domingo, diciembre 7, 2025

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El Tribunal de alzada tiene la obligación de pronunciarse respecto a la excepción de prescripción ya que puede cambiar la situación del proceso

Del Auto de Vista recurrido se puede advertir que el Tribunal de alzada, llega a ocho conclusiones que transcribe en su CONSIDERANDO II, sin que ninguno de los puntos se refiera a la excepción de prescripción que denunció el recurrente, resultando de esta manera efectiva la vulneración del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, así como evidente la violación de la garantía del debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica; defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por ende la resolución impugnada es contraria al precedente invocado, que en lo fundamental establece que el Tribunal de Apelación debe fundamentar cada punto apelado y que la falta de pronunciamiento respecto de un motivo de alzada, sin que exista decisión razonable o «decisión implícita», implica, de igual manera, defecto absoluto.

De lo expuesto y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre la excepción de prescripción por el Tribunal de Alzada podría cambiar la situación del proceso, corresponde señalar que dicha situación impide que este Tribunal Supremo, ingrese al análisis de los restantes motivos del recurrente y recursos de casación interpuestos por Carmen Rosa Quispe Ticona y Ofilio Guarachi Huanca, correspondiendo dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, a efecto de que el tribunal de apelación dicte nueva resolución, considerando los fundamentos del presente Auto Supremo que se constituyen en doctrina legal aplicable.

AS Nro. 780/2014-RRC | Sucre, 30 de diciembre de 2014

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El rol de los Gobierno Autónomos Municipales en la protección del medio ambiente

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Los Gobiernos Autónomos Municipales no son simples ejecutores de políticas nacionales, sino como entidades con capacidad proactiva para la gobernanza ambiental en su territorio; para lo cual, se les otorgó atribuciones, deberes y obligaciones con potestades de planificar, legislar, ejecutar y fiscalizar todo lo atinente a la protección del medio ambiente. Mandatos claros y directos, cuya omisión o ejercicio negligente compromete la responsabilidad de sus autoridades, agravada por su condición de servidores públicos; ya que, el incumplimiento de estos deberes no sólo constituye una infracción a la normativa ambiental, sino que representa una vulneración directa del derecho fundamental a un medio ambiente sano, protegido y equilibrado, pilar esencial del “vivir Bien” consagrado por la Constitución Política del Estado. Así las cosas, la acción u omisión de una autoridad municipal que resulte en daño ambiental, es justiciable y sujeta a responsabilidades administrativas, legales y constitucionales.

El medio ambiente como fin y función esencial del Estado; y, como derecho objeto...

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La norma fundamental reconoce, por una parte, la protección del medio ambiente como un derecho constitucional en su vertiente individual y colectiva (cuya transgresión por la interdependencia puede estar ligado a otros derechos como la vida, la salud y la integridad física, espiritual y cultural); y por la otra, como un deber del Estado que exige de las autoridades y particulares acciones dirigidas a su protección y garantía.

El catastro urbano y su relación con el derecho a la propiedad

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El derecho a la propiedad reconocido por el art. 56 de la CPE, permite en general el uso, goce y disposición de un bien, garantizándose dichas prerrogativas contra la intromisión de cualquier tercero, sea particular o público.
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El Dr. Ramiro Carrillo A., es un profesional abogado de Bolivia cuya especialidad radica en materia constitucional, penal, civil, administrativo, mujer, niñez y adolescencia ademas de ser asesor en diferentes instituciones públicas y privadas; su mayor aporte a la ciencia del derecho radica en dar seminarios, clases, diplomados en diferentes instituciones educativas.