El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó a Visión 360 que la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, presentó una denuncia contra el testigo del «Caso Golpe I», Antonio de la Fuente, y su abogado, José Uriarte, por pretender alejarla del cargo, mediante el uso de documentación falsa.

“La magistrada Fanny Coaquira ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público, por el delito de falsedad y uso de instrumento falsificado contra dos ciudadanos, el señor De la Fuente y su abogado”, confirmó Torrez.

De acuerdo a los antecedentes, el 11 de junio, De la Fuente y Uriarte presentaron una “acción de cumplimiento”, ante el juez del municipio yungueño de Coroico, Marcelo Lea Plaza, al que solicitó que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspender la credencial de la magistrada Coaquira, con el argumento de que ella faltó a la verdad en una “declaración jurada” sobre los requisitos, en relación a si fue docente en una universidad privada.

El juez Lea Plaza falló en favor de De la Fuente y dicha resolución, calificada de prevaricadora, dio paso al caso consorcio judicial, en el que además de funcionarios de bajo rango, ahora están implicados el mismo juez Lea Plaza; De la Fuente; su abogado, José Uriarte (ex cónsul  de Bolivia en España); el exministro de Justicia, César Siles; el expresidente del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz, Yván Córdova; la exvocal Claudia Castro y el magistrado suplente de Coaquira, Iván Campero.

De la Fuente informó a su vez que, originalmente, el TSE rechazó su pedido de suspender a Coaquira, con el argumento de que la etapa de revisión de dicha declaración jurada “precluyó” en 2024, antes de las elecciones judiciales, por lo que sugería que, si existiera alguna otra observación De la Fuente debería recurrir “ante la instancia correspondiente”. Hecho que llevó a que De la Fuente presente esa “acción de cumplimiento” en Coroico.

En entrevista con Visión 360, De la Fuente aseguró que el de Coaquira “no era el único caso, hay otros magistrados”, que presentaron documentación fraguada para cumplir con los requisitos de la preselección que se dio en la Asamblea Legislativa.

No obstante, según la denuncia de Coaquira, De la Fuente se valió de un documento fraguado para solicitar su suspensión ante del TSE. Torrez explicó que ahora, en este segundo proceso, se analizará la originalidad de dicho documento.

De esta forma se dará respuesta a una de las incógnitas del caso de consorcio judicial, en relación a la legalidad de los documentos de Coaquira y de otros magistrados, hecho que dio origen a las acciones de cumplimiento, por medio de las cuales se pretendía dar un “golpe al Órgano Judicial” y descabezar al TSJ, según lo afirmó su presidente, Romer Saucedo.

Torrez informó que la denuncia de Coaquira ya fue admitida y ya tiene un fiscal a cargo, quien incluso podría pedir que los responsables de la Universidad Bolivariana comparezcan, a fin de que se verifique la originalidad de los documentos de la magistrada. En ese sentido, se aclaró que esa investigación está al margen del caso de consorcio judicial.

De la Fuente fue denunciado en varias oportunidades por extorsión, estafa y otros delitos. Uno de sus denunciantes fue el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien cuando era presidente de la Cámara de Diputados presentó demandas penales en su contra, porque supuestamente se hacía pasar como su asesor para cobrar dinero por la venta de cargos.

El también “testigo del Caso Golpe I” afirmó que no le importa la opinión de la sociedad, asegura que él procesó a todos los que lo denunciaron y dañaron su imagen, porque “nunca” le pudieron probar “nada”, incluido Novillo.