violencia contra las mujeres

Al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata.

La presente ley tiene por objeto modificar, el artículo 7 de la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013, "Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia", el artículo 320 de la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, que eleva a rango de Ley el Código Penal Boliviano y el artículo 19 de la Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999 "Código de Procedimiento Penal".

Toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas.

La Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, previsto en el art. 15.II de la CPE, otorga relevancia a las obligaciones de persecución y sanción de los agresores, sin que contemple en su contenido el beneficio de la suspensión condicional de la pena para el agresor; al contrario, dicho cuerpo normativo especial prevé la posibilidad de aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años

El proyecto de ley para la modificación de la Ley 348 sanciona el acoso callejero y los gritos que un hombre lance contra una mujer, informó la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco.

El Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Este martes la organización de las Bartolinas presentó un anteproyecto de ley, el presidente Arce se comprometió a enviarlo a la ALP

Estas obligaciones constituyen parámetros y estándares que deben observar los Estados y cuando toca administrar justicia en un caso concreto que involucra violencia física y sexual contra la mujer deben observar los fiscales, jueces y cualquier otro funcionario del sistema judicial. En especial para la consecución, custodia y valoración de las pruebas, sin que ello implique una desigualdad procesal de las partes, garantizando un proceso con pleno respeto de los derechos y garantías donde se establezca la verdad de los hechos.

La denuncia se presentó el 15 de junio en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la ciudad de La Paz y el sindicado debe declarar este miércoles.

El sindicado deberá pagar una fianza de Bs 20.000, se le prohibió acercarse a la víctima y consumir bebidas alcohólicas.