Este enfoque, considerado autoritario, es criticado por ser incompatible con principios como el de legalidad, ya que sanciona a una persona por lo que "es" y no por lo que "ha hecho".

Se basa en el principio de que la pena debe responder a lo que el individuo ha hecho, sancionándolo solo por los actos ilícitos que ha cometido y que son reprochables, promoviendo así la seguridad jurídica y protegiendo bienes jurídicos protegidos por la ley.

El estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito ha derivado el término iter victimae, bajo el cual se concibe que las víctimas de crímenes siguen un camino lleno de variables que les conduce hacia el encuentro con su victimario y determinan su conducta antes de que el delito sea cometido, mientras este tiene lugar y luego de que ha sido consumado. Con el fin de comprender este término desarrollado por la Victimología se analizará su definición, las relaciones posibles entre agresores y víctimas y los factores que conducen a la confluencia de los miembros de la pareja penal.

Este camino se estudia analizando los factores predisponentes, preparatorios y desencadenantes que la hacen vulnerable a la victimización

El trauma psicológico es una respuesta a un evento que una persona encuentra altamente estresante. Algunos ejemplos incluyen estar en una zona de guerra, un desastre natural o un accidente. El trauma puede causar una amplia gama de síntomas físicos y emocionales.

De acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCPs) emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, la acusación fiscal debe cumplir con ciertos requisitos esenciales para ser considerada válida y eficaz. Estos requisitos se encuentran establecidos en el Código Penal Boliviano (CPB) y en la jurisprudencia del TCP.

El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa.

El principio pro homine impone, que en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo

El tribunal del caso Daubert subrayó que el objetivo de la investigación debe centrarse exclusivamente en los principios y la metodología, y no en las conclusiones que generen.