Abogados, trabajadores fabriles y población afectada denuncian el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que de acuerdo a ley son de cumplimiento obligatorio, sin embargo, los tribunales que deben hacerlas cumplir las soslayan. Los afectados lamentan que estas sentencias no sirvan para defender sus derechos y no exista ningún respeto estas resoluciones de parte de las autoridades del Órgano Judicial.
Sin embargo, advierten que las sentencias constitucionales tienen eficacia cuando se trata de temas políticos e involucran a funcionarios del partido de Gobierno, que mediante sus legisladores eligieron a estas autoridades. Desde la sede del Tribunal Constitucional en La Paz se informó que aún no tiene un coordinador para que pueda dar su versión al respecto.
“Hemos ganado un Amparo Constitucional que dice que los trabajadores deben ser repuestos en sus fuentes de trabajo, pero la justicia no hace cumplir, ya pasaron 19 meses y sigue igual, ahora la empresa arguye que el caso ya se ha cerrado y no quiere cumplir”, dijo a ANF el exdirigente fabril, Vicente Pacosillo.
Pacosillo refirió que 114 trabajadores esperan ser reincorporados a la empresa Lara Bisch, pero esa Sentencia Constitucional “no sirve para nada, hemos ganado un Amparo en vano, nadie respeta a ese Tribunal (Constitucional)”.
Paul Tolavi, abogado de Renatto Cafferata, denunció que pese a haber siete resoluciones por el incumplimiento de la sentencia constitucional de 2016, que pide un nuevo juicio para su defendido por habérsele negado el derecho a la defensa, el Órgano Judicial lo incumple. Y pese a que se inició una denuncia ante el Ministerio Público contra esas autoridades – ya que incumplir una sentencia constitucional es un delito-, la fiscalía lo desestimó.
“Es un problema en nuestro sistema de justicia, no hay la forma de hacer cumplir las sentencias constitucionales cuando los encargados de cumplirla están encaramados en el propio Órgano Judicial”, dijo Tolavi a ANF.
