Denunciar es un deber ciudadano, pero la ley establece excepciones y responsabilidades claras para proteger relaciones familiares y profesionales, a la vez que castiga el mal uso del sistema judicial con denuncias falsas.

Este delito se consuma en el momento en que se ejecutoria la resolución que declara la absolución o que exista la procedencia de una excepción de falta de acción, por comprobarse que el imputado no es autor del hecho denunciado.