La coexistencia de magistrados prorrogados y electos representa un desafío inédito para el sistema judicial boliviano. Este escenario no sólo pone en riesgo la validez de las decisiones judiciales, sino que también afecta la percepción de independencia y legitimidad de los órganos judiciales.
La nulidad procesal, de manera general, significa castigar con ineficacia algún acto jurídico llevado a cabo en el proceso con inobservancia de algunos de los requisitos que la ley establece para su validez.
El principio acusatorio es “el desdoblamiento, de las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la misma persona.
Tanto el código hash como las funciones o algoritmos hash son elementos esenciales en el ámbito de la criptografía, siendo una pieza fundamental en las tecnologías blockchain y, por supuesto, en las aplicaciones de firma electrónica.
De hecho, todas las herramientas que permiten generar y verificar firmas digitales, así como comprobar la integridad y no alteración de los documentos firmados, dependen directamente de la utilización de estos códigos hash.
El grupo de Juristas independientes sostienen que las declaraciones de Morales demuestran la obsecuencia de jueces, magistrados y el Ministerio Público, a las instrucciones políticas
"El art. 116.I de la CPE, garantiza la presunción de inocencia y, como efecto de dicha garantía, constitucionaliza el criterio de interpretación de favorabilidad (pro libertad) cuando exista duda sobre la norma aplicable, al señalar que: “…Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”."