La intención del Senado que formó una comisión para preparar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que decidieron autoprorrogarse en sus mandatos hasta que se convoque a elecciones judiciales, fue desahuciada por el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Nuestra posición oficial es exhortar a toda la institucionalidad pública que se haga la preselección por dos tercios de votos, lejos de pensar en hacerles juicios o procesos que no tienen futuro, lo digo con total precisión. ¿Cómo podrías, siendo el Senado, hacerles juicio a los magistrados siendo que, de acuerdo a nuestra Constitución, el Senado es el juez. Estamos en un extraño caso de que quieren ser juez y parte”, dijo la autoridad este sábado.

El 12 de diciembre, faltando 19 días para la finalización de su mandato los magistrados del TCP emitieron una resolución que dispone “la continuidad o prórroga” de todas las autoridades electas del Órgano Judicial mientras el Legislativo no convoque a elecciones.

La oposición y los ‘evistas’ calificaron como un “golpe judicial”, anunciaron procesos penales y juicios de responsabilidades y que activarán una serie de mecanismos para impedir que los tribunos continúen en sus cargos.

Un día después, el Senado conformó una comisión técnica jurídica para analizar el juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP, informó el presidente de esa instancia, Andrónico Rodríguez. El legislador subrayó que todos los senadores están de acuerdo en impulsar ese proceso contra los tribunos. Lima no comparte la idea y apunta al senador ‘evista’ William Torres que, junto a sus colegas, es de la idea de impulsar un caso de corte contra los magistrados.

“El senador William Torres, si quiere presentar un juicio, y lo ha anunciado públicamente, cuando él tenga que juzgar en la sentencia del caso habrá entrado en un gran conflicto de intereses. Pareciera que quiere levarse las manos (…) Ni un juicio es solución para el pueblo boliviano, ni vulnerar la Constitución”, dijo Lima e insistió en que la única solución a este tema es que la Asamblea Legislativa elabore una ley de convocatoria para preseleccionar a los postulantes por dos tercios.

DECLARACIÓN

La declaración constitucional 0049/2023 emitido el martes 11 de diciembre, dispone la ampliación de mandato de forma indefinida de los actuales magistrados hasta que se elijan a las nuevas autoridades por voto.

ALP pide aprobar la convocatoria para judiciales

La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dirigida por el vicepresidente David Choquehuanca, recomendó a los diputados y senadores asumir de forma “inmediata” los procesos correspondientes para aprobar una ley que viabilice una nueva convocatoria para las elecciones judiciales.

A través de un comunicado, el presidente de la ALP aclaró que cumplió de forma oportuna con la emisión de la convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y deslindó la responsabilidad del fracaso de este proceso.

“Ante las diversas declaraciones que pretenden atribuir al Órgano Legislativo la imposibilidad de gestión para ejercicio de atribuciones constitucionales reconocidas a este, cuando se ha actuado oportunamente en la emisión y aprobación de las herramientas normativas para hacer efectiva la Convocatoria para la Postulación y Preselección de Candidatos a los cargos de Magistrados del Órgano Judicial TCP”, señala el comunicado.

Ministro: No se pueden cerrar los tribunales de justicia

El viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la prórroga de mandato de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) era la “única salida constitucional posible” ante un eventual “vacío jurídico” por las fallidas elecciones judiciales.

“La prórroga (de mandato) es la única salida posible en un ámbito constitucional, por eso, lo que tenemos que entender es que ni una ley ni un decreto son posibles”, explicó.

Argumentó que no se pueden “cerrar los tribunales, ni se puede suspender los plazos, ni se le puede decir a la gente: esperen seis meses para resolver sus problemas. Tiene que darse una solución y la solución que ha planteado el Tribunal Constitucional es de prórroga basada en ese derecho fundamental que tiene la gente a que se le dé solución a sus problemas”.