Las 41 ambulancias que pretendía comprar la Gobernación de Potosí dejaron de ser fantasmas. Han llegado al puerto de chileno de Iquique con logos de esa entidad y wiphalas en su costado.
En vísperas del Año Nuevo, un grupo de funcionarios del gobierno local firmaron un documento de recepción de los motorizados, pero ni siquiera habían llegado al país.
Era parte de una seguidilla de irregularidades que ahora investiga la Fiscalía, entre ellas el uso irregular del Número de Identificación Tributaria (NIT) de una firma que no era parte del proceso de adquisición.
También salió a la luz que las ambulancias partieron de al país tres días antes de la firma del contrato de compra, es decir, la firma intermediaria adquirió el lote antes de que la Gobernación confirme de manera pública al ganador de la licitación.
Los vehículos, cuya compra desató un escándalo nacional, fueron acomodados en una de las playas de la zona franca de esa ciudad portuaria chilena. Son de marca Toyota, tal como se había descrito en la anulada licitación.
El 20 de enero de este año, cuando el contrato de 20 millones de bolivianos ya había sido disuelto, Luis Humberto Huanca, propietario de Estefals Logistic, la empresa que se adjudicó la licitación, anunció que los logotipos y otras identificaciones fueron encargadas por la Gobernación.
“Van a llegar (los vehículos), pero ya se va a quitar los logotipos que estaban encargados de Potosí, con la bandera boliviana, con la bandera wiphala que estaba encargado”, detalló en una entrevista en la red Erbol.
El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, se querelló contra Huanca por presuntamente usar su nombre para la importación de los motorizados.
La Fiscalía procesa a un grupo de funcionarios de la Gobernación por este caso, pero no investiga al Mamani, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), quien ha defendido su inocencia en reiteradas ocasiones.
Para ese entonces, los motorizados estaban siendo transportados hasta Iquique desde Emiratos Árabes. La sede Toyota es japón.
El ministro de Justicia, Iván Lima, se cuestionó por qué la Gobernación compró los vehículos a una firma intermediaria cuando en el país existe una empresa que representa a la marca.
