Internos del penal San Pedro de La Paz denunciaron al delegado de la sección Palmar Ramiro M. CH. por actos y cobros abusivos en contra de los internos nuevos y preventivos, fomento de la venta de droga y alcohol y mal manejo de los recursos, y que estaría actuando bajo la protección de la dirección de Régimen Penitenciario de La Paz.

En una carta pública dirigida a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea de Derechos Humanos, los internos de base de Palmar acusaron al delegado y al director de Régimen Penitenciario David Callisaya de ser el responsable de que esta situación de abuso continúe debido a que siempre que hay cuestionamientos por el proceder delictivo del delegado, la autoridad sale en su defensa e impide que rinda cuentas, señalando “nadie lo tiene que molestar”. Además, que, a más de un mes de las elecciones en el penal, hasta la fecha Callisaya no llamó a la elección de delegados de las secciones. Denunciaron que mantiene a delegados como Ramiro debido a que le garantizan dinero de las extorsiones para que Régimen Penitenciario “presente obras en el penal”.

ANF pidió la versión de Callisaya e incluso le hizo conocer la denuncia pública a su número de WhatsApp, pero hasta la publicación de la nota no se manifestó al respecto.

“Mediante esta carta en cumplimiento a nuestros derechos constitucionales, le hacemos llegar esta denuncia de parte del 80% de la base de la Sección Palmar del recinto penitenciario de San Pedro, en contra del delegado Ramiro M. Ch., quien atenido a su cargo hace malas atribuciones a título personal y sin consentimiento de la base”, se lee en parte de la denuncia.

Entre los principales abusos e irregularidades que comete el delegado están: someter a los internos mediante amenaza de traslado o castigo a la sección Muralla, en coordinación con Callisaya, para que no denuncien lo que ocurre dentro de San Pedro.

Realizar cobros excesivos por el ingreso a los internos nuevos y no rinde ningún informe económico. “Lo hace todo bajo protección y consentimiento del director departamental del Régimen Penitenciario, Daniel Callisaya”.

No es la primera vez que surgen denuncias en contra de la autoridad penitenciaria. Un exreo del penal decidió denunciar las torturas y extorsiones que sufren los internos que no acceden a pagar por su ingreso a la sección. La estructura estaría conformada por “disciplinas” y delegados que gozarían del aval de Callisaya; el aludido exigió pruebas de la denuncia o “algún comprobante de un banco” del hecho delictivo.

Sin embargo, las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo confirman cobros, extorsiones y tratos crueles en cárceles. El coordinador del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Luis Ledezma, informó que el 70% de las denuncias que llegan a esa institución son de víctimas que han sido agredidas al momento de la detención y cuando pasan a las cárceles se producen los tratos crueles, cobros y extorsiones.

“Cuando ya se las pasa a los centros penitenciarios hay denuncias por tratos crueles inhumanos o degradantes como golpes, amenazas, extorsiones, que van desde los propios internos contra otros internos, pero incluso en esta situación el Estado tiene responsabilidad, el Estado no debe permitir que estas situaciones sucedan”, dijo Ledezma en entrevista a un medio local.

El delegado también es acusado de fomentar la venta de bebidas alcohólicas y droga y encubrir a sus afines en casos de fiestas y borracheras, pese a que se trata de faltas graves dentro del penal que luego generan violencia y muerte.

“Esto le hacemos conocer a su autoridad para poder tener justicia porque estamos totalmente sometidos y amordazados por el señor Ramiro Mamani y el director del Régimen Daniel Callisaya”, se lee en el comunicado.

Los abusos también se expresan en la firma obligatoria de resoluciones en respaldo al propio delegado abusador, señalaron, y todo se hace bajo lista. Mediante este mecanismo, dijeron a ANF, legalizan la expulsión a otros penales de internos que osaron denunciar los abusos.

“Todos los afectados hacemos esta denuncia en honor a la verdad y esperamos una pronta respuesta de su autoridad sin parcialización ninguna y exigimos la liberación de nuestros compañeros de Muralla que dieron la cara por todo”, indica la carta.

Según denuncias recibidas por ANF, al menos una docena de internos que reclamaron el bono del Día del Interno fueron llevados a Muralla como castigo. Hasta la fecha no se entregó esos recursos a los privados de libertad.

La Asamblea de Derechos Humanos informada de esta situación, anunció una visita al penal para conocer de cerca sobre los abusos que acontecen y formalizar las denuncias.

/ANF/