El procurador general del Estado, César Siles, informó que Bolivia tiene siete procesos abiertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de terrorismo, y está gestionando la acumulación de los mismos, ya que se trata del mismo sujeto, objeto y causa.
Siles explicó que entre los procesos se encuentran las peticiones de Elod Tóásó y Mario Tadic, quienes solicitan que el Estado boliviano sea responsabilizado internacionalmente por vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Aunque no son las únicas, son las más avanzadas.
Además de estas, se mencionaron los procesos planteados por Ronald Castedo, Juan Carlos Guedes, Alejandro Santisteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic, quienes estuvieron involucrados en el supuesto caso de terrorismo.
Según la autoridad, en la acción de Elod Tóásó y Mario Tadic, la CIDH ha emitido cinco recomendaciones de fondo, que incluyen una reparación económica, rehabilitación, satisfacción, investigación y modificación de currículas en ciertas instituciones de la Fiscalía y la Policía.
Se señaló que el informe de fondo está en proceso de cumplimiento por parte del Estado boliviano. Se advirtió que si Bolivia no cumple, el caso será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde enfrentará un juicio internacional penal por violación de los derechos humanos y otros.
En caso de una sentencia, esta sería contra el Estado boliviano, probablemente con la obligación de un resarcimiento económico, medidas de satisfacción y la instrucción de llevar a cabo investigaciones sobre los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz.
Precisamente, respecto a este último evento, Tósáó y Tadic informaron que en Santa Cruz se ha admitido un proceso para que el Ministerio Público investigue los delitos de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos.
Uno de los principales implicados es el expresidente Evo Morales, quien anunció que no acudirá al llamado de la justicia porque prefiere ser encarcelado por «haber defendido la integridad territorial» ante el plan separatista de las gobernaciones opositoras en 2009.
