Los exvocales ordinarios del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Israel Campero Méndez, Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, presentaron una acción de amparo tras haber renunciado de forma irrevocable a sus cargos para habilitarse como candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Su propósito es regresar a sus funciones luego de haber perdido en las elecciones judiciales del pasado 15 de diciembre.
Los tres exvocales interpusieron un recurso en un juzgado de La Asunta, La Paz, solicitando que se deje sin efecto la aceptación de sus renuncias y que se les restituya en sus respectivos cargos, a pesar de que ya han sido designadas nuevas autoridades en sus lugares. En su solicitud de amparo, piden también como medida cautelar que se suspendan de forma provisional los actos realizados por los actuales ocupantes de sus puestos, así como la suspensión de las convocatorias para nuevos vocales ordinarios y constitucionales, hasta que se resuelva la audiencia del amparo que fue presentada contra los presidentes del TSJ, TCP y el Consejo de la Magistratura.
Blanco postuló para el TSJ, Campero para el TCP y Martínez para el Consejo de la Magistratura. Todos fueron habilitados para participar en las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras aprobar todas las fases del proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Argumentan que renunciaron en agosto debido a la presión del TSE para evitar ser inhabilitados como candidatos.
Campero, en su defensa, alega que los vocales constitucionales son elegidos por la Sala Plena conjunta del TSJ y el TCP, por lo que la aceptación de su renuncia debía ser realizada por estas instancias y no por los presidentes de dichos tribunales, lo que, según él, demuestra la falta de competencia para realizar este acto y viola sus derechos.
Los tres exvocales presentaron sus renuncias de manera irrevocable antes de participar como candidatos, pero tras perder en las elecciones judiciales, buscan ahora recuperar sus cargos. Durante su gestión, Campero fue señalado por políticos opositores como cercano al gobierno de Luis Arce, debido a la emisión de fallos que favorecían al oficialismo. Martínez, por su parte, antes de ser vocal, fue representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz.
El abogado constitucionalista Jaime Hurtado señaló que, según el artículo 238 de la Constitución, todos los candidatos deben gozar de igualdad de condiciones en las elecciones judiciales. En su opinión, la acción de amparo presentada por los exvocales refleja una interpretación errónea de la normativa, al entender que la renuncia a la función pública es un requisito indispensable para postularse a cargos electivos, lo que no sería necesario según la Constitución. Además, Hurtado cuestionó la decisión de interponer la demanda en La Asunta, sugiriendo que puede haber un intento de favorecer la decisión de la autoridad encargada de resolver el caso
