El proceso penal acusatorio tiene como principio y fin el de racionalizar la persecución penal garantizando que se apliquen los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución, pero, luego de analizar las noticias diarias sobre crímenes y castigos, se desata la necesidad de plantearse si “nuestra Justicia” realmente cumple como valor supremo del derecho.