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Abogados ven contradicciones de la Fiscalía en juicios a Áñez

Las contradicciones del Ministerio Público en torno al procesamiento de la expresidenta Jeanine Áñez en estos últimos tres años son motivo de cuestionamiento por abogados que ven un “manejo político” de este caso. Entre 2019 y 2020, el fiscal general Juan Lanchipa emitió cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades contra Áñez, reconociendo su condición de presidenta, pero a partir de 2021, el proceso dio un giro de 180 grados y la acusación fue llevada a los juzgados ordinarios.

Los magistrados y el Fiscal General “convivieron” con Áñez durante el ejercicio del poder de casi un año de Gobierno, pero a finales de 2020, después de que ella dejó el cargo, estas autoridades mostraron sus “dudas” de que ella haya asumido la Presidencia del Estado, cumpliendo la cadena de sucesión constitucional, según el foro de abogados.

JUICIO DE PRIVILEGIO

En agosto de 2020, el fiscal Lanchipa presentó requerimientos acusatorios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de Áñez por la presunta comisión de delitos en los hechos de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019, y pidió a este alto tribunal tramitar la autorización de juicio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del Puente Huayllani del municipio de Sacaba y la Planta de Senkata de la ciudad de El Alto y los antecedentes acumulados, en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, el Ministerio Público presentó el día de hoy (viernes 20 de agosto), ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, dijo Lanchipa en una conferencia de prensa.

El 26 de agosto del mismo año, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, informó al país que la Sala Plena en sesión extraordinaria remitió el informe de la Sala Penal sobre la proposición acusatoria presentada por la Fiscalía General contra Áñez.

“La Sala Plena en su conjunto ha tomado conocimiento y conforme a la Ley 044, Art. 16, se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con el fin de que la ALP pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez”, señaló Torres.

Cinco meses antes, en marzo, el propio fiscal Lanchipa presentó ante el TSJ otras cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de Áñez y varias exautoridades de su gobierno, por los casos: Préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), Violación de la libertad de expresión en la cuarentena, Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile y por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa.

SE DIO EL GIRO

Sin embargo, una excepción de inhibitoria promovida por las víctimas de Senkata, patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) dependiente del Ministerio de Justicia, abrió el camino para que el 24 de enero de este año, el juez de El Alto, Marco Amaru, se declarara competente para procesar a la exmandantaria por las muertes en Senkata pese a que el caso ya estaba en el TSJ. Casi paralelamente comisiones de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista “allanaban el camino” para remitir los procesos a los jueces ordinarios.

Con esa decisión, Amaru pidió al TSJ que le remita todos los antecedentes del caso para avanzar con el juicio ordinario.

Desde el TSJ, su presidente Ricardo Torres, aseguró que este alto tribunal aún no había abierto su competencia para juzgar a la expresidenta porque aún no recibieron ninguna autorización de la Asamblea Legislativa.

Antes que se presentaran acusaciones en el caso Senkata y Sacaba, la expresidenta ya estaba detenida preventivamente desde marzo de 2021, inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración en el caso “golpe de Estado I” y luego se abrió el proceso “golpe de Estado II” por delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes. Se ponía en duda la forma cómo asumió la Presidencia en el marco de una cadena de sucesión constitucional.

En junio de 2022, en el caso Golpe II llegó a juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dictó sentencia de 10 años de prisión en la cárcel Miraflores para Áñez.

DEFENSA ACUSA AMNESIA

Desde la defensa de Áñez, el abogado Luis Guillén sostiene que el anuncio del Fiscal General de posibles procesos contra los jueces que declinaron competencia de procesar a Áñez en la vía ordinaria, son expresiones de intromisión de parte de un órgano coercitivo del Estado como es el Ministerio Público que amenaza a la independencia judicial.

Guillén le recordó a Lanchipa que fue el mismo quien que presentó proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades.

Reveló que el Fiscal General tomó declaraciones a Áñez en el penal Miraflores en los actos iniciales del juicio de responsabilidades. “Hay una amnesia selectiva por parte de Lanchipa al hacer pronunciamientos (para insistir en un juicio ordinario), después que emitió cuatro proposiciones acusatorias, sobre cinco que pretendían ser instauradas”, manifestó.

ACUSACIÓN

En los casos Senkata y Sacaba, el Ministerio Público se tomó casi cuatro años para presentar acusación contra Áñez en la vía ordinaria. El 23 de octubre, el fiscal general Juan Lanchipa convocó a una conferencia de prensa para anunciar la presentación de la acusación en estos casos ante los tribunales de El Alto y de Cochabamba. Ante estas acusaciones los tribunales de sentencia de El Alto y Cochabamba declinaron competencia y ahora la decisión está en manos de los vocales de tribunales departamentales.

El 3 de noviembre de 2023, la Sala Penal del TSJ, admitió un recurso de casación de la expresidenta, dando curso a la revisión de la sentencia de 10 años de cárcel y la sucesión presidencial con la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Icach: Priman “criterios políticos” 

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), su presidente, Juan Pablo Cervantes, observa que algunos administradores de justicia se están “prestando para hacer procesos indebidos”.

“En Bolivia se dejan de lado los criterios jurídicos para cubrir las decisiones políticas”, indicó Cervantes.

Para el abogado, el Fiscal General cambió de opinión en el procedimiento de juicio contra Jeanine Áñez: primero planteó, requerimientos de juicio de responsabilidades; después, de forma contradictoria, impulsó el proceso en la vía ordinaria.

“En este momento están primando más los criterios políticos que los jurídicos”, remarcó Cervantes y dijo que estos cambios de criterio no solo se dan en el Ministerio Público sino también en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que a través de un comunicado y enmarcado en la jurisprudencia avaló la sucesión presidencial de Áñez, pero después se desdijo.

El abogado sospecha que la fractura interna del MAS también podría influir en estos juicios políticos y no descarta que las decisiones de los tribunales de El Alto y Cochabamba, que declinaron competencia para procesar a Áñez, tengan alguna consecuencia de estas pugnas.

Fiscalía e IDIF: Las balas no eran de las FFAA

En noviembre de 2019, tras la asunción de Áñez a la Presidencia, un informe pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló que no se encontró ningún proyectil de armamento militar en las ocho personas que perdieron la vida en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, después del atentado contra la planta de YPFB en el que intervinieron las Fuerzas Armadas.

“Dentro de todo el informe detallado, no existe el 7,62, que es la munición reglamentaria del Ejército”, informó el entonces director del IDIF, Andrés Flores Aguilar.

Este instituto también señaló que los fallecimientos se produjeron por el impacto de proyectiles pertenecientes a armas cortas.

“De estos ocho fallecidos, se han podido colectar cinco proyectiles. Tres corresponden a calibre 22 y dos son 9 milímetros. Y de los otros tres cuerpos no se ha podido colectar ningún proyectil, pero hay un orificio de entrada y salida”, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.