir, requiere que la Corte verifique los hechos del caso concreto.

7. Al respecto, quisiera aclarar que parto de la premisa según la cual los Estados al realizar sus reconocimientos de responsabilidad internacional actúan de buena fe. Sin embargo, con base en la situación planteada en el caso sub judice, me parece importante señalar algunos lineamientos que debieran guiar las decisiones de la Corte respecto a la procedencia de un reconocimiento de responsabilidad estatal y sus efectos en el caso concreto, cuando tal posición implica en la práctica contrariar una decisión judicial adoptada por los tribunales nacionales y puede desembocar en una decisión de la Corte Interamericana que deje sin efecto decisiones tomadas a nivel interno:

a) El reconocimiento del Estado en el presente caso es razonable porque no se evidencia en principio ninguna connotación de carácter político o intención diferente de hacer justicia en el caso de una persona concreta que desempeñaba una función o actividad que no provoca ninguna inquietud.
b) En segundo término, no se evidencian elementos de “indulto encubierto”.
c) Las irregularidades que se señalan en este caso no generan inquietud sobre la veracidad por las connotaciones específicas del caso.
d) No le correspondería a la Corte dejar sin efecto decisiones de los tribunales nacionales, fundada única y exclusivamente en el reconocimiento del Estado, pues siempre que hay reconocimiento es preciso que la Corte analice los hechos sobre los que se funda la actuación del Estado.
e) Solo puede revocar o dejar sin efecto una sentencia dictada a nivel nacional cuando existen elementos de convicción o certeza respecto de los elementos fácticos que determinan la voluntad del Estado.

8. Con base en las consideraciones vertidas es que manifiesto mi acuerdo con la decisión adoptada por la Corte en el presente caso en cuanto a que procedía aceptar el reconocimiento de responsabilidad estatal efectuado por El Salvador.

Humberto Antonio Sierra Porto – Juez
Pablo Saavedra Alessandri – Secretario

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot se adhirió al presente Voto del Juez Humberto  Antonio Sierra Porto.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot – Juez
Pablo Saavedra Alessandri – Secretario

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