El principio de legalidad, en primer término, implica sometimiento de los poderes (órganos) públicos a la Ley, constituyéndose en una exigencia de garantía para las partes, brindando seguridad jurídica. Está vinculado con el principio acusatorio y con el de oficialidad, porque plasma la exigencia al Ministerio Público de investigar la comisión de delitos y de acusar cuando corresponda; sin embargo, a este principio, se contrapone el principio de oportunidad.