El Gobierno conformó una subcomisión de alto nivel para negociar el cierre de las demandas planteadas por una veintena de jueces transitorios que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado por despidos supuestamente arbitrarios por parte del Consejo de la Magistratura.
El procurador general del Estado, César Siles, informó la anterior semana en Sucre que existen 17 demandas o peticiones de exjueces denominados transitorios ante la CIDH y otras siete individuales de otros exjueces. Dijo que solicitaron a la CIDH que estas peticiones puedan acumularse en una sola porque se trata de la misma temática: “la reincorporación (a sus cargos), el pago de haberes devengados y la vulneración de sus derechos”.
“Los 17 procesos, peticiones que se encuentran en fase de admisibilidad, no han sido todavía admitidas, sin embargo, bajo el precepto del respeto a la cultura de paz, la Procuraduría no solo en estos casos, sino en otros –tenemos 113 en el portafolio de la CIDH–, hemos entablado ya acercamientos, hasta negociaciones para cerrar los litigios. Nadie quiere tener litigios por siempre, por años, que después terminan con sentencias en contra del Estado por cuantiosas sumas de dinero que pagar”, manifestó.
REUNIONES
Explicó que a pesar de que todavía la norma no les habilita para asumir acciones con relación a estas demandas, porque la CIDH aún no emitió un informe de admisibilidad sobre los procesos, la Procuraduría inició reuniones con los exjueces peticionantes.
“La Procuraduría mantuvo reuniones no solamente con los 17 jueces que están peticionando a la CIDH, sino con otros jueces que no han acudido todavía a esa instancia pero que pueden hacerlo, porque están dentro de este grupo de jueces”, puntualizó.
Siles señaló que conformaron una subcomisión dentro de la Ley 898 de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016, a la cabeza de la Procuraduría General del Estado para encontrar alternativas de diálogo para cerrar los procesos en contra del Estado.
DESPIDOS
El despido de al menos 80 jueces por parte del Consejo de la Magistratura en mayo de 2017 abrió el paraguas al planteamiento de demandas ante la CIDH por parte de 22 jueces, quienes agotaron las instancias judiciales dentro del país, donde sus derechos no fueron tutelados.
