En caso que ante la falta de solicitud fundamentada del Ministerio Público a los efectos de la ampliación de la detención preventiva inicialmente dispuesta, la autoridad jurisdiccional deba disponer la libertad del procesado, esta, en el mismo acto, deberá considerar y adoptar las medidas de seguridad y protección que fueran necesarias para garantizar la seguridad y prevenir una eventual revictimización de las víctimas pertenecientes a grupos de vulnerabilidad o protección reforzada. Asimismo, corresponderá a dicha autoridad poner en conocimiento del Fiscal Departamental competente la determinación asumida, para los fines que por ley correspondan, con independencia de las comunicaciones procesales de rigor pertinentes.

En relación a los funcionarios provisorios; es decir, aquellos servidores públicos que desempeñan funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa que son considerados provisorios; es decir, provisionales, no gozan de los derechos señalados por el 7.II del mencionado Estatuto; y en consecuencia, tampoco gozan de inamovilidad funcionaria.

No están sometidos a la Ley del Estatuto del Funcionario Público ni a dichas normas básicas, aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyo procedimiento, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Las asociaciones de periodistas rechazaron el pedido del procurador general del Estado.

En el informe de la CIDH apunta que se cometieron ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, donde fueron asesinados Michael Dywer, Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi.

Fueron partícipes del proceso la ahora diputada Betty Yañiquez, el exfiscal Marcelo Soza, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades de ejecutivo que continúan de autoridades.

Esa entidad atribuye al Estado la muerte de Michael Dwyer y cita las versiones de Tadic y Tóásó en torno al deceso. La CIDH también recomienda compensación económica e investigación para esclarecer hechos.

Un informe de la CIDH apunta al gobierno de Evo Morales como promotor de las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas suscitadas el 2009.

El Gobierno dice que no se pronunciará por el informe de la CIDH porque está en reserva, mientras que el senador de Creemos señaló que la primera tarea del Defensor del Pueblo será enjuiciar a Evo Morales.