Ante la incertidumbre sobre el vacío judicial a partir del 31 de diciembre, Marco Antonio Valdiviezo, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), advirtió que autorizar la prórroga de mandato de magistrados del Órgano Judicial y consejeros de la magistratura es pasible a procesos por al menos tres delitos.

La gestión de las actuales autoridades judiciales termina el 31 de diciembre, pero, ante la ausencia de unas elecciones judiciales, una consulta enviada al TCP pide analizar la posibilidad de la prórroga de mandato.

“No pueden ser juez y parte. Eso es natural en derecho. No puedo emitir un decreto para beneficiarme, pero, reitero, todo se puede esperar de un Tribunal que ha decidido que la reelección sea un derecho humano. A eso hemos caído y de este sistema de injusticia en Bolivia se puede esperar todo”, dijo Valdiviezo a Fides.

El exmagistrado resaltó que los delitos en los que incurrirían los actuales magistrados del TCP si autorizan la “utoprórroga” serían: uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la constitución. Sin embargo, puso en duda que procesen a miembros del Tribunal Constitucional.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, advirtió que la prórroga, autoprórroga o decretazo para ampliar o designar a autoridades judiciales son inconstitucionales. Resaltó que el TCP no puede emitir sentencias que quiebren el Estado de derecho.