El 3 de enero próximo fenece el mandato de los magistrados titulares del Órgano Judicial. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, debería haberse llamado a elecciones judiciales para contar son sus reemplazos. Debido a la falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) esto no sucedió y el país ahora enfrenta la posibilidad de que todo el aparato de Justicia del país quede paralizado. Ninguna solución a la vista se ajusta al marco constitucional.
La cuestión es por demás seria. Tal como están las cosas actualmente, “estamos encaminados hacia el despeñadero”, afirma el politólogo Carlos Saavedra, con quien conversamos al respecto.
“Hay que partir de un punto básico: la única salida constitucional es la elección de nuevas autoridades judiciales y ya no hay tiempo para eso. O sea, ya va a haber un incumplimiento de deberes de la ALP, que sabía que tenía que hacer la convocatoria. Si tienen problemas internos, si no han logrado los consensos, ese es un tema de responsabilidad de la ALP, que no ha sabido asumir la tarea. Cualquier otra solución, sea vía ley, decreto o acuerdo político, va a ser inconstitucional. Pero, debido a la necesidad práctica, a la necesidad de tener el Órgano Judicial estructurado, seguramente se llegará a algunos acuerdos. Veremos, con los años, qué consecuencias después tienen los mismos. En su momento, en la Universidad Católica se decidió la asunción de una presidenta al margen de la Constitución. Se toma una decisión política, pero después la misma tiene consecuencias jurídicas. Estamos frente a un panorama muy complejo, donde sea cual sea la salida, no va a tener la total constitucionalidad”, explica.
Sobre la misma cuestión, dialogamos también con Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. “Lo que pasa es que estamos quebrando el Estado Constitucional”, advierte.
“Primero, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, por los tiempos constitucionales, su plazo vence el 3 de enero. En esa fecha ya tendrían que estar sentadas las nuevas autoridades ejerciendo funciones, pero como no hay voluntad política en la Cámara de Diputados, sobre todo, lo que va a pasar es que tengamos autoridades inconstitucionales. Esto puede darse por la prolongación de funciones, lo que sería lapidario, porque la población está censurando al Órgano Judicial por su inoperancia, por su falta de transparencia, y que tengamos que prolongarlos en sus funciones eso es lapidario. Otro camino es mediante un decreto supremo, que así sean nombradas nuevas autoridades. Eso es menos lapidario, pero también es inconstitucional. Yo creo que se está apuntando aquello, porque tampoco se puede dejar un vacío de poder. Probablemente el presidente Luis Arce vaya a decir que logró el 55% de votos del pueblo y, por lo tanto, va a responder a ese apoyo utilizándolo en un decreto supremo para darle seguridad jurídica a las personas, mientras se corrija el problema por el cual estamos atravesando”, sostiene.
Otra vía es la que propuso el senador Hilarión Mamani (MAS), mediante su Proyecto de Ley 144, donde se planteaba que las autoridades del Órgano Judicial, sean reemplazadas interinamente por otros magistrados actualmente, de manera interna. “¿Cómo es posible que nosotros deleguemos esa responsabilidad a las autoridades que están, futuras exautoridades, que están censuradas, que están mal vistas por la población, dada la corrupción, la mala administración de justicia? Eso es inconcebible”, asevera Gutiérrez.
Ambos analistas no dejan espacio a las dudas: cualquier solución que se logre dar, que no sea a través de elecciones judiciales, no será constitucional. Ahora bien, Saavedra precisa incluso las salidas políticas “dependerán también de qué pase en la política misma en 2025. Podrán quedar como anécdotas y no tener ninguna consecuencia jurídica o, más bien, pueden tener serios castigos jurídicos. Habrá que ver qué se decide, quiénes se alían con quiénes para tomar qué decisiones. Entonces, estamos frente a una bomba de tiempo que va a explotar en manos de alguien, veremos de quién. Es muy envenenado el tema, como se dice coloquialmente, porque quien participe de la solución también se puede estar poniendo una cruz muy pesada para su futuro, o una soga al cuello, directamente. También hay que estar atentos a ver si de aquí al 3 de enero el aparato de Justicia toma algunas decisiones que puedan ser determinantes en la política”.
Gobernabilidad
Pero las complicaciones que se vislumbran en el horizonte ni empiezan ni acaban con el Órgano Judicial. La situación en la ALP habla de serios riesgos para la gobernabilidad del país. La aprobación de la reformulación de cierre de gestión del Presupuesto General del Estado (PGE), que no debería ser sino una cuestión de mero trámite, está derivando en una muestra de fuerza del acuerdo reflejado en el documento de nueve puntos firmado por senadores evistas, camachistas y de Comunidad Ciudadana.
La pugna interna dentro del MAS pasó a ser un enfrentamiento abierto y sin cuartel. Saavedra considera que “hay tres factores que ordenan hoy la política en Bolivia. El primero es el control del MAS, que es el espacio hegemónico desde donde se hace política en el país. El segundo es el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y esto termina dando paso al tercer elemento, a la tercera variable fundamental para ver quién se hace del poder en 2025, que es la viabilidad económica y la estabilidad del país”.
El politólogo añade que “hay una decisión ultra pragmática, más allá de los principios, más allá de los temas que parecían innegociables, de inviabilizar a partir de la ALP el camino de Luis Arce. Hay la intención de dinamitar el país, porque entienden que, si Bolivia llega con ciertos índices de estabilidad económica, con ciertos visos de recuperación, obviamente el más viable para reproducir el poder es Arce. Veo en ese primer pantallazo que ahí están pensando fuerzas opositoras e internas del masismo que la Asamblea puede ser la herramienta para inviabilizar la gestión y para generar un contexto donde la gente pida un cambio de conducción en 2025. Es más, desde el propio Gobierno han hablado de algo que, por ahora, todavía parece un poco pronto, que es acortar el mandato. Esto va a depender en mucho de cuál sea la habilidad política del Gobierno también para construir ciertos acuerdos que le den una gobernabilidad mínima”.
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Gutiérrez observa síntomas de algo mucho más riesgoso. “Considero, con mucha preocupación, que existen focos de desestabilización de la democracia y que están conduciendo a un golpe de estado moderno. Es decir, primero vemos una fracción del MAS, una división y pugna de una democracia salvaje en el Órgano Legislativo. Esto va a inviabilizar el desarrollo normal, económico, social y político del país. Se está generando desestabilización democrática y lo único que van a buscar después es la renuncia del presidente Luis Arce, porque ellos piensan que él no tiene la capacidad suficiente para gobernar y a eso se está dirigiendo todo. Ahí se van a mezclar todos aquellos que tienen intereses en desestabilizar la democracia, se van a juntar y van a disfrazarse de salvadores, de criticones al sistema económico, al sistema político y social. Vamos a ver censuras, pugnas y peleas en el Órgano Legislativo y poco trabajo productivo por el bienestar de Bolivia. ¿Eso qué significa? Desestabilización de la democracia y un golpe de estado moderno al estilo actual”.
El constitucionalista señala que “mucho va a hacer la capacidad que tenga el presidente, sus ministros y asesores, además del propio pueblo, para impedir una nueva desestabilización, como pasó en 2019. Entonces, si no hay personalidad, presencia física e intelectual en el gobierno, esto va a ir mal y en 2024 vamos a estar peor. En estos días el presidente tendría que pensar muy bien en articular su gabinete, ver cómo puede fortalecer algunos ministerios, viceministerios, y ver cómo puede aliarse con el pueblo. El mejor apoyo que pueda tener el presidente en este momento es la Constitución Política del Estado. Pero, si vamos a tener un gobierno de escritorio, que no hace nada, básicamente todos van a estar de acuerdo en decirle ‘señor, váyase’. Vamos a entrar en este fin de año a un momento de reflexión. Primero que nada, para los que están gobernando, para que presenten una nueva perspectiva de la política en Bolivia”.
Por su lado, pero en una línea de reflexión similar, Saavedra indica que “la gente no es tonta. Partimos de una máxima, por lo menos en comunicación política, y es que el elector es inteligente y se da cuenta de muchas cosas. La ciudadanía sabe cómo está operando la oposición y el evismo también para generar trabas al gobierno. Hasta cierto punto les puede funcionar, pueden inviabilizar algunas cosas, pero también en cierto momento esto puede constituirse en un escudo para el propio Gobierno en términos de opinión pública. Puede ayudarle más bien a reforzar una suerte de relato épico en la construcción de estabilidad. Habrá que ver hasta dónde están dispuestos los actores de la oposición para dinamitar el país, sabiendo que también van a cargar culpas. Habrá que ver si se juega el desastre total y habrá que ver la dosis de racionalidad de los actores políticos para ponerle un freno al caos que algunos añoran”.
(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político
