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La representante de las víctimas de las dictaduras Victoria López lamentó el lento avance del acuerdo firmado con el Gobierno nacional para la reparación integral a quienes lucharon en los gobiernos de facto de 1964 a 1982 en defensa de la democracia.
“El acuerdo que hemos firmado con el Gobierno avanza, pero muy lentamente”, dijo López. En 11 años de vigilia reclamando su derecho a la reparación integral, como lo establece la Constitución Política y las leyes internacionales, más de 60 luchadores sociales, en su mayoría octogenarios, fallecieron.
El 21 de agosto de 2022 la plataforma de las víctimas de las dictaduras, luego de la muerte de su presidente Julio Llanos por la agresión de grupos del MAS, firmó un acuerdo de cinco puntos con el gobierno de Luis Arce y determinaron levantar las carpas de El Prado, que se ubicaron frente del Ministerio de Justicia. Solo uno de los acuerdos referido al pago de un adeudo del 80% a más de 1.700 beneficiarios fue pagado.
Las leyes para la revisión de al menos 4.000 casos de personas que fueron descalificadas, se van entrampando y demorando una solución definitiva a sus demandas. López denunció que el proyecto de ley para la revisión de los casos fue cambiado, pese a que lo acordaron junto al Ministerio de Justicia.
“Lamentablemente constatamos que el proyecto de ley ha sido cambiado, modificado, no es el que originalmente habíamos trabajado en el Ministerio de Justicia y conjuntamente con las organizaciones de los sobrevivientes a las dictaduras”, indicó.
Las modificaciones exigen a las víctimas de las dictaduras presentar los documentos justificando los motivos para la revisión impetrada, es decir, “la carga de la prueba sigue pesando sobre nosotros”. Justamente, dijo, este tipo de requisito impidió que muchas de las víctimas puedan aplicar a la reparación, en un principio.
“Ahora nos están sometiendo en este proyecto a la Ley 2640 de Resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales, nos dicen que nosotros debemos presentar documentos de respaldo, justificando los motivos para la revisión impetrada, entonces es eso es lo que nos preocupa”, señaló López.
Para este martes, en el día de la recuperación de la democracia, el Gobierno junto a la Alcaldía de La Paz debían poner la piedra fundamental para la construcción de un monumento en honor a las víctimas de las dictaduras y de Julio Llanos, en el lugar donde estuvo instalada la carpa de vigilia.
“Somos de la tercera edad, otros están muy enfermos, así la vida ya no nos va a alcanzar para por lo menos ver que se consolide algo sobre la reparación integral para las víctimas”, dijo López y agregó que el gobierno “no nos puede tener haciendo ley tras ley cuando sabemos que eso tarda meses”.
Este martes los luchadores sociales salieron a protestar a la plaza Murillo para exigir la agilización y cumplimiento del acuerdo firmado hace más de un año y que hasta la fecha sigue relegado por el desinterés de las autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Los movilizados presentaron una carta al presidente Luis Arce para que agilice los procesos y adelantaron con realizar una huelga de hambre, en caso que el cumplimiento del acuerdo siga tan lento.
“Estando en las carpas hemos agotado todas las instancias posibles de dialogar con el Gobierno anterior, con los parlamentarios, y ahora debemos decir que este gobierno del presidente Luis Arce nos ha escuchado, hemos firmado un acuerdo, pero lamentablemente las autoridades subalternas son las que no hacen cumplir esos acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno”, apuntó.
