La justicia en Bolivia enfrenta una crisis alarmante que trasciende sus problemas estructurales para manifestarse en la violencia directa contra quienes integran el sistema judicial. El reciente asesinato del juez Wilder Marcial Cruz Arancibia en Cochabamba, ocurrido el 7 de noviembre de 2025, junto al atentado con bomba hace algunos años que cobró la vida de la fiscal Mónica Von Borries en Santa Cruz, evidencian la gravedad de un escenario donde los operadores judiciales arriesgan su vida por defender el Estado de Derecho. Estos hechos estremecen no solo a las familias de las víctimas, sino a una institución ya fragilizada por presiones políticas, corrupción e impunidad.

El asesinato del juez Cruz, consumado en un acto violento mientras se encontraba con su hijo, no solo segó una vida, sino que golpeó los fundamentos de la justicia boliviana. Paralelamente, el atentado contra la fiscal Von Borries reveló otro nivel de riesgo al que están expuestos los jueces y fiscales en Bolivia. La violencia contra operadores judiciales no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de la vulnerabilidad institucional que afecta al sistema judicial en general.

Jueces en riesgo

El riesgo para quienes integran la judicatura es múltiple. Estos ataques buscan paralizar investigaciones que amenazan intereses criminales o políticos, erosionando la autonomía judicial y vulnerando el acceso efectivo a la justicia. La doctrina constitucional en Bolivia es clara al respecto: la autonomía judicial es un principio fundamental para garantizar la independencia del órgano judicial frente a las otras ramas del poder público, como lo establece el artículo 182 de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, el artículo 199 establece que el Órgano Judicial debe garantizar los derechos fundamentales y la independencia de sus jueces, asegurando la tutela judicial efectiva.

El Consejo de la Magistratura ha reportado que más del 60% de jueces y fiscales enfrentan presiones indebidas de actores políticos o económicos en su trabajo cotidiano. Este dato revela la dimensión de la crisis institucional y la magnitud de las amenazas contra la judicatura. La Ley N° 025 del Órgano Judicial establece en sus artículos 5 y 6 que la función judicial debe ser pública, independiente, imparcial y que se debe garantizar protección a los operadores judiciales para el ejercicio pleno de sus funciones. Sin embargo, la realidad muestra que esto no se cumple con la efectividad necesaria.

Ante este escenario, la Corte Suprema de Justicia dictó la Resolución CSJ N° 142/2025, en la que se insta al Estado a adoptar medidas concretas para la protección de jueces y fiscales y a respetar de manera irrestricta la autonomía judicial, requisito indispensable para consolidar un sistema de justicia democrática que garantice los derechos humanos y la seguridad jurídica.

La crisis regional de la justicia

La crisis que vive Bolivia no es un fenómeno aislado en América Latina. Colombia, por ejemplo, ha sufrido durante décadas un constante hostigamiento y ataques directos contra operadores judiciales. La masacre del Palacio de Justicia en 1985, en la que perdieron la vida once magistrados, es un antecedente doloroso y emblemático. Además, el asesinato de figuras destacadas como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el magistrado Carlos Valencia ejemplifican la violencia estructural contra quienes han osado investigar o actuar contra redes de narcotráfico y corrupción. Estos ataques tienen como objetivo paralizar investigaciones y decisiones judiciales que amenazan poderosos intereses criminales, un patrón replicado en varios países de la región.

Perú, aunque ha tenido menor exposición a violencia directa, ha dado pasos legislativos para fortalecer la protección del sistema judicial. La promulgación de leyes que sancionan la conducta negligente o corrupta de jueces y fiscales, junto con el aumento de penas para agresiones contra operadores judiciales, representa un esfuerzo por recuperar la credibilidad del sistema y garantizar la seguridad en el ejercicio de la justicia.

En Argentina, la muerte en circunstancias controversiales del fiscal Alberto Nisman en 2015, quien investigaba casos complejos relacionados con terrorismo y encubrimiento de altos funcionarios políticos, evidencia que los riesgos para operadores judiciales no solo provienen del crimen organizado, sino también de redes de poder político profundamente entramadas que buscan proteger intereses particulares a costa de la verdad y la justicia.

Violencia contra la justicia

El común denominador de estas situaciones es que la violencia se utiliza como herramienta para paralizar la justicia y mantener la impunidad. En Bolivia, esta situación se agrava por la vulnerabilidad institucional que dificulta la implementación y garantía de medidas efectivas de protección. La Ley 903 de Fortalecimiento del Sistema Judicial, promulgada en 2023, ha avanzado en términos organizativos y procesales, pero ha demostrado ser insuficiente frente a la magnitud del problema. La sentencia constitucional plurinacional N° 0056/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional reafirma la autonomía judicial como pilar fundamental para la independencia y seguridad de los operadores de justicia, estableciendo un marco jurídico indispensable para avanzar.

Además, la crisis no es solo de orden estructural o legal, sino también cultural. Reconocidos doctrinarios constitucionales bolivianos sostienen que la autonomía judicial no se limita a un formalismo legal, sino que constituye una garantía esencial para evitar la subordinación política del poder judicial, consolidar la confianza ciudadana y asegurar el Estado Constitucional de Derechos y Justicia (Exeni). Por su parte, Rodríguez Ugarte subraya la necesidad urgente de mecanismos institucionales que permitan a jueces y fiscales cumplir sus funciones sin temor a represalias, reflejando la conexión intrínseca entre autonomía, seguridad y democracia.

La violencia contra operadores judiciales tiene un impacto que va más allá de lo individual; afecta gravemente la institucionalidad. Bolivia registra indicadores de baja confianza pública en la justicia según el Latinobarómetro Justicia 2025. La impunidad, la corrupción y la falta de protección efectiva minan la credibilidad y dificultan el acceso real a derechos fundamentales y al ejercicio pleno del Estado de Derecho.

Necesidades y urgencias

Frente a este escenario, Bolivia debe definir con urgencia una estrategia integral que garantice la seguridad y autonomía de sus operadores judiciales. Esto implica no solo reformas legales, sino, principalmente, voluntad política real, asignación adecuada de recursos y un cambio cultural profundo en la administración de justicia.

La experiencia regional confirma que solo con una combinación de voluntad política, inversión en mecanismos efectivos de protección, formación continua y compromiso social se puede construir un sistema judicial seguro, confiable y responsable. Proteger a los jueces y fiscales no es solo proteger a individuos, sino cuidar la columna vertebral de la justicia y de la democracia misma. La sociedad boliviana debe entender que asegurarles seguridad y autonomía es garantizar que la justicia funcione para todos y todas.

Estos asesinatos y atentados contra operadores judiciales son un llamado urgente a la reflexión y acción conjunta de autoridades, sociedad civil y organismos internacionales. La justicia no puede seguir en jaque. El futuro democrático de Bolivia y América Latina depende de contar con sistemas judiciales independientes, protegidos y capacitados para enfrentar los desafíos presentes sin temor a la violencia o la corrupción.

La autonomía judicial, la protección efectiva y el fortalecimiento institucional son pilares inseparables para garantizar la vigencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Solo así será posible recuperar la confianza ciudadana, enfrentar la impunidad y construir una democracia sólida y duradera.