El TSJ exhorta a instancias como el Ministerio Público, la Policía Boliviana y Consejo de la Magistratura a que cumplan con el debido proceso y se enmarquen a lo establecido en la Constitución.
El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración
