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martes, mayo 20, 2025

Respecto a la venta de bienes inmuebles entre padres a hijos

Indican que en el Auto de Vista se interpretó de manera errónea sobre la legítima y porción disponible confundiendo el régimen sucesorio con los actos de disposición onerosa del patrimonio que hubiere realizado el de cujus en sujeción del art. 105 del CC, revisando el contenido de la Resolución recurrida no se advierte tal situación, donde el Ad-quem analiza jurídicamente de manera clara la simulación en sus dos componentes (total y parcial) como también hace referencia a la legítima y porción disponible señalando sus alcances y diferencias de ambos institutos jurídicos de manera separada, sin hacer ninguna referencia a los actos de disposición onerosa del patrimonio, en cuyo razonamiento no se avizora ninguna confusión entre los dos institutos de referencia, ni mucho menos podría darse esa confusión al no haberse abordado la disposición onerosa que refieren los recurrentes; con esta afirmación son los propios actores quienes estarían reconociendo que sí hubo transferencia onerosa, debiendo además tomarse en cuenta que la norma contenida en el art. 105 del Código Civil es amplia para todo tipo de disposición patrimonial, sea esta onerosa o gratuita.

Señalan también que sus personas habrían demostrado que el contrato motivo de nulidad no fue oneroso resultando ser una venta ficta ya que la vendedora (madre y abuela) no tenía necesidad de vender y como consecuencia del impago no tuvo cuenta corriente ni de ahorro y no podía disponer libremente del total de sus acciones; cuando los recurrentes afirman que habrían demostrado que el contrato no fue oneroso sino más bien se trataría de una venta ficta, no hacen referencia a ningún tipo de prueba y la sola afirmación de que la vendedora no haya tenido cuenta corriente o de ahorro en alguna entidad financiera, no constituye un argumento valedero para revertir los fallos de instancia debido a que la celebración de los contratos de compra venta de inmuebles no están sometidos y menos condicionados a la existencia de cuentas bancarias.

En cuanto a la afirmación de que la vendedora no podía disponer libremente del total de sus acciones, se debe indicar que el art. 105.I del Código Civil, establece que la propiedad es un poder jurídico que permite a su titular usar, gozar y disponer de su patrimonio con la condición de ejercerlo en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que estable el ordenamiento jurídico; en tratándose de existencia de herederos forzosos, el límite para la disposición patrimonial está dada por el art. 1059 del Código Civil, permitiendo a su titular únicamente disponer la quinta parte de su patrimonio, siendo esta la restricción máxima que impone la Ley; pero esa restricción es para el caso de liberalidades gratuitas como ser donaciones y no así para disposiciones onerosas como la compra-venta o permuta, caso en el cual el propietario puede disponer libremente de todo su patrimonio recibiendo a cambio otro bien que tiene un valor monetario o es valuable económicamente; en ese mismo sentido debe ser entendido lo dispuesto en el art. 1066 del mismo cuerpo legal; en ese sentido este Tribunal ha establecido en el Auto Supremo Nº 518/2014 de 8 de septiembre donde se razonó que la disposición realizada de su patrimonio por los causahabientes a título oneroso, no puede ser atacada de nulidad por los herederos conforme se tiene establecido en el Punto III de la doctrina aplicable, aspecto que debe tenerse presente.

AUTO SUPREMO 4 2017

Auto Supremo: Nro. 4/2017, Sucre: 17 de enero 2017

Jurídica TV

Declara que el Presidente y Vicepresidente estan habilitados por una reelección por una sola...

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La constitucionalidad parcial del art. 4.I de la Ley de Aplicación Normativa –Ley 381 de 20 de mayo de 2013–, condicionada a la interpretación realizada por el presente fallo constitucional, en sentido que el Presidente y Vicepresidente, están habilitados para una reelección por una sola vez, sea este de forma continua o discontinua, conforme establece el art. 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), considerando que el término “una sola vez”, implica también la limitación de alcanzar a un tercer mandato; superando con ello, las razones de la decisión y lo resuelto en la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre;

La solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto del art. 239.2...

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Cabe también señalar que la solicitud de ampliación de la medida de última ratio efectuada por el fiscal, no es de aplicación directa, pues la misma merecerá un análisis y consideración de parte del Juez de control jurisdiccional para determinar su rechazo o aceptación, labor en la cual deberá tomar en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para fijar el plazo, precautelando no solo los derechos del imputado si no también garantizando la efectiva tutela judicial de las víctimas y demás partes en el proceso; por su parte, la cesación a la detención preventiva, cuando ha fenecido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de dicha medida, y el fiscal no se ha pronunciado solicitando su ampliación, no opera de oficio ni de forma directa a simple solicitud, por el contrario, la norma citada precedentemente dispone que el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su tratamiento y resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”.

Sobre el tribunal de alzada que conoce la apelación incidental de una medida cautelar

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La medida cautelar en el proceso penal, se adopta para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia condenatoria, lo que implica el garantizar la efectividad del desarrollo del proceso mismo hasta culminar en una sentencia condenatoria o absolutoria; debemos referirnos a la existencia de presupuestos, formales y materiales, nos vamos a referir al material, Fumus Boni Iurus que comporta una posibilidad de que se haya cometido un hecho delictivo, que tiene una pena privativa de libertad; y además, el sujeto pasivo sea el posible autor del hecho; Periculum in mora fue desarrollado en el derecho procesal civil, la cual aplicable al derecho procesal penal, se entiende como el peligro o la inefectividad del mismo proceso penal, el riesgo de fuga del imputado y otros posibles riesgos; este presupuesto material desarrollado en una medida cautelar penal, es impugnable y modificable, este último se realiza mediante la cesación a la detención preventiva cuando el sujeto pasivo mereció esta medida cautelar, la misma que es desarrollada en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal
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Dr. Ramiro Carrillo A.
Dr. Ramiro Carrillo A.
El Dr. Ramiro Carrillo A., es un profesional abogado de Bolivia cuya especialidad radica en materia constitucional, penal, civil, administrativo, mujer, niñez y adolescencia ademas de ser asesor en diferentes instituciones públicas y privadas; su mayor aporte a la ciencia del derecho radica en dar seminarios, clases, diplomados en diferentes instituciones educativas.