Por disposición del art. 239 de la Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, de 3 de mayo de 2019 –Ley 1173–, modificada por la Ley de modificación a la Ley 1173, de 18 de septiembre de 2019 –Ley 1226–: “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente, e infanticidio.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal;
6. Cuando la persona privada de libertada acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la juez, el juez, tribunal o fiscal negligente” (las negrillas y el interlineado son añadidas).
De la norma transcrita se colige que la solicitud de la cesación a la detención preventiva debe ser tramitada con la necesaria celeridad, con mayor razón en los supuestos previstos en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP, en los cuales existe un procedimiento especial, ya porque su duración excedió el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga o cuando la detención preventiva exceda los doce meses sin que se haya dictado acusación o veinticuatro sin que se hubiere dictado sentencia. En tal situación, los plazos a observarse en dichos supuestos, son los siguientes:
i) Veinticuatro horas para que el juez disponga el traslado a las partes y su remisión a la Oficina Gestora de Procesos para la correspondiente notificación a las partes (art. 132 num. 1 del CPP);
ii) Veinticuatro horas para que la indicada Oficina Gestora realice las notificaciones a las partes del proceso (art. 160 del CPP);
iii) Cuarenta y ocho horas para que las partes del proceso respondan a la solicitud de cesación a la detención preventiva (art. 239 del CPP); y,
iv) Cuarenta y ocho horas para que la autoridad judicial, con contestación o sin ella, sin necesidad de audiencia, dicte resolución declarando la procedencia o improcedencia de la solicitud planteada (art. 239 del CPP).
