La decisión fue anunciada mediante un comunicado de la presidencia de la ALP, en el que se explica que se tomó la decisión “atendiendo la solicitud de varios asambleístas y jefes de bancada".

Según el consejero Marvin Molina, la norma de Régimen Disciplinario los obliga “a constituir jueces ciudadanos”, además que las autoridades judiciales denunciadas recurren a amparos constitucionales para demorar por años el proceso.