Las resoluciones que instruyen la medida extrema de la detención preventiva “con fines políticos”, contra los procesados en los casos como el supuesto “golpe de Estado I” de 2019, servirán como base para el inicio de demandas internacionales, que además de generar un daño económico al Estado, podrían terminar con el encarcelamiento de jueces, vocales y fiscales, según los abogados de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho y los jefes militares imputados.
Eusebio Vera, abogado del general Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y del almirante Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada, señaló que, al momento de emitir las resoluciones de detención preventiva y la ampliación de las mismas, sin fundamento legal, los operadores de justicia incurren en diferentes delitos y faltas administrativas.
Señalan a jueces y fiscales por obedecer instrucciones políticas que vienen desde el Gobierno. Tanto los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría General, el Ministerio de Justicia se han negado a responder a los medios de comunicación por estas denuncias. Sin embargo, la defensa de los procesados afirma que los operadores de justicia incurren en al menos cuatro los delitos, como el prevaricato, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Delitos
“Los operadores de justicias tendrían que ser pasibles tanto a procesos administrativos como penales. Mínimamente existe un incumplimiento de deberes, pero más allá de eso, cuando el fiscal o juez se vuelve sumiso al poder del órgano Ejecutivo, eso constituye un uso indebido de influencias, porque existe un poder paralelo a ellos que les ordena realizar ciertos actos jurisdiccionales, en el caso de los jueces e investigativos, en el caso de los fiscales”, sostuvo Vera.
El jurista explicó que existen diferentes instancias para presentar las denuncias por las resoluciones que, en su criterio, se emitieron de forma ilegal en este caso. En la vía administrativa se constituyen en faltas disciplinarias graves y gravísimas que pueden generar su destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
“El hecho de formular imputaciones a sabiendas de que no existe una base objetiva o que la denuncia viola derechos constitucionales, significa una falta muy grave que está sancionada en la Ley Orgánica del Ministerio Público”, manifestó Vera.
Según la defensa de la expresidenta Añez; el gobernador de Santa Cruz y los jefes militares detenidos por el caso de supuesto golpe de Estado, no existe base legal para procesarlos, debido a que, en noviembre de 2019, se generó un vacío de poder instruido por la cúpula del partido de Gobierno, MAS y el entonces presidente Evo Morales. Es más, Añez sostiene que, en otro proceso, como el “caso Sacaba”, ella debe comparecer ante un juicio de responsabilidades y no así en un proceso ordinario.
No presentaron denuncias
Javier Peñaloza, abogado del excomandante de Ejército, Pastor Mendieta, señala que no presentaron denuncias contra los vocales, jueces y fiscales, debido a una estrategia jurídica, que consiste en agotar todas las instancias legales, para luego pasar a una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una de las vulneraciones más recurrentes han sido las ampliaciones a la detención preventiva de los procesados.
“Si bien el juez de la causa ha ampliado en ocho oportunidades las detenciones preventivas, a pedido de la Fiscalía, nosotros hemos apelado esas resoluciones y en las salas penales (instancia superior) han confirmado esas resoluciones”, apuntó Peñaloza.
En esa línea, explicó que si se presentara una denuncia penal contra un juez, este podría pedir que se desestime la misma debido a que una instancia superior le dio legalidad. Pero una vez que se agote los recursos ante las autoridades judiciales de Bolivia, “se nos permite recurrir a la instancia internacional, para denunciar ese tipo de vulneraciones a los derechos constitucionales ante la CIDH”, precisó Peñaloza.
“Nosotros no solo vamos a presentar la denuncia por el abuso de las detenciones preventivas, como una condena anticipada, sino que también vamos a denunciar todas las vulneraciones que se han dado durante el desarrollo del juicio del caso ‘Golpe II’, porque hubo bastante abuso, tanto por parte de la Fiscalía en la etapa de investigación, como en el juicio por las vulneraciones al debido proceso, al derecho a la defensa, al principio del juez natural”, detalló Peñaloza.
En ese contexto, esperan que ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se analice la denuncia y, con pruebas, se dicte una condena que deje un precedente legal para el Estado boliviano con sanciones, que prevén que se dé con la reparación de daños y el pago de costas. En esa línea, esos fallos internacionales darían pie a procesos penales contra los operadores de justicia involucrados, aunque estos ya no ocupen el cargo al momento de conocer la sanción.
Complejidad del caso
Los juristas aseguran que “la complejidad” del caso es otro argumento usado para encubrir el lineamiento político que siguen los operadores de justicia. Peñaloza, afirma que existe una “deslealtad procesal” por parte de los representantes de la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y la Asamblea Legislativa, quienes cada vez que está apunto de vencer el plazo de la detención preventiva, presentan memoriales ante el juez para proponer nuevos actos de investigación, con el fin de dilatar el encarcelamiento de los procesados.
Han transcurrido 32 meses desde el inicio del denominado “Caso golpe I”, en diciembre de 2020, cuando la exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentó su denuncia ante la Fiscalía de La Paz. Asimismo, pasaron 29 meses desde la primera detención preventiva, aplicada contra la expresidenta Añez, en marzo de 2021; en todo ese tiempo, la Fiscalía ha incumplido varios actos investigativos que afirman vuelve “complejo” este caso.
Las siete veces que se amplió la detención preventiva contra Añez y los militares encarcelados “el argumento, el pretexto, que de forma sistemática presenta el fiscal (Omar Mejillones), y lastimosamente es aceptado por el juez, es la supuesta complejidad del caso”, explicó Peñaloza.
En contacto con este medio, Alain de Canedo, defensa de Añez, confirmó que Mejillones presenta dicho argumento de forma recurrente, que lo hace sin una base legal y con el fin de dilatar el proceso de acuerdo al interés del Gobierno y no con el fin de esclarecer el supuesto delito.
Similar postura expresó Martín Camacho, jurista que representa al gobernador de Santa Cruz y a su padre, José Luis Camacho.
Norma
La Ley de Abreviación Procesal Nº 1173, promulgada en 2019, establece que el periodo máximo de una detención preventiva es de seis meses. Este plazo solo puede ser ampliado a pedido de las partes y en casos excepcionales, denominados “complejos”, por elementos como el hecho de que existan varios denunciados o víctimas, al tratarse de casos de corrupción, narcotráfico u organizaciones criminales.
Dicha ley tenía el fin de disminuir el hacinamiento carcelario, debido a que al menos el 80% de los reclusos en el país son detenidos preventivos, sin condena judicial, y solo el 20% cuenta con una sentencia ejecutoriada. El valor de la norma se incumple debido a que la Fiscalía, en lugar de concluir con la investigación en el tiempo determinado, explicó Peñaloza, se limita a solicitar a los jueces que se amplié la detención preventiva de los procesados, “incurriendo en condenas adelantadas”, expresó Peñaloza.
“Pero, ¿para qué hacen la ley si se la pasan por encima? Porque piden la ampliación de la detención preventiva (de Añez y los militares) por cualquier cosa. El fiscal deja de investigar, porque es un flojo, inoperante y después dice: ‘señor juez, voy a necesitar más tiempo porque no he terminado de investigar’”, cuestionó el jurista Camacho.
Elementos “complejos”
Asimismo, Vera detalló que, en el caso de sus clientes, desde que fueron detenidos el 4 de julio de 2021, “el fiscal arguye que aún falta que se realicen actos investigativos”.
Fue durante esa primera audiencia cautelar que el fiscal Mejillones enumeró los actos investigativos que debió realizar en seis meses, pero hasta la fecha se incumplen. Entre ellos figura la toma de declaración de más de 30 testigos; otros denunciados como los exministros Arturo Murillo, detenido en Estado Unidos; Fernando López; Yerko Núñez; el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, todos ellos prófugos.
Tampoco se tiene el testimonio de las supuestas víctimas, los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera. Ambos renunciaron y salieron del país en medio de las movilizaciones que se dieron por las denuncias de fraude electoral de 2019, hecho confirmado por la auditoría de la Organización de Estado Americanos (OEA), en noviembre de ese año.
Asimismo, se tiene pendientes los registros e inspecciones oculares a diferentes unidades policiales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, espacios en los que se desarrolló el “motín policial” o “acuartelamiento”, el 8 de noviembre de 2019. Tampoco se ejecutaron las revisiones a la Asamblea Legislativa, la Universidad Católica Boliviana y otras instituciones en las que los protagonistas realizaron diferentes acciones.
“(Mejillones) también señala que aún no se han recabado los extractos de llamadas (de los diferentes procesados), el registro en las oficinas de las FFAA. Como defensa, solicitamos en ocho oportunidades que se realicen todas esas acciones, pero el Ministerio Público hace una investigación sesgada, parcializada en favor de los acusadores, que es el aparato del Gobierno”, mencionó Vera.
“No se puede utilizar el término ‘complejidad de la investigación’ de forma eterna, en esa lógica esto nunca tendrá fin y las personas encarceladas, quienes tiene el derecho a la presunción de inocencia, nunca saldrán de la cárcel y el caso pasará a juicio sin que haya una investigación completa y objetiva”, manifestó Vera.
Datos
Pero además de la investigación inconclusa, en el caso del Gobernador de Santa Cruz, el abogado Camacho detalló que el Gobierno se ha dado modos de agravar su encarcelamiento con otros seis procesos penales abiertos, tres de ellos están radicados en Santa Cruz y el resto en La Paz. En cuatro de los siete procesos diferentes jueces dictaron detención preventiva, pero se cuestiona que se ordene que el gobernador Camacho cumpla el encarcelamiento en La Paz, y no así en la capital cruceña, donde presuntamente se cometió el delito, como son los casos por la compra de un carro bombero y el denominado “decretazo”.
El jurista Camacho no solo critica que el Gobernador cruceño cumpla la detención preventiva en el penal de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz, sino que cuestiona que se ordene esa medida extrema, pese a que la responsable del área médica de Régimen Penitenciario, Mariana García, admitió y emitió informes señalando que Fernando Camacho padece “un conjunto, un compendio, de enfermedades graves preexistentes”. En esa línea, los jueces deberían conceder la aplicación de una detención domiciliaria o la hospitalización del gobernador.
Por su lado, Canedo mencionó que Añez también tiene siete procesos en su contra, y al igual que Camacho, en cuatro de ellos se ordenó su detención preventiva. El más reciente es el caso por las muertes ocurridas en Sacaba, Cochabamba, durante los enfrentamientos entre grupos violentos del MAS, que intentaban ingresar a esa ciudad en demanda del retorno de Morales.
Durante ese enfrentamiento, el 19 de noviembre de 2019, fallecieron 10 personas y varias quedaron varias heridas. Hasta el momento no se ha establecido de qué dirección salieron los impactos de bala que causaron las muertes, ni quiénes dispararon contra los vehículos blindados de las FFAA y se robaron armamentos de las unidades policiales.
