El aumento de casos de feminicidio y violencia contra la mujer y menores de edad ha generado un sentimiento social e institucional sancionador que busca encarcelar a quienes cometen este tipo de delitos, sin embargo, esta situación también genera “procesos sin derecho a un juicio justo” contra quienes muchas veces resultan involucrados a sola denuncia. La presión popular y mediática demanda resultados inmediatos. Las autoridades legislativas modifican leyes y los ministros presentan “chivos expiatorios” como muestra de su “eficiente gestión”, según el criterio de tres juristas que advierten que toda esta situación va debilitando la ya afectada institucionalidad democrática.
“Hemos vuelto a la etapa inquisitiva en que la sola acusación o sospecha en contra de un hombre por el delito de feminicidio va a significar su procesamiento y su encarcelamiento inmediato, y lo más probable, es que al margen de cualquier investigación, de la prueba que pueda existir y del debido proceso, los hombres van a ser victimas sistemáticamente de esta persecución judicial, de esta presión mediática, porque cuando muera una mujer forzosamente deba existir un hombre en la cárcel”, dijo a ANF el abogado constitucionalista, Paul Tolavi.
El jurista advirtió que la presión mediática y popular contra de este tipo de procesos, al que se suman la presión institucional provenientes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacen que “quien sea acusado de feminicidio y de este tipo de hechos tenga la mínima posibilidad de salir libre”.
Refirió que esta situación es tomada como una “oportunidad” por las autoridades de gobierno que aprovechan para decir: “Estamos haciendo justicia, ya tenemos un hombre en la cárcel”.
