El control de convencionalidad en Bolivia es el mecanismo por el cual las autoridades del Estado boliviano (especialmente los jueces) deben verificar que la Constitución, las leyes y actos internos sean conformes con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH. Este control, derivado de una doctrina de la Corte IDH, implica inaplicar la norma interna si esta contraviene la Convención Americana para proteger los derechos humanos. Se ejerce tanto de forma difusa (por todos los jueces) como de forma concentrada (por la Corte IDH).

Características principales en Bolivia

• Obligación para todas las autoridades: No es solo tarea de los jueces, sino que también involucra a los poderes legislativo y ejecutivo.
• Parámetro de control: Se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros tratados de derechos humanos ratificados y la jurisprudencia de la Corte IDH, lo que incluye opiniones consultivas y sentencias.
• Función de los jueces: Los jueces deben hacer este control de oficio al aplicar el derecho, priorizando la norma más favorable para los derechos humanos.
• Inaplicación de normas internas: Si una norma interna no se puede interpretar de forma compatible con la Convención, debe ser inaplicada para evitar la violación de derechos.
• Integración con el control de constitucionalidad: El Tribunal Constitucional boliviano busca fusionar el control de convencionalidad con el bloque de constitucionalidad; para una mayor protección de los derechos.
• Ejemplos de aplicación: Casos como el de Ipsen Cárdenas Peña versus Bolivia (2010) son ejemplos tempranos de su aplicación práctica en el país.
• Desafíos: A pesar de su importancia, su aplicación efectiva enfrenta desafíos como la falta de capacitación de los funcionarios judiciales en derechos humanos y jurisprudencia interamericana.

CASO IBSEN CÁRDENAS E IBSEN PEÑA VS. BOLIVIA

202. Por otra parte, la Corte considera oportuno reiterar que en relación con las
prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de
que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico239. Pero cuando
un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial está llamado a ejercer un
“control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana240.