La desheredación, la declaración de indignidad y la revocación de adopción, esta última inexistente en la nueva normativa que regula el instituto de la adopción, son tres institutos diferentes pero que, sin embargo, comparten causales para su procedencia y tienen un fin común que es la exclusión de la sucesión de uno o más herederos .
En su dimensión normativa, la preclusión se halla prevista en el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial, en cuyo texto se describe taxativamente que la preclusión opera a la conclusión y vencimiento de los plazos procesales.
El quebrantamiento de los preceptos relativos a los diversos requisitos formales de cada testamento tiene, en principio, una sola y extrema sanción: la nulidad absoluta
En el marco del caso consorcio, el exministro de Justicia, César Siles, y el exvocal judicial Yván Córdova han suscrito un acuerdo con la víctima, la magistrada Fanny Coaquira, con lo cual solicitaron a la Fiscalía rebajar su calificación penal y así ser apartados del proceso.
En el marco del caso consorcio, el exministro de Justicia, César Siles, y el exvocal judicial Yván Córdova han suscrito un acuerdo con la víctima, la magistrada Fanny Coaquira, con lo cual solicitaron a la Fiscalía rebajar su calificación penal y así ser apartados del proceso.
En el marco del caso consorcio, el exministro de Justicia, César Siles, y el exvocal judicial Yván Córdova han suscrito un acuerdo con la víctima, la magistrada Fanny Coaquira, con lo cual solicitaron a la Fiscalía rebajar su calificación penal y así ser apartados del proceso.
Varios legisladores anunciaron acciones legales contra el vicepresidente Edmand Lara, luego de que la autoridad lanzada duros calificativos contra diputados y senadores en redes sociales.
Mediante un video en redes sociales, el excandidato propone cinco acciones a tomar en reemplazo del decreto, como subvención localizada y eliminación del contrabando.
La legisladora Sofía Rocha afirmó que gana Bs 5.400 mensuales y que gran parte de ese monto se destina a cubrir gastos operativos de su trabajo, tras el anuncio del Ministerio de Economía sobre un ajuste salarial.
El uniformado no podrá abandonar el país, no deberá apersonarse al lugar donde sucedió el hecho ni comunicarse con los testigos del caso, y tendrá que presentarse ante los juzgados dos veces por semana para registrar su asistencia. Además, no podrá portar armas ni ingerir bebidas alcohólicas.
Varios sectores dieron un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo derogue el decreto que dispone los nuevos precios de los combustibles. Otros, como la CSTCB, demandaron su renuncia si no retrocede con la medida.
El mandatario ingresó al penal de San Pedro a las 19:27 de este viernes. Allí permanecerá los próximos cinco meses, mientras continúan las investigaciones por el desfalco al Fondioc.
