El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a la expresidente transitoria, Jeanine Áñez, con 10 años de prisión por encontrarla culpable dentro del caso denominado “golpe de Estado II”.

Al promediar las 21:25 horas se reinstaló el juicio, instancia en la que el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, German Campos, dio lectura a la sentencia para los acusados.

«Por tanto, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la ciudad de La Paz, administrando justicia a nombre del  Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la virtud jurisdiccional ordinaria que por ley ejerce por voto unánime de sus integrantes falla y declara sentencia condenatoria de los acusados Williams Kaliman Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Jeanine Añez Chávez, de generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes articulo 153 e incumplimiento de deberes artículo 154 del Código Penal, en aplicación estricta del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada en el juicio ha sido suficiente para general en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en los referidos ilícitos, condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores a partir de la fecha hasta el 10 de junio del 2032», señala la parte resolutiva.

En consecuencia, a la exmandataria le impusieron una condena de 10 años, lo que significa que guardará prisión hasta el 2032, cuando cumpla su condena por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

La exautoridad cumplirá su condena en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, donde permanece desde marzo del año pasado; además, tendrá que responder al proceso de “golpe de Estado I”.

Añez fue condenada por haber asumido la presidencia del Estado en noviembre de 2019, durante la crisis política.

El Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado sostienen que asumió la presidencia de manera ilegal e inconstitucional, asimismo, alegaron que se «autoproclamó». Las tres entidades pidieron 15 años de cárcel.

Sin embargo, la defensa de Añez sostiene que cumplió la sucesión constitucional, en el marco de un vacío de poder generado por los exmandatarios que renunciaron y abandonaron el país.

En la audiencia de alegatos finales de esta mañana, Áñez denunció que el Tribunal eliminó las pruebas documentales y testificales que respaldaban su inocencia, como la posición del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se reconoce la sucesión constitucional de la exmandataria; la memoria de la Conferencia Episcopal, documento que relata de forma detallada sucedido en reunión entre legisladoras del Movimiento al Socialismo, líderes políticos e instituciones intermediarias garantes de la salida al desgobierno tras la renuncia de Evo Morales.