El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no retire la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, quien se encuentra implicada en el denominado caso consorcio. La resolución establece que Coaquira debe continuar ejerciendo funciones mientras se emite una sentencia constitucional definitiva sobre su situación.

El TCP se pronunció en respuesta a una  solicitud de medidas cautelares interpuesta por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteuffel, para dejar en suspenso la ejecución de esta determinación de un juez de garantías.

La decisión fue comunicada en conferencia de prensa por la magistrada Elizabeth Cornejo, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, y el decano Yván Espada, quienes detallaron que el pronunciamiento responde a una acción de cumplimiento presentada ante el juez de garantías de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien había ordenado el retiro de la credencial.

“Se ha dispuesto la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución constitucional dictada por el juez del Departamento de La Paz, hasta que este Tribunal, frente a un sorteo, resuelva la causa a través de una sentencia constitucional en revisión”, explicó la magistrada Cornejo, miembro de la Comisión de Admisión.

Cabe señalar que el TSE había solicitado la suspensión de la credencial de Coaquira debido a su presunta participación en una red de tráfico de influencias entre operadores judiciales, en el marco de la investigación por el caso consorcio.

En la misma línea, el TCP también instruyó mantener en funciones a la magistrada Fanny Coaquira. “El Tribunal Supremo Electoral deberá mantener vigente la credencial de Fanny Coaquira, quien deberá seguir ejerciendo funciones como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia”, puntualizó Cornejo.

Finalmente, el TCP exhortó a todas las autoridades del Estado a respetar los principios fundamentales del orden constitucional. “Exhortamos a las autoridades de todas las instancias públicas a que, en las decisiones que ellas tomen, respeten los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos”, concluyó.