La decana del Consejo de la Magistratura, Gabriela Araoz, y el consejero Carlos Spencer Arancibia informaron que la institución presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra seis funcionarios de la Oficina de Derechos Reales de Trinidad, en el departamento de Beni, por presuntos delitos de corrupción.
La denuncia formal acusa a los funcionarios de incumplimiento de deberes, manipulación informática y conducta antieconómica, delitos tipificados en el Código Penal.
Según explicó Araoz, el Consejo de la Magistratura solicitó al Ministerio Público realizar las diligencias investigativas necesarias para recabar elementos de prueba que permitan demostrar la existencia del hecho y la presunta responsabilidad de los implicados.
“La transparencia en el manejo de Derechos Reales es una prioridad para el Consejo de la Magistratura. Hemos exigido que la investigación llegue a su fin y que se sancione a los responsables conforme a la ley”, afirmó la decana en conferencia de prensa.
Por su parte, el consejero Carlos Spencer detalló que la denuncia surge a raíz de la detección de irregularidades en el sistema informático de Derechos Reales de Beni. Las investigaciones realizadas revelaron que funcionarios habrían manipulado los registros para anular anotaciones preventivas de inmuebles, lo que generó un perjuicio económico estimado en aproximadamente 6 millones de bolivianos.
“El Consejo de la Magistratura identificó estas irregularidades y actuó de inmediato. A raíz de nuestra denuncia, el día de ayer, miércoles, la Policía y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales, logrando el arresto de varios funcionarios que ahora están siendo investigados por su presunta participación en estos hechos de corrupción», precisó Spencer.
En ese sentido, Araoz reafirmó el compromiso del Consejo de la Magistratura con la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración de justicia, destacando que la integridad de los registros inmobiliarios es fundamental para la seguridad jurídica de la población.
“El Consejo de la Magistratura no permitirá ni tolerará ningún hecho de corrupción en ninguna de sus dependencias, y mucho menos en una oficina tan importante como la de Derechos Reales”, sentenció el consejero Spencer, enfatizando que la institución será implacable en la aplicación de la ley para erradicar cualquier tipo de manipulación indebida en el sistema judicial.
Finalmente, las autoridades del Consejo de la Magistratura reiteraron que la investigación se encuentra en curso y que el Ministerio Público, a través de la unidad especializada en Anticorrupción, continuará con las acciones legales necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas de los involucrados.
