(ANF). – Más de 50 organizaciones de la sociedad civil exhortan al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilizar el proceso de preselección de autoridades para las elecciones judiciales.
“Exhortamos al Tribunal Constitucional Plurinacional a otorgar la prioridad y celeridad necesaria a la emisión del fallo requerido, considerando la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Electoral Plurinacional tengan el tiempo necesario para garantizar las condiciones de calidad y la equidad en realización de las elecciones en esta gestión, conforme el cronograma electoral sugerido por el Tribunal Supremo Electoral”, señalan a través de un pronunciamiento.
La sociedad civil recuerda que las medidas cautelares “tienen la finalidad de evitar la restricción o supresión de un derecho o garantía constitucional que pueda crear una situación irreparable, pero en ningún caso esta medida puede resultar en el menoscabo a los derechos electorales de toda la sociedad boliviana”.
Asimismo, reiteran la solicitud de que las fuerzas políticas del territorio nacional asuman la transformación de la justicia como una prioridad nacional y depongan intereses partidarios.
El pasado 27 de abril, el TCP emitió el auto constitucional 0186/2023-CA mediante el cual paralizó el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial. Luego de los trámites internos se conoció que el 30 de mayo fue sorteado y según el Código Procesal Constitucional tiene hasta 45 días para hacer conocer su sentencia, ese plazo se cumple el 3 de agosto próximo.
La sociedad civil expresa que la población está preocupado debido a la demora de varios meses y lamentan que a la fecha el TCP no se haya pronunciado, en especial, por la relevancia que tiene el desarrollo del proceso de convocatoria, evaluación, selección y elección de autoridades para el Órgano Judicial y TCP.
“Es menester reiterar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la duración del mandato de las actuales autoridades vence en diciembre de 2023, sin posibilidad alguna de prórroga o nombramiento por otra vía que no sea el sufragio de la ciudadanía, lo cual está claramente dispuesto en la norma fundamental artículos 182.I, 188.I, 194.I y 198, siendo cualquier alternativa inconstitucional”, remarcan.
También piden que la ALP realice una revisión de los proyectos normativos tratados hasta el momento para adecuar los mismos a estándares internacionales de derechos humanos y emitir una ley de preselección de candidatos y candidatas evitando nuevas observaciones y acciones que afecten el proceso, misma que además contemple las garantías de control y participación social, la igualdad de género y plurinacionalidad. No resulta razonable dejar esto para el último momento, dado la necesidad de optimizar tiempos.
Las organizaciones manifiestan que los actuales desafíos que enfrenta la justicia en el sentido de revertir la mora procesal y garantizar la efectiva protección de los derechos de las partes, en especial grupos prioritarios como mujeres que sufren violencia, feminicidios, reducción de las de detención preventiva, entre otras, afectan la confianza de la población, que espera un cambio en las altas autoridades quienes tendrán entre sus competencias la labor de enfrentar dichos retos.
La preselección de los aspirantes a magistrados está paralizada desde el 28 de abril pasado por una medida cautelar impuesta por el TCP y los parlamentarios esperan que en cualquier momento se conozca el fallo final del ente.
EL PRONUNCIAMIENTO
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