En consideración al interés superior y la necesidad de precautelar la vida del niño y niña el empleador - sea del sector público o privado- está en la obligación de efectivizar las prestaciones consistentes en las asignaciones familiares; es decir, subsidios prenatal, de natalidad y de lactancia, en favor del menor independientemente de que se haya producido la extinción del vínculo laboral de la madre o padre trabajador o servidor público.