sábado, febrero 14, 2026

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TSE advierte «un riesgo para la democracia» en la demora de las elecciones judiciales

El pronunciamiento exige al Tribunal Constitucional y a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial el “respeto a la independencia de poderes”

En un pronunciamiento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió este viernes que la demora en el proceso de preselección de magistraturas al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) representa un “riesgo para la democracia y la seguridad jurídica del país”.

El documento fue leído por el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, como resultado de este encuentro del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con la presencia de vocales nacionales y de los tribunales electorales departamentales en Trinidad.

Uno de los puntos menciona la paralización del proceso de preselección de las elecciones judiciales que fue dejado sin efecto por una determinación emitida el 30 de abril por la Sala Constitucional Primera de Pando.

Ese hecho, según el pronunciamiento, representa un “riesgo para la democracia y la seguridad jurídica del país, que afecte la elección y posesión de las autoridades judiciales este año, además de coincidir con la realización de procesos electorales que se avecinan”.

Pese a esa situación, el OEP exhortó a las autoridades competentes buscar la “resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento”, para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales.

A la Asamblea Legislativa Plurinacional también pidió que se puedan lograr consensos que garanticen la “transparencia e idoneidad” en la preselección de candidatos, en el plazo establecido por dicha ley.

“El Órgano Electoral Plurinacional está preparado para convocar y administrar las Elecciones Judiciales del año en curso, aprobar el calendario electoral y los reglamentos, inmediatamente reciba la nómina de candidatas y candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, asegura el OEP.

El pronunciamiento exige al TCP y a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial el “respeto a la independencia de poderes”, previsto en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado.

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