Este martes se cumplió el periodo de seis años, pero una sentencia constitucional lo amplió

El documento señala que Andrónico ejerció una atribución que no le compete e incurrió en el indebido ejercicio de su cargo, ya que esas decisiones solo las asume el presidente de la Asamblea Legislativa, que en este caso es David Choquehuanca.

LEY Nº 027 | LEY DE 6 DE JULIO DE 2010

La denuncia, por 15 delitos, fue presentada hoy ante el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, sobre las ilegalidades atribuidas a los miembros del Tribunal Constitucional, en complicidad de sus pares del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

El presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa, este lunes presentó una denuncia ante el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, contra la sala plena Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura por prórroga de sus mandatos.

Declararon la inconstitucionalidad de dos artículos en el proyecto de Ley 144, aprobada en el Senado, una referida a la designación interina de sus reemplazantes. La ampliación de su mandato será hasta la posesión de nuevas autoridades elegidas en las elecciones judiciales, cuya realización es incierta.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, advirtió que la prórroga, autoprórroga o decretazo para ampliar o designar a autoridades judiciales son inconstitucionales.

En el marco del proceso por el Caso Senkata, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto se declaró incompetente para juzgar a Jeanine Añez en la vía ordinaria y resolvió que la exmandataria debe ser procesada en un juicio de responsabilidades, porque se la reconoció como presidenta del Estado. Los miembros de dicho tribunal devolvieron el caso al despacho del polémico juez Marco Antonio Amaru.

La diputada por Creemos, María René Álvarez, advirtió que la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0076/2023, que anula atribuciones a la Ley Departamental Nº 98, de Santa Cruz, afecta a 11 unidades de conservación ambiental y deja más de 3 millones de hectáreas de tierras a disposición de los avasalladores. Afirmó que la resolución confirma el carácter centralista del Gobierno del MAS, con el fin de afectar el área de las reservas acuíferas de esa capital, Güendá-Urubó.