Los magistrados del Órgano Judicial y del TCP reanudaron labores este miércoles 3 de enero, el primer día después de que se cumpliera su mandato constitucional de seis años. El Tribunal Agroambiental, en Sala Plena, decidió elegir al magistrado Gregorio Aro como nuevo presidente en reemplazo de Tereza Garrón.

Entretanto, también este miércoles, el Comité Impulsor de Justicia (CIJ) de Chuquisaca, afín al expresidente Evo Morales, se sumó a Comunidad Ciudadana (CC) con un nuevo proceso penal, esta vez contra los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Tanto el ala “evista” como la oposición política cuestionan la Sentencia Constitucional 1010/2023 que dispuso dicha ampliación de mandato, entretanto se elige a sus sucesores mediante el voto ciudadano.

Se desconoce si los magistrados comenzaron a tramitar causas. La mayoría asistió a sus respectivos tribunales.

Tras la oficialización de la renuncia del magistrado del TCP Carlos Alberto Calderón, se mantiene el hermetismo en medio de crecientes rumores del alejamiento de más autoridades, que por estas horas analizarían si continúan o no en sus cargos.

Por lo pronto, se supo que han sido pospuestos algunos actos como el tratamiento del posible cambio de presidente en el TSJ y la designación de vocales de los tribunales departamentales de justicia.

Este miércoles, los frontis del TSJ y del TCP se mantenían protegidos por bardas metálicas y con presencia de efectivos policiales.

NUEVA DENUNCIA

El Comité Impulsor de Justicia (CIJ) de Chuquisaca, afín a Evo Morales, presentó una proposición acusatoria en la Fiscalía General, en Sucre, en contra de los magistrados del TCP por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, anticipación y prolongación de funciones y prevaricato.

“Solicitamos la inmediata aprehensión de todos los magistrados del TCP”, concluye su memorial de proposición acusatoria.

El martes, una veintena de parlamentarios de CC llegó a la Fiscalía General para presentar la primera acción penal contra los magistrados del Órgano Judicial y del TCP por usurpación de funciones.

CRÍTICAS DE MESA

El líder de CC, Carlos Mesa, declaró en el programa “La Tarde en Directo”, de Erbol: “Estamos siendo víctimas de un proceso dictatorial de una alianza, de una connivencia, de una complicidad entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, a partir del Ministro de Justicia y de sus fichas que son los miembros del Tribunal constitucional y el resto de los magistrados de los otros órganos del poder judicial, que tienen una decisión de ser lo que en dictadura eran los tanques y las ametralladoras de la acción militar brutal”.

IMPROCEDENTE

En La Paz, el abogado Gustavo Blacut Alcalá interpuso una Acción de Amparo en contra de la Sala Plena del TCP que emitió la declaración de prórroga de mandato lo cual en su criterio vulnera sus derechos políticos, pero la acción fue declarada improcedente.

Gregorio Aro presidirá el Tribunal Agroambiental

En las últimas horas, los magistrados del Tribunal Agroambiental (TA) decidieron que Gregorio Aro asuma la presidencia, en reemplazo de Tereza Garrón, en esta nueva etapa de ampliación de mandato temporal dispuesta por una declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional hasta que la Asamblea Legislativa haga la preselección de postulantes y el Órgano Electoral organice las elecciones de autoridades judiciales.

La Sala Plena de ese Tribunal se reunió la tarde de este miércoles y determinó que Aro asuma la presidencia por segunda vez.

El 4 de enero de 2018 fue posesionado como presidente del Agroambiental para una gestión de un año. La autoridad fue viceministro de Autonomías del gobierno de Evo Morales y asambleísta constituyente por el MAS en 2006.

Desde el principio de su mandato, en 2018, los magistrados del TA decidieron que cada uno de ellos presidirá la institución por un año y ese acuerdo interno fue cumplido durante todo su periodo constitucional.

A través de un comunicado el TA confirmó que Aro fue elegido presidente en cumplimiento de la Declaración Constitucional 0049/2023 y del artículo 141 de la Ley 025 del Órgano Judicial.