La Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de Bolivia aprobó el Informe Final N.° 01/2026, un documento que expone presuntas irregularidades en la modificación de la superficie de un inmueble registrado en oficinas de Derechos Reales de Patacamaya y Sica Sica, y que recomienda procesos disciplinarios y penales contra exfuncionarios del sistema registral.
La investigación se activó tras la denuncia presentada por Macario Ingali Apaza, apoderado de Eva Villan Cabrera, quien detectó una sospechosa modificación en la superficie de un lote colindante, que pasó de 125 a 250 metros cuadrados, generando una aparente superposición con un derecho propietario previamente inscrito.
El informe señala irregularidades en los asientos A-4 y A-5 de la Matrícula N.° 2.08.1.01.0004019, donde —según la investigación— no se cumplieron requisitos técnicos ni legales, comprometiendo la seguridad jurídica del registro.
A partir de la revisión de los antecedentes, la Unidad de Transparencia identificó indicios de responsabilidad administrativa y penal en cuatro exfuncionarios.
Entre ellos figura Jorge Ever Maquera Patzi, exinscritor de Derechos Reales de Sica Sica, señalado por incumplimiento del Manual de Procedimientos, presunta manipulación de registros informáticos y omisión en el cobro de aranceles, además de posibles delitos como manipulación de datos informáticos y falsedad ideológica.
También aparece Leonor Vera Condori, exsubregistradora de la misma oficina, observada por validar documentos presuntamente falseados y aprobar una modificación de superficie sin respaldo técnico ni legal, lo que podría constituir falsedad ideológica.
El informe también apunta a Diego Alcidez Tarquino Rengel, exinscritor de Derechos Reales de Patacamaya, acusado de modificar registros informáticos que aumentaron la superficie del predio de 125 a 225 metros cuadrados, además de presunta omisión de aranceles y falta de documentación de respaldo.
Finalmente, se menciona a Hugo Santos Quelca Quelca, exsubregistrador de Patacamaya, quien habría legalizado trámites sin verificar documentación obligatoria y no emitió un informe requerido por Transparencia, lo que también podría configurar falsedad ideológica
Procesos en puerta
Tras estas conclusiones, el Consejo de la Magistratura dispuso varias medidas:
• Remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización para una auditoría jurídica.
• Iniciar procesos sumarios administrativos contra los implicados.
• Presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
• Remitir el informe a la Unidad de Transparencia del Distrito La Paz.
El documento fue elaborado y suscrito por la abogada Sonia G. Villavicencio Velasco, profesional de la Unidad Nacional de Transparencia del Consejo de la Magistratura.
Silencio institucional
Pese a la gravedad de los hallazgos, el delegado del Consejo de la Magistratura en La Paz, Marco Antonio Cárdenas, evitó confirmar si la institución activará de inmediato los procesos disciplinarios y penales recomendados.
En declaraciones a Red UNO, Cárdenas se limitó a señalar que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, los denunciados continúan habilitados, sin precisar si el Consejo iniciará acciones o se sumará al proceso penal ya abierto en Sica Sica contra Leonor Vera Condori.
A pesar de las evasivas, el informe reafirma que el Consejo de la Magistratura mantiene su compromiso con la transparencia, el control disciplinario y la protección de la seguridad jurídica en el sistema registral del país.
