Carlos Quisbert | La Paz |

La expresidenta Jeanine Añez, denunció que en un nuevo acto de abuso de poder, cometido por los operadores de justicia, determinaron la octava ampliación de su detención preventiva en el caso del supuesto “golpe de Estado I”, en el que ella fue imputada por terrorismo. Su defensa afirma que, desde el 26 julio hasta hoy, se aplicó un encarcelamiento ilegal.

La resolución se emitió hoy, por el juez primero anticorrupción, Elmer Laura, a solicitud del fiscal del caso, Omar Mejillones. En la audiencia virtual, se informó que debido a que se amplió la investigación contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari (ambos encarcelados), se necesitaba más tiempo para la toma de declaraciones y otro tipo de actos investigativos, en el proceso que inició en diciembre de 2020, cuando la exdiputada Lidia Patty (MAS), presentó la denuncia.

“Resulta que el caso es complejo, pero por ser complejo nos van a tener presos por la eternidad. Más de dos años y medio (de su detención) y seguimos escuchando las mismas argumentaciones (de la Fiscalía), esto es vergonzoso (…) Me acusan de terrorismo, sin ninguna prueba, pero así lo ha decidido el poder, a través de un mercenario de la justicia, que es el Ministro de Justicia (Iván Lima)”, afirmó Añez al momento de hacer uso de la palabra en la audiencia.

Por su lado, Luis Guillén, abogado de la expresidenta, informó que apeló la resolución del juez Laura. Cuestionó el hecho de que el fiscal Mejillones modificó en audiencia el plazo de la ampliación de la detención preventiva, de tres a cinco meses, sin notificar a su clienta. De acuerdo a la nueva resolución, Añez debe permanecer detenida hasta el 26 de diciembre.

Sin embargo, sobre la expresidenta existen otros procesos por los cuales también está detenida preventivamente, lo que reduce aún más la posibilidad de que logre salir de la cárcel, para al menos cumplir con una detención domiciliaria. Entre los casos abiertos en su contra está el caso EBA, por un supuesto nombramiento ilegal y el caso de la muerte de cocaleros, en el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los grupos violentos que intentaban ingresar a Cochabamba, durante de los conflictos de noviembre de 2019.

“Se trata de un uso indiscriminado que hay de la detención preventiva, que pone en evidencia que el la Fiscalía no realiza los actos investigativos y lo que busca es mantener en detención preventiva a las personas procesadas en este caso, esto bajo la mirada pasiva de las autoridades judiciales”, señaló el abogado. Recordó que Añez está detenida desde el 14 de marzo de 2021.

Guillén explicó que Mejillones arguye que no avanza en las investigaciones porque varios de los denunciados están prófugos, como es el caso de los exministros Fernando López y Yerko Nuñez, el jefe policial, Yuri Calderón y el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán. No obstante, “el fiscal nunca informa” sobre las diligencias que ha hecho para dar con las exautoridades o tomar la declaración, por ejemplo, de Arturo Murillo, de quien se tiene la seguridad de que está detenido en Estados Unidos.

El abogado afirmó que, al comprobar que no se puede dar paradero de los exministros, el fiscal podría optar por otras técnicas de investigación, pero no lo hace. Entre los nuevos requerimientos del fiscal esta la toma de declaración de otros personajes políticos de oposición, como el ex Defensor del Pueblo y exrector de la UMSA, Waldo Albarracín.