La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, afirmó este denunció este lunes que es víctima de violación a sus derechos humanos, después de que fue declarada rebelde, en el caso denominado “Armamento no letal – Ecuador”. Afirmó que se trata de una “vendetta” por parte del fiscal departamental de La Paz, William Alave, pero también lanzó acusaciones en contra del fiscal general Juan Lanchipa.
“Me he enterado por medios de comunicación que a gestión del fiscal Eddy Flores he sido imputada y declarada rebelde dentro de un proceso de supuesto tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes. Dudo que tremenda violación a mis derechos se originen en una persecución del Gobierno actual, pues fue mi persona quien renunció al gobierno de Jeanine Áñez al observar un gobierno político sin intenciones de hacer gestión pública para el pueblo. Cabe señalar que un ministro de la gestión de Áñez negoció con la Fiscalía General y propició la salida del fiscal William Alave quien, me imagino, dirige una vendetta contra mi persona”, escribió este lunes en su cuenta de Facebook.
Afirma que el fiscal Flores, a quien acusa de ser “de confianza” de Alave, ejecuta una persecución en contra del padre de sus hijas, “junto con el abogado Oswaldo Zegarra (abogado de Juan Ramón Quintana)”, mientras ella está en el exilio.
Según Lizárraga, envió un memorial en marzo de este año indicando al juzgado el lugar dónde puede ser notificada, pero la notificación de la audiencia del pasado 23 de marzo no le llegó. De todas maneras, sostiene que al tener conocimiento el Ministerio Público que está fuera del país, “cualquier notificación por edicto de alcance nacional es nula al igual que su apócrifa rebeldía, mostrando una vez que a la cabeza de William Alave se están vulnerando derechos humanos en Bolivia”.
fiscalReveló además que Lanchipa ofreció las fiscalías de La Paz y Santa Cruz a dos exministros de Áñez.
“Debo señalar al S. William Alabe que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al Sr. (Yerko) Nuñez y al Sr. Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del gobierno transitorio y inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Nuñez. Se generó una rivalidad entre ambos ministros, Lanchipa pidió tiempo para entregar la fiscalía de la Paz a gente de confianza de Nuñez y Cochabamba y Santa Cruz a Arturo Murillo (sic)”, afirmó Lizárraga.
Según ella, Núñez le dijo que Lanchipa estaba haciendo “un buen trabajo”, por lo que consideró que no era necesario cambiarlo.
“En una conversación sostenida con Nuñez en diciembre 2019 en mi despacho me manifestó que Lanchipa estaba haciendo un buen trabajo que no había necesidad de cambiarlo y que había sugerido sacarlo a Williams Álave. En ese momento pensamos que Lanchipa estaba tomando revancha porque Alave tenía aspiraciones en la época Evista de ser fiscal general. Tiempo después este compromiso fue cumplido por Lanchipa (sic)”, argumentó.
La exministra de Áñez también manifestó que “estas irregularidades” solo fortalecen su tramitación de asilo, pero que ello no implica que en cuanto tenga garantías se presentará ante las autoridades a declarar la verdad “caiga quien caiga”.
