El proyecto de ley para la modificación de la Ley 348 sanciona el acoso callejero y los gritos que un hombre lance contra una mujer, informó la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco.

El Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Este martes la organización de las Bartolinas presentó un anteproyecto de ley, el presidente Arce se comprometió a enviarlo a la ALP

Estas obligaciones constituyen parámetros y estándares que deben observar los Estados y cuando toca administrar justicia en un caso concreto que involucra violencia física y sexual contra la mujer deben observar los fiscales, jueces y cualquier otro funcionario del sistema judicial. En especial para la consecución, custodia y valoración de las pruebas, sin que ello implique una desigualdad procesal de las partes, garantizando un proceso con pleno respeto de los derechos y garantías donde se establezca la verdad de los hechos.

La denuncia se presentó el 15 de junio en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la ciudad de La Paz y el sindicado debe declarar este miércoles.

El sindicado deberá pagar una fianza de Bs 20.000, se le prohibió acercarse a la víctima y consumir bebidas alcohólicas.

Se conoce que el agresor fue nombrado como padrino de promoción de una unidad educativa en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, donde consumió bebidas alcohólicas y posteriormente golpeó a la víctima.

“Las mujeres no rompen ese círculo de violencia por temor a no saber cómo atender luego a los hijos y ahí es donde el Estado debería darles oportunidades, mujer que sufre violencia debería acceder a un espacio laboral”, dijo.

Refirió que esta situación es tomada como una “oportunidad” por las autoridades de gobierno que aprovechan para decir: “Estamos haciendo justicia, ya tenemos un hombre en la cárcel”.