En ocasiones, las personas que sufren violaciones a los derechos humanos no encuentran a quién recurrir o no logran respuestas satisfactorias en sus propios países. Mediante la presentación de una petición o denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden obtener ayuda.

Contra la tortura se insurge el principio básico de humanidad, arraigado en la conciencia humana. La tortura encuéntrase claramente prohibida, como una violación grave de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por la conciencia jurídica universal. Es esta una conquista definitiva de la civilización, que no admite retrocesos. Se ha efectivamente conformado, hoy día, un verdadero régimen jurídico internacional contra la tortura.

Cuando una persona ha sido detenida y puede contar con cuatro derechos  (los de ser prontamente informada de sus derechos básicos, de tener sus familiares prontamente notificados de su detención, de tener acceso a un abogado, y de ser prontamente visto por un médico),

La Corte ha considerado que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza.

Las asociaciones de periodistas rechazaron el pedido del procurador general del Estado.

En el informe de la CIDH apunta que se cometieron ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, donde fueron asesinados Michael Dywer, Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi.

Fueron partícipes del proceso la ahora diputada Betty Yañiquez, el exfiscal Marcelo Soza, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades de ejecutivo que continúan de autoridades.

Esa entidad atribuye al Estado la muerte de Michael Dwyer y cita las versiones de Tadic y Tóásó en torno al deceso. La CIDH también recomienda compensación económica e investigación para esclarecer hechos.

Un informe de la CIDH apunta al gobierno de Evo Morales como promotor de las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas suscitadas el 2009.