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La diputada por Creemos, María René Álvarez, advirtió que la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0076/2023, que anula atribuciones a la Ley Departamental Nº 98, de Santa Cruz, afecta a 11 unidades de conservación ambiental y deja más de 3 millones de hectáreas de tierras a disposición de los avasalladores. Afirmó que la resolución confirma el carácter centralista del Gobierno del MAS, con el fin de afectar el área de las reservas acuíferas de esa capital, Güendá-Urubó.
La diputada reiteró que los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que firmaron la SC 0076, actuaron con criterio político antes que jurídico y dejaron un funesto precedente que atenta contra la autonomía, la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, porque su fallo apunta directamente contra las unidades de conservación ambiental y las tierras declaradas como patrimonio natural en Santa Cruz.
«No creo en coincidencias, esta sentencia no se movió en siete años, muchos jueces se excusaron con este caso y ahora que está viva la defensa de los acuíferos y el tema de la carretera en la UCPN Güenda Urubó, sale esta sentencia constitucional totalmente funesta», manifestó.
La legisladora explicó que, la sentencia del TCP convierte a 11 unidades de conservación con 3,2 millones de hectáreas en tierras “muy atractivas para los avasalladores o neocolonizadores, aliados del MAS”, que tienen un plan para tomar el departamento de Santa Cruz que se viene ejecutando hace años.
La Gobernación de Santa Cruz informó que en el departamento existen 11 unidades de conservación patrimonial natural (UCPN) como la referida Güendá-Urubó, que suman un total de 3.295.529 hectáreas (ha) que pasarán de la tuición departamental al control del Gobierno central.
La UCPN Güenda Urubó tiene una extensión de 44.711,09 ha; Las Lomas de Arena 14.975,97 ha; Santa Cruz La Vieja 17.080 ha; Ríos Blanco y Negro 1.426.861 ha; Meandros Antiguos del Río Ichilo 22.543,88 ha; Río Grande- Valles Cruceños 734.000 ha; Humedales del Norte 490.051 ha; Espejillos 3.487,59 ha; Serranía Sararenda 144.847,54 ha; Laguna Concepción 135.566,50 ha; y Tucabaca 262.305 ha.
El 8 de agosto, el TCP emitió la SC 0076/2023 por medio de la cual se declaró la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz Nº 98, que daba atribuciones y competencias a la Gobernación, para declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales dentro de su territorio autónomo.
La consulta constitucional que generó dicha sentencia figura en el expediente 19459/2017-39-CET radicado en La Paz, por un memorial presentado por el entonces vicepresidente del Estado, Álvaro García, y asambleístas departamentales cruceños del MAS, que argumentaron un “conflicto de competencias” entre la norma departamental cruceña y las atribuciones y competencias privativas del nivel central sobre temas de tierra y territorio.
