En el caso presente, el recurrente denuncia una supuesta omisión del Tribunal de apelación para responder la denuncia de falta de valoración de las intervenciones y del uso de la última palabra que violaría su derecho a la defensa y la certidumbre, verificándose de los antecedentes que el aparente agravio fue denunciado por Raúl Salvatierra Vaca en el punto IV de su apelación restringida al referir la inexistencia de una explicación razonable en cuanto a por qué no se valoró su intervención a través de su defensa material y su última palabra, no siendo un reclamo interpuesto por el ahora recurrente; sin embargo, cabe precisar que el Tribunal de apelación sobre el particular, manifestó que: “…la alegación del apelante no es pertinente, dado lo que pretende es una nueva valoración de su versión y se le otorgue credibilidad a lo expresado en su derecho a la última palabra, lo que es inadmisible bajo este epígrafe de errónea aplicación de la ley, que se circunscribe a lo anotado, la adecuación de los hechos probados al tipo penal que corresponda y no a la mera versión del imputado dicha sea en su declaración o en uso de su derecho a la última palabra, que no está sujeta a juramento, ni promesa de decir la verdad, por lo que no es un testimonio, sino un acto de defensa consiguientemente no es prueba…” (sic).
Por lo referido no es evidente la denuncia formulada por el recurrente, debiendo agregarse que el Código de Procedimiento Penal vigente, no considera las declaraciones de los imputados como prueba, puesto que no es una declaración testifical formalmente entendida que es la única prueba que puede ser valorada, por tratarse de argumentaciones de rechazo genérico de los cargos y afirmaciones de algunos aspectos expuestos por las declaraciones testificales o de las documentales; pretender que se analice y valore una simple negativa de la comisión del hecho, es tanto como proponer que se examine una mera abstención de declaración.
Lo que racionalmente puede exigirse al tribunal para fundar la condena, es que valore las pruebas efectivamente recibidas, exponga las conclusiones que infirió de ellas, los razonamientos que amparan esas inferencias y por qué resultan aptas para destruir el estado de inocencia que resguarda al imputado. Al hacerlo de este modo, los juzgadores cumplen su deber de fundamentar el fallo, con clara exposición de los elementos objetivos que permiten desvirtuar la simple negativa de los cargos que hizo el imputado, alcanzando la meta propuesta de asegurar que lo resuelto sea racionalmente verificable y responda a la verdad material.
En ese contexto, no se evidencia contradicción alguna con la doctrina con el Auto Supremo 177/2013-RRC de 27 de junio, siendo la fundamentación expuesta por el Tribunal de apelación expresa, clara, concreta, legítima y lógica, dando respuesta a cada agravio denunciado por ambos apelantes, exponiendo las razones que condujeron al tribunal a concluir que la sentencia cumplía con la exigencia de la fundamentación fáctica y jurídica debidamente pormenorizada y respaldada por elementos de prueba.
