El Gobierno actúa sobre los efectos de la violencia en la sociedad, cuando los hechos ya se han consumado, y no interviene sobre las causas mediante medidas de prevención para evitar la muerte de más mujeres y niños, señaló Marlene Choque Aldana, integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.

Esta característica convierte a Bolivia en un Estado punitivo con un gobierno que actúa desde el populismo penal y propone medidas drásticas como nuevas sanciones, que en definitiva no resuelven el problema de la violencia. Y esta situación se agrava al carecer el Estado de políticas públicas para afrontar la violencia de género.

“Para mí el Estado boliviano es un Estado punitivo, que luego de los hechos va a castigar a los culpables, pero por qué no actuamos antes de llegar a esos hechos, a veces actúa desde un populismo penal tratando de querer aumentar penas, alargar esas penas”, dijo a ANF.

El populismo penal es un fenómeno cuyo origen se encuentra en las demandas populares de punición, y cuando se trata de construir leyes penales y debatir casi nunca hay expertos. Se cree que los únicos que saben qué Derecho penal quiere la sociedad y cómo debemos acabar con la delincuencia es el ciudadano común, y de estas demandas populares se aprovecha la élite política para sacar réditos.

Choque indicó que la violencia de género tiene efectos a distintos niveles como el individual, familiar y societal, lo que implica un costo y una pérdida para la sociedad, por lo que ella insiste en que el Estado debe actuar más en las causas y no en los efectos, porque “los efectos son como hacer un parche a algo que está mal, pero no resuelve el problema de raíz”.