Esto significa que solo los comportamientos que afectan negativamente a un bien jurídico —como la vida, la propiedad o la salud— son objeto de intervención penal, prohibiendo así el castigo de conductas que no dañan a terceros ni a la sociedad. 

Este principio asegura que la severidad de la pena se reserva para las peores ofensas, evitando la sobrecarga del sistema penal y la restricción desproporcionada de la libertad.

Su abogado dijo que la exlegisladora está colaborando plenamente con el proceso y pidió que se amplíen las investigaciones hacia exdirectores del Fondo Indígena.