Un hombre lleva 23 años con dos procesos vigentes y no puede cerrarlos, pese a que una auditoría del Consejo de la Magistratura estableció irregularidades en los juicios en su contra y hasta responsabilizó a un exjuez, que debería haber sido sometido a un proceso penal.

El conflicto judicial de Gonzalo L.C. comenzó en 1998, cuando fue denunciado por un presunto robo agravado y condenado a tres años de prisión sobre la base de declaraciones de dos testigos con problemas de alcoholismo. Uno de ellos falleció después por complicaciones de salud derivados, precisamente, de esa adicción.

El acusado dice que apeló al fallo y que los vocales anularon obrados, pero no la sentencia, en aplicación del Código Procesal Penal de 1972. La justicia debería haber dictado otra sentencia; sin embargo, no lo hizo y, en la transición hacia el nuevo Código de Procedimiento Penal, su caso fue a parar a los juzgados liquidadores que, sin percatarse de que ya había una sentencia, dictaron otra incrementando la pena a seis años.

EXPEDIENTE PERDIDO

Según la versión de Gonzalo L.C., posteriormente, en 2004, se perdió el expediente de su caso y reapareció recién en 2016 (doce años después) y, desde entonces, viene procurando acabar con este “calvario”.

Planteó una auditoría al proceso y el resultado fue que encontraron irregularidades de los jueces. Luego, remitieron el caso al Ministerio Público y a la correspondiente vía disciplinaria.

LA AUDITORÍA

“¿Por qué los resultados de las auditorías del Consejo de la Magistratura no son obligatorios?”, se pregunta él, porque de esos actuados salieron responsabilidades en contra de jueces, pero, aún así, no se cumplen y su proceso tampoco se cierra.

“Los administradores de justicia van sembrando cizaña contra mi persona. He recurrido al Consejo de la Magistratura y, en una auditoría, estableció que la sentencia en mi contra se dictó sin ninguna prueba sostenible”, afirmó el ahora denunciante.

DENUNCIA

La víctima, Gonzalo L.C., dijo a CORREO DEL SUR que denunció a los jueces que dictaron sentencias en su contra, acusándolos del delito de prevaricato, pero aseguró que estos procesos tampoco avanzan.